Desde el año 2008 la reforma constitucional en materia de justicia penal estableció la creación de los juzgados de ejecución de sanciones penales para garantizar que el debido proceso no se agote con la imposición de la sentencia sino que se extienda hasta la ejecución de la pena.
A pesar de ello, las legislaciones locales sobre la materia y la operatividad de estos juzgados presentan al día de hoy graves deficiencias. En ese sentido resulta urgente promover la correcta actuación de los jueces de ejecución de sanciones penales para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Consciente de la importancia de abogar por la justicia social desde distintos frentes, Documenta tiene como misión defender, promover e incidir en la vigencia y el respeto de los derechos humanos y la justicia social en México, apoyando —principal, pero no únicamente— a las personas y grupos más vulnerables de la sociedad, con el fin de construir una sociedad en donde el acceso a la justicia sea una garantía para todos los individuos.
Es por ello que en esta propuesta, Documenta expone un diagnóstico y recomendaciones en torno a la figura de los juzgados de ejecución de sanciones penales.
Descarga aquí el policy brief: Promover la implementación adecuada de los juzgados de ejecución de sanciones penales.
