“Justicia para todos…” (“And Justice for All…”) reza la portada del disco del grupo de rock pesado Metallica (al menos era considerado de rock pesado cuando salió ese disco). Observé cientos de veces esa imagen de la justicia rota y amarrada que servía de portada sin que me generara otra sensación que la de “es bien rudo escuchar esto”. Jamás reparé en la letra de la canción que llevaba el mismo nombre del disco, ni en lo “verdaderamente rudo” del mensaje: la Justicia está pérdida, la Justicia es violada, la Justicia se ha ido. Mis ídolos de juventud criticaban a quienes se llenaban la boca con el principio de justicia para todos mientras observaban que en los tribunales reinaba la corrupción: los palacios de la justicia pintados de verde, el dinero hablando gritaba James Hetfield.
Desde luego, los músicos californianos no construyeron su canción con datos duros, sino que la hicieron apelando a la percepción común de que la justicia se compra. Casi treinta años después de que el disco fue lanzado (1988), los datos de World Justice Project (WJP) indican que, al menos en cuanto a corrupción se refiere, la justicia civil y penal en Estados Unidos no se encuentra tan mal. En la justicia civil la ausencia de corrupción obtiene .85 y en justicia penal .78 (escala de 0 a 1). Es decir, aunque EEUU no tiene calificaciones sobresalientes, tampoco está reprobado. No se puede decir lo mismo sobre el rubro ausencia de discriminación en procesos penales y civiles donde obtiene .42 y .52 respectivamente, ni tampoco sobre accesibilidad y costo en la justicia civil donde obtiene .47. De tal suerte que aquella justicia para todos que Metallica consideraba perdida sigue sin encontrarse del todo.
Ahora hablemos de México, las calificaciones no son mucho más alentadoras. En ausencia de corrupción en justicia penal y civil obtiene .27 y .37 respectivamente; en ausencia de discriminación obtiene .25 en justicia penal y .34 en justicia civil; finalmente en accesibilidad y costo en la justicia civil obtiene .44. Así que nuestro país obtiene calificaciones reprobatorias en rubros fundamentales para asegurar equidad e igualdad en la administración de justicia.
En junio de 2016 el Sistema Penal Acusatorio llega a su cita con la historia, se termina el plazo establecido para que el sistema esté funcionando en todo México. Hemos escuchado reiteradamente que dicho sistema fortalecerá el Estado de derecho, fomentará la transparencia, favorecerá la eficiencia en los procesos, acercará el derecho a la ciudadanía, reducirá la discriminación, etc. Las expectativas que se han generado alrededor del sistema son muy altas.
Es importante recordar que Estados Unidos ha sido decisivo en el impulso del sistema en México. En ese sentido resulta poco alentador que sus calificaciones en el WJP sean tan mediocres (su calificación global en justicia penal es .64). Seguramente se me replicará que la de México es de .31, esto es, Estados Unidos nos supera por más del doble. No pretendo hacer aquí un comparativo preciso del estado de la cuestión en cada país, sino señalar que los datos sugieren que ambos países tienen una deuda en acceso a la justicia.
Desde mi perspectiva ambos países sufren de un mito legalista que supone que las instituciones por sí solas son capaces de solucionar profundos problemas sociales, lo que evita que sus reformas institucionales cumplan cabalmente su objetivo. Cuando en ambos se habla de “recuperar la confianza en las instituciones” se omite que la ciudadanía no confía en las instituciones cuando percibe la belleza de su diseño, sino que confía en ellas cuando las acciones de los seres humanos que operan las instituciones están encaminadas al bien común y no a profundizar el privilegio de ciertos grupos tradicionalmente favorecidos: blancos, hombres, ricos, etc.
No podemos esperar que las acciones de quienes integran las maquinarias institucionales se dirijan solamente por lo que estas les permiten. Todas las personas que la integran operarán limitadas por las capacidades de la máquina, pero en cada situación no contemplada por quien la diseñó operarán según sus condicionamientos culturales. Así, por ejemplo, el sistema penal no podrá garantizar por sí solo la reducción de la discriminación hacia las mujeres cuando el machismo es una práctica dominante.
No niego que un diseño institucional sólido es indispensable, lo que niego es que eso sea suficiente. Si queremos mejorar nuestro sistema de administración de justicia, debemos ser capaces de criticar prácticas de injusticia que se normalizan y expanden: machismo, racismo, clasismo, etc.
La protesta de redes sociales #MiPrimerAcoso nos ha mostrado que la violencia de género en nuestro país es mucho más profunda de lo que queremos aceptar. Si nos negamos a ver cómo afectan esas conductas el desempeño de las instituciones, ellas estarán destinadas a reproducir la injusticia social con cierto aire de legitimidad.
Octavio Martínez Michel / @Octavio_MMichel
Investigador Borde Jurídico
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