En el sexto desayunos “Punto por Punto” organizados por Proyecto Justicia, el tema fue “Los retos de la defensa penal en el sistema acusatorio”. La discusión entre expertos se dio con base en las siguientes consideraciones:
A partir de la reforma penal de 2008 se introdujo en el país un sistema penal de corte acusatorio que tiene como uno de sus principales objetivos garantizar que las partes involucradas en el proceso se encuentran en igualdad de condiciones para asegurar una verdadera contradicción. Tradicionalmente el sistema penal se había caracterizado por una disparidad entre los intervinientes en la cual la parte acusadora contaba con prerrogativas que obstaculizaban una defensa adecuada. En este sentido, el reto es garantizar una defensa de calidad, lo cual implica mejorar no solo a los abogados privados sino –principalmente- a las defensorías públicas.
El objetivo del desayuno consiste en discutir ¿cómo han enfrentado la defensa penal (defensorías públicas) los desafíos planteados por el nuevo modelo? Y ¿cuáles son las asignaturas pendientes para fortalecer la defensa penal? A solo año y medio de que concluya el plazo de 8 años es evidente que aún queda una gran brecha para remediar los desfases institucionales que impiden una auténtica contradicción entre las partes.
Para empezar no existe homologación respecto de la ubicación orgánica de las defensorías públicas ¿cuál debería ser esta ubicación para garantizar independencia y un mejor servicio? En este mismo ámbito, ¿cuáles son las mejores prácticas respecto de los modelos de gestión al interior de las defensorías? Con vista en incrementar la eficiencia y calidad del servicio ¿cómo deberían asignarse los asuntos? ¿cuál es la opinión respecto de las instituciones que han optado por especializar a los defensores por tipo de asunto y/o etapa procesal?
Asimismo, el servicio de defensa penal enfrenta una serie de obstáculos regionales no menores, por ejemplo la defensa de las poblaciones indígenas. Si existen ¿cuáles son las prácticas destacables en materia de defensa de indígenas? Por último, en fechas recientes se han presentado una serie de modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales que han suscitado bastante controversia; en específico los cambios al artículo 314 y 315 que modifican las reglas de la audiencia inicial. De aprobarse en sus términos ¿cómo impactará la modificación en las labores de la defensa? ¿se compromete la posibilidad de una verdadera defensa y se empodera al Ministerio Público?
Descarga la relatoría para conocer los puntos de vista expuestos durante este evento, que contó con la participación del licenciado Carlos Morales, litigante en el estado de Oaxaca; la licenciada Mirta Sagrario Aguirre, Directora General del Instituto de la Defensoría Pública de Morelos; el licenciado Rubén Martínez Otero, Director de Defensa en Proceso Penal en el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León; y licenciada Patricia Arlette Félix, defensora pública federal del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal.
