La reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal de 2008 fue aprobada en el contexto de un debate álgido que corría en paralelo con la naturaleza del crimen en México y la necesidad de acortar la inseguridad y la corrupción.
Esta coyuntura crítica no sólo abrió paso para que la discusión legislativa sobre la pertinencia del modelo penal vigente en México se concretara y diera origen a la adopción de un sistema de justicia penal de corte acusatorio, sino que también dio lugar a acuerdos políticos para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía y al cuestionamiento mediático sobre el papel del Estado como principal garante de la seguridad pública.
Este estudio, realizado por el INACIPE, tiene como objetivo identificar y evaluar los desafíos de implementar l reforma penal mexicana a nivel federal, en sus tres ejes: sistema penal acusatorio, Sistema Nacional de Seguridad Pública y régimen especial de delincuencia organizada.
El primer capítulo contiene una comparación de los procesos de implementación de la vigencia del sistema penal acusatorio en América Latina. El segundo, introduce un modelo del sistema penal mexicano a partir del uso de herramientas del análisis económico del Derecho, la teoría de juegos y las políticas públicas. El tercero, analiza los elementos principales de la reforma – Sistema Nacional de Seguridad Pública, el régimen especial para la delincuencia organizada y el sistema penal acusatorio – a la luz del modelo planteado en el segundo capítulo, así como la interacción delos actores del sistema penal en cada uno de los tres ejes. En el cuarto se introduce ya una propuesta de ruta crítica para implementar la reforma que abreva en la discusión previa, así como consideraciones de eficiencia presupuestal y estimados del costo futuro de su aplicación.
Descarga aquí el estudio: Desafíos de la Implementación de la Reforma Penal en México.
