En el quinto de los desayunos “Punto por Punto” organizados por Proyecto Justicia, el tema fue Justicia para adolescentes en el marco de la reforma penal. La discusión entre expertos se dio con base en las siguientes consideraciones:
De acuerdo con el último censo realizado en el año 2013 por el INEGI 10, 583 adolescentes se encuentran encarcelados en sesenta centros en el país; más del 50% concentrados en cinco entidades el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora, Jalisco y Baja California. Asimismo, llama la atención que el 65.5% de los jóvenes presos hayan sido condenados por el delito de robo en alguna de sus modalidades.
Tres reformas constitucionales de gran calado han tenido como objetivo la transformación del sistema de justicia para adolescentes: la reforma del artículo 18 de 2005, la reforma del sistema acusatorio de 2008 y la reforma de derechos humanos de 2011. Además, actualmente se contempla la aprobación de una reforma constitucional que posibilite la elaboración de una Ley Nacional de Justicia para Adolescentes que homologue la materia en el país. En este contexto, estamos en condiciones de preguntar ¿podemos esperar algún tipo de cambio sustantivo en la forma de procurar y administrar justicia para adolescentes?
Los expertos coinciden en que debido a sus características los adolescentes resultan particularmente vulnerables a las deficiencias en el sistema de justicia. En este sentido, más allá de las modificaciones normativas ¿se están tomando medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos de los adolescentes desde el momento de su detención hasta la ejecución de la sentencia? ¿Qué tipo de acciones se están realizando para facilitar la transición de los adolescentes hacia la libertad?
Por último, en el caso específico de la reforma penal de 2008 se apostó por la transformación de un sistema de corte inquisitivo hacia uno acusatorio, a seis años de promulgada la reforma ¿han permeado los principios del sistema acusatorio en la justicia para adolescentes? ¿Se están llevando a cabo acciones que obedezcan a la lógica del derecho penal mínimo y propicien el uso de la justicia alternativa? En suma, ¿cuáles son los mayores desafíos del sistema de justicia para adolescentes y cómo deben atenderse?
Descarga la relatoría para conocer los puntos de vista expuestos durante este evento, que contó con la participación de la doctora Beatriz Azzolini, encargada de la Secretaría Académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe); el maestro Álvaro Castilla, Juez de Primera Instancia especializado en Justicia para Adolescentes del estado de Baja California; el doctor Rubén Vasconcelos, Director General de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y la maestra Jimena Cándano, Directora de Reintegra.
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