Hasta ahora el discurso en los informes del presidente Enrique Peña Nieto se ha enfocado a destacar trabajos realizados bajo su gobierno y a realizar compromisos que van conforme al Plan Nacional de Desarrollo (PND); en este cuarto informe eso no será la excepción. Sin embargo, es claro que hay un descontento general con las acciones llevadas a cabo bajo su mandato. Las encuestas de percepción social son prueba de ello. Como lo muestra El Universal en su última encuesta de percepción, el 63% de las personas reprueban el trabajo que ha hecho el presidente, mientras que cuando se realizó la encuesta por primera vez (febrero de 2013), solo el 29% de los encuestados reprobaban las acciones del presidente[1].

Y es que no parece que el panorama esté mejorando, en materia de seguridad pública la política seguida bajo uno de los objetivos del PND “México en paz” consiste en el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para prevenir la violencia y la contención del delito mediante intervenciones policiales oportunas[2]. Pese a esto, los delitos de alto impacto, específicamente el homicidio doloso, tienen una tendencia a la alta desde abril de 2015, ya que este último año[3] cerró con 11,257 homicidios dolosos, lo que representa un aumento de un 17.65% con respecto al mismo periodo del 2015.

Estas cifras oficiales son un reflejo de la precaria situación de seguridad pública que se vive en el país si consideramos que la cifra negra a nivel nacional, es decir, los delitos que no son denunciados ante las autoridades, ronda casi el 93% de acuerdo con el  INEGI[4].

Ni hablar sobre la protección y garantía de los derechos humanos. En este rubro el gobierno ha sido constantemente criticado por parte de organismos internacionales y miembros de la sociedad civil quienes han señalado impunidad y falta de protección. El recuento de casos tales como Ayotzinapa, Tanhuato, Tetelcingo y Nochixtlán (solo por mencionar algunos) representan claros ejemplos de impunidad, falta de investigación y de reparación del daño. Es por ello que organizaciones como Open Society Justicie Iniciative señaló que desde 2006 hasta finales de 2015 se registraron más de 150,000 personas asesinadas, clasificando a México como un país que ha cometido crímenes de lesa humanidad[5].  La pregunta se queda en el tintero, ¿cuántos informes más serán necesarios para que México implemente acciones estructurales en materia de derechos humanos?

Enfocándonos en las reformas estructurales impulsadas por el gobierno, el 18 de junio de 2016 entró en vigor en toda la república el nuevo sistema penal el cual conllevo ocho años de trabajo coordinado entre las entidades federativas y la federación.  Sin embargo, han sido muchas las deficiencias con las que ha terminado la implementación del sistema penal.

Una de ellas es la deficiente actuación de los operadores en las audiencias[6], esto se debe inicialmente a un problema de capacitación. A pesar de haberse invertido 670 millones de pesos en los últimos cinco años, únicamente se ha logrado capacitar al 16.63% de los operadores del sistema de justicia penal[7].

De igual manera, existió un rezago legislativo, varias leyes y reformas fueron aprobadas entre el 15, 16 y 17 de junio de 2016, antes de que entrará en vigor el sistema penal acusatorio, tal es el ejemplo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral  de Justicia Penal para Adolescentes y la miscelanea penal, dejando así todavía un largo camino para consolidar en su totalidad el nuevo sistema de justicia penal.

Y estos ejemplos son sólo algunas de las razones que pueden estar afectando la ya desgastada imagen del presidente y que seguramente se verán reflejados en su discurso durante el cuarto informe.

Ni hablar de la visita de Donald Trump a México.

[1] Encuesta realizada por el universal, consultada el 30 de agosto de 2016. Disponible en: http://interactivo.eluniversal.com.mx/online/PDF_16/PDF_aprobacion_baja.pdf

[2] El PND se puede consultar en: http://pnd.gob.mx/

[3] Corte realizado al 30 de julio de 2016

[4] Dato obtenido de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_09_7.pdf

[5] Open Society Justice Iniciative, “Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, Open Society Justice Iniciative, https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-esp-20160602.pdf, consultado el 30 de agosto de 2016.

[6] En el reporte“Operadores, ¿Cómo vamos?”  se hizo una evaluación del desempeño de los operadores dentro de las audiencias, una de las conclusiones a las que se llegó es que los agentes del ministerio público expresan en su mayoría de manera insuficiente sus argumentos en cada una de las etapas del proceso penal. Por ejemplo en los rubros de “control de la legalidad” y “vinculación a proceso”, obtienen una puntuación de 2.8 de 5.

[7] Está información puedes encontrarla en el reporte de “Hallazgos 2015” elaborado por CIDAC.

Autores: Alejandra Ramos, Alejandro Rosario, Carlos Roque, Mauricio Gómez

Edición: Cynthia Castañeda

 

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