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El pasado 1 de mayo se registraron en Jalisco una serie de acontecimientos violentos que probablemente constituyen el peor ataque coordinado por parte de un cártel del narcotráfico en México. Si bien los narcobloqueos...

El pasado 7 de abril, un comando tomó por asalto la mina "El Gallo 1", localizada en el municipio de Mocorito, Sinaloa, y cuya explotación está a cargo de la empresa canadiense McEwan Mining. Los delincuentes sustrajeron alrededor de 9 mil kilogramos de concentrado de oro, es decir, de materia pendiente de ser refinada, pero con un valor aproximado de más de 8 millones de dólares.

El pasado 9 de marzo el relator especial Juan E. Méndez de la ONU presentó ante el Consejo de Derechos Humanos los resultados finales del informe realizado durante el año 2014 respecto de la situación de la tortura en México. Dicho reporte pone sobre la mesa dos grandes conclusiones: 1) la tortura es una práctica generalizada en el país y 2) generalmente cuando se comete este delito queda impune.

El pleno del Senado de la República aprobó la designación de Arely Gómez González como nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que el presidente Enrique Peña Nieto enviara la propuesta para sustituir a Jesús Murillo Karam al frente de dicha dependencia. Gómez está perfilada así como candidata a ser la primera titular de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que va a sustituir a la PGR de acuerdo con la reforma política electoral de febrero de 2014. ¿Qué significará este cambio, tanto en términos de diseño institucional, como en operación política?

La transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, y la rendición de cuentas, son tanto consecuencia como factor de consolidación de un estado democrático y moderno. En este sentido, el 7 de febrero de 2014 se reformó el artículo 6 constitucional en materia de transparencia y, finalmente después de un año, el Senado de la República está trabajando para emitir la nueva Ley General de Transparencia (LGT).

En el marco de la conmemoración del centésimo segundo aniversario de la Marcha de la Lealtad (cuando, en los albores de la Decena Trágica de 1913, el presidente Francisco I. Madero fue escoltado por el ejército en una muestra de fidelidad ante el golpe de Estado que se estaba gestando en su contra), el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos salió al paso de diversas críticas a las fuerzas armadas por supuestas violaciones a derechos humanos en su participación en el combate a la delincuencia organizada.

El pasado 3 de febrero, el gobierno de México concluyó una comparecencia de dos días ante el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La comitiva mexicana, encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, presentó los avances sobre la situación de la atención al tema de desapariciones forzadas en el país.

El tema Ayotzinapa ha sido todo un dolor de cabeza para el gobierno federal. Aun cuando los trágicos hechos del 26 de septiembre de 2014 ocurrieron en una entidad y un municipio gobernados por la oposición, y que de los entonces titulares de ambos niveles de la administración local uno está desaparecido de la escena política (el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero) y el otro está preso (el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca), el actor más afectado en su imagen ha sido la administración del presidente Peña.

El 18 de junio de 2008, se promulgaron una serie de reformas constitucionales con el objetivo de que se establezca en México un nuevo sistema de justicia penal (NSJP) basado en el modelo acusatorio (juicios orales, mecanismos alternativos de solución de controversias, el fortalecimiento de la presunción de inocencia y la reparación del daño como pilares de la procuración de justicia, entre otras cuestiones).