Por: Carlos De La Rosa (@delarosacarlos) y Mireya Moreno Rodas (@Miritita)
Ante la inminente entrada en vigor, el 18 de junio de 2016, del sistema de justicia penal de corte acusatorio en todo el país, es necesario hacer una pausa para analizar una de las instituciones clave para la adecuada operación del nuevo modelo: la policía. La relevancia de la policía consiste en el hecho de que será el primer eslabón en la procuración de justicia, en particular la primera institución involucrada con la investigación de los delitos. Sin embargo, sus funciones no se restringen a ello sino que también tendrá a su cargo importantes labores relacionadas con la seguridad pública, tales como la investigación y acciones para la prevención del delito y mantener el orden y paz pública.
Durante los siete años de implementación de la reforma penal de 2008 se ha hablado hasta el cansancio de profesionalización y fortalecimiento de la policía en los tres órdenes de gobierno. No obstante, el hecho de ser el “lugar común” no hace menos apremiante atender este ámbito. El correcto funcionamiento del procedimiento penal está condicionado a contar con las capacidades policiales necesarias para realizar una investigación científica de los delitos. Sin embargo, en vista de las deficiencias institucionales actuales, parece un hecho que no será posible lograr –para mediados del próximo año- el grado de profesionalización y desarrollo de competencias para asumir, de forma idónea, las nuevas responsabilidades que el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) encarga a las policías.
Lo anterior resulta preocupante sobre todo a la luz de los últimos datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública. El nivel de confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones policiales es muy bajo: el 10.4% no confía nada en la Policía Federal, 14.4% en el caso de la policía estatal y 19.3% en el de la policía municipal. En este contexto, el panorama no es alentador. Si entendemos legitimidad como la cualidad que tiene una autoridad para que otros se sientan obligados a respetarlas de forma voluntaria[1], actualmente las instituciones policiales carecen de la misma. La legitimidad de esta institución está supeditada a que la ciudadanía percibe a la policía como un agente neutral en la aplicación de la ley y no como como una autoridad abusiva y opaca. La falta de confianza en las instituciones policiales repercute de forma directa en la posibilidad de garantizar un auténtico Estado de Derecho. Por ejemplo, implica la ausencia de colaboración por parte de los ciudadanos en la forma de denuncias; en el país la cifra negra es de 93.8% y, de acuerdo con la ENVIPE, los principales motivos detrás de la reticencia para denunciar es precisamente la desconfianza.
En este contexto, es importante que las instituciones de Seguridad Pública no confundan medios con fines. La anhelada profesionalización no es un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar el verdadero pendiente de la institución: la legitimidad. El desarrollo de capacidades y un alto grado de sofisticación en los operadores del sistema de justicia no sirve de nada si sirven a motivos ajenos al interés público y no tiene como propósito la construcción de confianza ciudadana. Al respecto, ya existen diversos estudios que evidencian las variables que más inciden en la construcción de confianza en la ciudadanía y que más influyen en la decisión de los ciudadanos para apegarse a las normas[2]. La variable más determinante para incrementar la confianza en la actuación policial consiste en que la ciudadanía perciba que la policía se conduzca por medio de un trato digno y justo en el desempeño de sus funciones.
Sin embargo, la posibilidad de generar este tipo de percepción no es un tarea que dependa únicamente del policía como individuo, sino que es necesario empezar por dentro de la propia institución: desde garantizar insumos básicos para el desempeño adecuado de sus funciones como botas, uniformes, equipamiento y seguros de vida suficientes, hasta dotar a las instituciones de procedimientos claros y justos respecto de promociones, estímulos y reconocimientos así como correcciones disciplinarias y sanciones. Además, está pendiente desarrollar verdaderos servicios profesionales de carrera que garanticen posibilidades de desarrollo y ascenso profesional; lamentablemente, hasta ahora el servicio profesional sólo existe de manera formal en la legislación. En este sentido, antes de siquiera pensar en la generación de legitimidad hacia el exterior es necesario que las instituciones policiales construyan legitimidad ante los ojos de sus propios operadores.
De acuerdo con los hallazgos de los estudios en materia de justicia procedimental, cuando los policías perciban que la institución y sus superiores les garantizan un trato justo esto impactará de forma directa en el desempeño de sus funciones diarias en el exterior[3]. La creación de procedimientos justos que aseguren un trato con igualdad, respeto e imparcialidad para los policías por parte de sus superiores aumentará las posibilidades de generar vínculos hacia la institución y, por ende, contribuirá a mejorar el desempeño de sus labores diarias, posibilitando la construcción de confianza entre los ciudadanos y la policía sobre la base de valores compartidos. Hoy las condiciones precarias de la mayoría de los policías obstaculizan la generación de una auténtica lealtad hacia las instituciones y sus propósitos, y aumentan la propensión a ceder ante actos de corrupción e intimidación.
Ahora que se encuentra en la mesa la discusión sobre el Mando Único se corre el riesgo de asumir, de forma equivocada, que se trata de una bala de plata que corregirá per se las deficiencias institucionales. Como lo demuestra la experiencia internacional, la reorganización de los mandos no bastará para cambiar la interacción diaria de las policías con los ciudadanos, y si la ciudadanía no confía en las instituciones todos los trabajos que se realicen serán estériles. El problema de la policía en México no es un asunto exclusivo del policía “de a pie” sino institucional. En este sentido no sólo son necesarios procedimientos homogéneos para el reclutamiento, selección y profesionalización –los cuales únicamente evalúan al individuo- sino, principalmente, el establecimiento de mejores condiciones de trabajo, una verdadera carrera policial y el respeto a reglas objetivas y justas que permitan crear un vínculo entre los policías y su institución. El camino hacia la construcción de la confianza, que hoy se encuentra ausente por parte de los ciudadanos, está trazado y comienza desde el interior de las propias instituciones policiales.
[1] Definición que se encuentra en los estudios del profesor Tom Tyler.
[2] Tyler, T. R. (2014). La Obediencia del Derecho (Carlos Morales de Setién Ravina, Trad.). Colombia: Nuevo Pensamiento Jurídico.
[3] Tyler, T. R. (2014). La Obediencia del Derecho (Carlos Morales de Setién Ravina, Trad.). Colombia: Nuevo Pensamiento Jurídico.
