En el octavo de los desayunos “Punto por Punto” organizados por Proyecto Justicia, el tema fue “Medidas Cautelares en Chihuahua y Estado de México: impacto de la reforma penal”. La discusión entre expertos se dio con base en las siguientes consideraciones:
A casi siete años de aprobada la reforma constitucional en materia penal de 2008, sólo cuatro son las entidades que operan el sistema adversarial-acusatorio en todo su territorio y para todos los delitos. Entre estas cuatro se encuentran Chihuahua y el Estado de México, ambas con realidades muy sociales muy distintas pero que se enfrentan a un mismo reto: garantizar que la operación del sistema acusatorio se ajuste a los principios establecidos en la Constitución y como consecuencia asegure un verdadero acceso a la justicia.
En este sentido, uno de los pilares del nuevo modelo de justicia penal consiste en la reducción del uso de la prisión preventiva y como sustitución se plantea el uso de medidas cautelares distintas. Esto último con un doble objetivo: 1) reducir la saturación del sistema penitenciario (hoy más de 40% de las personas en prisión aún no reciben sentencia) y 2) garantizar el respeto a la presunción de inocencia de los imputados al evitarles la imposición de una sanción adelantada. En este contexto, el informe elaborado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia presenta un atinado y pertinente diagnóstico del uso de medidas cautelares en los estados de Chihuahua y Estado de México.
A partir de las conclusiones del estudio es posible afirmar que el uso de medidas cautelares distintas a prisión se encuentran aún lejos del ideal. Por ello resulta pertinente preguntar ¿cuáles han sido las principales causas que han impedido romper con la lógica del sistema tradicional? Y ¿cuáles son las posibles consecuencias de continuar bajo la inercia del antiguo sistema? Asimismo, es necesario plantearse ¿cuáles son los retos inmediatos para incentivar el uso de medidas cautelares distintas a prisión en estos estados y el resto del país? ¿Por qué puntos estratégicos pasan estas acciones: aspectos legales, de capacitación y/o de reorganización y gestión institucional?
El informe pone un gran tema sobre la mesa: ¿Cuál es el siguiente paso una vez que los estados formalmente concluyen la implementación del sistema acusatorio? A solo un año de que concluya el plazo constitucional para operar el nuevo sistema es tiempo de dar respuesta a esta pregunta. Sin duda el informe es un gran esfuerzo que obliga a ver más allá del 18 de junio de 2016 y poner los ojos sobre la mejora continua con el fin de transitar de un enfoque limitado al número de cambios hacia otro que ponga el énfasis en la calidad de estos.
Descarga la relatoría para conocer los puntos de vista expuestos durante este evento, que contó con la participación de, por parte del Instituto de Justicia Procesal Penal, de Ana Dulce Aguilar (Directora) y Ruth Zenteno (Coordinadora de Investigación), quienes estuvieron a cargo de presentar el estudio elaborado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, denominado Impacto de la reforma penal en las medidas cautelares en Chihuahua y Estado de México. Asimismo, intervinieron como ponentes Eduardo Guerrero, Director General de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del estado de Chihuahua, y Juan Carlos Alarcón, litigante en el Estado de México.
