La Maestra Karelly Villanueva, fiscal coordinador Mixto de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Acusatorio de la Procuraduría General de la República, y la Maestra Nancy Flemming Tello, Académica de la Red de Juicios Orales Especialistas en justicia alternativa, fueron encargadas de comentar la sesión de proceso de restauración. Este simulacro fue el segundo evento programado para el Séptimo Foro sobre Seguridad y Justicia.
El proceso restaurativo está previsto en la Ley Nacional de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y en el Código Nacional de Procedimientos penales, junto con la mediación y la conciliación. En lo expuesto durante este ejercicio se describió al proceso restaurativo como la joya de los métodos alternativos de solución de conflictos.
Aunque es similar al de mediación, la gran diferencia en este proceso consiste en el papel activo que tiene no sólo el imputado y la víctima sino también la sociedad.
Se expuso también que busca una reparación integral del daño, identificando como la víctima del delito no sólo a la persona afectada directamente sino a la comunidad a su alrededor. De esta manera, la restauración se refiere a la reintegración del tejido social por medio del diálogo y la visión integral de lo sucedido.
Este proceso consta de dos grandes etapas, las sesiones preparatorias y las sesiones conjuntas.
Para que se den las sesiones preparatorias el Ministerio Público o el juez de control va remitir el caso al centro de justicia alternativa. Ya durante las sesiones preparatorias, el facilitador, quien es la persona que le va a dar seguimiento al proceso y que propiciará el diálogo entre las partes, consulta a la víctima y al imputado por separado para saber que fue lo que sucedió y analizar si el delito es procedente para tener resolución por medio de un método alternativo, así mismo les explica las opciones que tiene y las implicaciones de utilizar métodos alternos.
Una vez que las partes están listas , se coordinan las sesiones conjuntas con el imputado, la víctima y miembros de la sociedad.
En el simulacro dentro del #7ForoNSJ se representaron de manera resumida las tres partes que conforman las sesiones conjuntas: la etapa negativa, la de transición y la positiva.
En la primer etapa se trabaja a nivel emocional, el medidador hace una serie de preguntas respecto a lo que sucedió y cómo se sintieron las partes, buscando con ello que las partes se expresen libremente y conozcan la verdad desde los diferentes puntos de vista de las persona que se vieron de alguna manera implicada. El intercambio tiene el propósito de que el imputado reconozca la afectación que causó, la víctima conozca la realidad que vive el imputado y la sociedad conozca la versión de ambas parte,s buscando que no se estigmatice ni a la víctima ni al imputado y viéndolos cómo iguales.
La segunda etapa consiste en un proceso cognitivo, en el cual se da el reconocimiento de que la actuación del imputado fue incorrecta y que tiene que resarcir el daño, y se busca en conjunto una solución satisfactoria principalmente para la víctima pero también para la sociedad e incluso para el imputado.
Con las conclusiones a las que llegaron las partes se comienza la tercer etapa consistente en la elaboración del acuerdo preparatorio, dicho acuerdo tendrá como base las propuestas a las que llegaron las partes pero estará redactado por el facilitador y posteriormente validado ya sea por el Ministerio público o por el juez de control.
Una vez que las partes firman el acuerdo, lo único que falta es que se cumpla el mismo para lo cual el centro de justicia alternativa debe contar con una unidad de seguimiento. De verificarse el cumplimiento, podría entonces concluir el proceso penal.
¿Ahora, cuáles son los retos que actualmente enfrentan estos tipos de procesos?
El primero, como lo explica la maestra Karelly, es que no se cuenta con lineamientos para los facilitadores. Esto es importante puesto que, por definición, son operadores que deben estar sumamente capacitados para tener las herramientas que puedan ayudar a las partes.
El segundo pendiente, seria la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual para que fuera funcional para los métodos alternativos tendría que contar con un apartado especial para los mismos.
El tercer reto que presenta la justicia alternativa es que se den las condiciones propicias para poder desarrollar este procedimiento de manera adecuada ya que una de las características principales de este tipo de proceso es el ambiente de tranquilidad y el espacio amplio de tiempo que tendría que tener no sólo las partes sino también los facilitadores para poder resolver el conflicto de manera satisfactoria.
Un testimonio útil para conocer más de la realidad de la implementación de estos procesos es el del Director de Mediación Penal del Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal, el Licenciado Juan Julio Garza Chávez. Él explica que el centro no cuenta con suficientes recursos para tener un órgano de seguimiento lo cual propicia que no exista una certeza de que los acuerdos realmente se cumplan, por lo que necesitan de la ayuda de las personas que intervienen en el conflicto para que ellas garanticen que efectivamente se cumplió el acuerdo. Otro problema que enfrentan es que sólo cuentan con 6 mediadores, los cuales se tienen que distribuir en los cinco puntos de los juzgados y penales del Distrito Federal, lo cual podría propiciar que no existiera el tiempo suficiente para poder resolver de manera satisfactoria el conflicto.
Como lo dijeron las ponentes en Simulacro aún quedan tareas por cumplir para implementar con éxito los medios alternativos a la solución de conflictos.
