La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en México, conformada por la representación del gobierno federal, el INAI y un núcleo de organizaciones de la sociedad civil, está en pleno proceso de construcción de su Tercer Plan de Acción. Esta vez los compromisos se elaborarán a partir de siete ejes temáticos y uno de ellos es “Derechos Humanos y Fortalecimiento al Estado de Derecho”.
Como bien sabemos, las constantes violaciones a derechos humanos o la infinita corrupción incrustada en todos los frentes de nuestro sistema de justicia son solo algunos de los problemas que imposibilitan al país para funcionar bajo una lógica de Estado de Derecho. Por eso, sin duda es una buena noticia que la AGA esté enfocando sus trabajos en proponer soluciones desde un modelo de gobierno abierto que involucre compromisos firmados.
AGA (OGP por sus siglas en inglés) es una iniciativa multilateral hoy formada por más de 70 países que funciona a través de la creación de Planes de Acción bianuales en los que, a través de compromisos construidos entre gobierno y sociedad civil, se busca mejorar la gobernanza e impulsar los cuatro pilares de gobierno abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación y tecnología.
Hoy el proceso de construcción se encuentra en la tercera fase de cuatro rumbo a la publicación del plan. La primera fue una consulta pública en línea para seleccionar los seis temas de relevancia nacional; la segunda fueron las jornadas abiertas en las que se identificaron problemas públicos y sus causas; la tercera consistió en mesas de trabajo en las que, a partir de los insumos anteriores, se construyó una meta a 2018 y se definieron líneas de acción para llevarla a cabo. Para este compromiso, la meta elaborado por los participantes de sociedad civil, gobierno y academia fue: Diseñar e iniciar la ejecución de una ruta de acción para la Política Nacional en materia de desaparición forzada y por particulares con la participación de la sociedad civil y víctimas.
Este objetivo irá acompañado de líneas de acción generales para cada uno de los tres poderes, y aunque aún faltan definir indicadores, tiempos, mecanismos de revisión y responsables claros, algunas de las líneas que resultaron de este ejercicio son:
- Que el Ejecutivo rinda al Congreso de la Unión un diagnóstico estadístico, cualitativo y contextual sobre las desapariciones en México, cuyo proceso de creación incluya la participación de víctimas, sociedad civil y organismos internacionales.
- Que el Congreso de la Unión construya un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para comprometerse a aprobar la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, dentro del periodo ordinario de sesiones inmediato, para cumplir lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma el Artículo 73, fracción XXI, inciso A de la Constitución.
- Que el Poder Judicial convoque a un encuentro público de Cortes Supremas Latinoamericanas para compartir experiencias y criterios en el tema de desaparición; por otro lado, también deberá generar un informe en la materia orientado a la capacitación del Poder Judicial de la Federación
No es la primera vez que AGA o el gobierno abierto se ocupan de atender el tema de desaparición forzada; los esfuerzos anteriores, específicamente el compromiso cinco del Plan de Acción 2013-2015, sin duda sientan un precedente importante que permitirá que este nuevo Plan de Acción retome la iniciativa con más fuerza y precisión. El Tercer Plan de Acción de México en la AGA se presentará oficialmente a finales del mes de septiembre.
