Uno de los operadores más importantes en el sistema de justicia penal es la policía ya que es a quien corresponde realizar actos de investigación de los probables delitos bajo la conduccción y el mando del ministerio público, así como también es el primer eslabón entre el ciudadano y la investigación de un delito.
Esta función investigadora de la policía quedó asentada en el artículo 21 constitucional. Sin embargo existe un debate muy grande respecto a la profesionalización de este operador. Por ejemplo los ciudadanos tienen poca confianza en ellos siendo esto último la principal razón para no denunciar un delito (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2015).
Dotar de habilidades para la investigación de delitos a la policía ha significado todo un desafío institucional y jurídico, lo que ha derivado en la necesidad de unificar la actuación policíaca mediante leyes y protocolos de actuación.
En la segunda mesa “Y la policía ¿Cómo va?” del Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, el moderador, Mariano Pérez Espino, Director de Análisis y Monitoreo de PROJUSTICIA, establece la importancia de analizar ¿cómo va la policía en el proceso de transición del sistema de justicia?
Aportaciones en la mesa
Para Álvaro Vizcaíno, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la capacitación resulta el elemento central para fortalecer a la policía. Dentro del foro expuso que en el último reporte del SNSP del 3 de junio, se capacitacitó al 92% de la policía nacionalcomo el resultado del plan estratégico de capacitación de la policía federal.
El Secretario Ejecutivo planteo también el panorama de la policía en México y los principales pendientes. El primero de ellos sería la falta de una homologación salarial, el salario promedio a nivel nacional de $8,306.00 pesos para policías municipales, pero debido a la falta de homologación salarial y por los subsidios que solo algunos municipios reciben, se tiene registrado un salario de $2,380.00 pesos al mes para la policía municipal de Cuautitlán en el estado de Jalisco (1). Otro pendiente son las prestaciones a la policía, la media nacional en la edad de los policías es de 45 años y que el seguro de vida no es una prestación para todos los policías, solo para algunos niveles como el federal.
Por su parte, El Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, declaró que la policía federal está lista para operar en el nuevo sistema, reportando ya el 100% de capacitación de sus elementos, señaló que incluso su formación fue más allá del trabajo sobre las capacidades operacionales del sistema de justicia, contando también con ejercicios de modificación del paradigma de la policía para centrarlo en atender a las víctimas y el respeto de los derechos humanos de víctimas e imputados.
Describió la estrategia de capacitación que surgió desde la policía federal, comenzando con 52 elementos debidamente capacitados y con certificación internacional, para posteriormente cada uno formar a los siguientes capacitadores. Este sistema en cascada le permitió a la policía federal cubrir la capacitación de todos sus elementos e incluso adiestrar a elementos de policía estatal, municipal y de personal de la marina.
Bernardo León Olea, Comisionado de Seguridad Municipal del estado de Michoacán, se mostró preocupado por la gran cantidad de delitos que se cometen en contraste con la cantidad de denuncias, atribuyendo la cifra negra (92.8% para 2014) a la insuficiencia de los 9 mil ministerio públicos existentes hasta el momento, para investigar los 34 millones de delitos registrados en la ENVIPE 2015.
Propuso en el foro que la capacidad de la policía para recibir denuncias es suficiente pero debe fortalecerse aún más para desaparecer al 100% la figura de los Ministerios Públicos, terminando así con el engorroso trámite burocrático de realizar denuncias en los Ministerios Públicos.
Por su parte, María Elena Moreira, presidenta de Causa en Común A.C., reconoce los logros en la capacitación policíaca en el nuevo sistema de justicia, pero señala que la percepción social de la policía sigue siendo un factor pendiente a tratar, dado que los ciudadanos exigen demasiado a la policía sin conocer las condiciones del trabajo policíaco, donde destaca la presión que implica para el policía someterse cada 2 años al examen de control y confianza, los horarios y disposiciones laborales que un policía tiene que cumplir.
Desde el enfoque legislativo, el diputado Carlos Iriarte expresó que la carrera policíaca es una vocación de vida que debe fomentarse en el propio policía y en la sociedad para lograr el reconocimiento y aceptación de este operador, estableciendo la necesidad de una ley de servicio de carrera que permita garantizar el crecimiento de esta vocación de servicio.
Conclusiones
La capacitación no puede concluir este 18 de junio a pesar de los avances que se tengan hasta el momento, es una opinión compartida por los integrantes de la mesa. La policía puede alcanzar los conocimientos necesarios en el sistema de justicia penal, en su ejercicio como primer respondiente o en la aplicación de sus diligencias en el informe policial homologado (IPH) pero esto no implica que deba la preparación para fortalecer la percepción social y para su correcta operación dentro de la administración de justicia.
Se necesitan mejores prestaciones y condiciones laborales y que sean unificadas a nivel nacional independientemente de los subsidios que reciben los municipios como una estrategia para reafirmar la carrera policíaca, tanto para los mismos elementos, como para transformar la percepción de la sociedad para con su fuerza pública.
Se propuso modificar el sistema de control y confianza, ya que resulta un procedimiento demasiado invasivo y poco eficiente para determinar la permanencia de los elementos dentro del cuerpo policíaco, proponiendo dar más peso a las declaraciones patrimoniales como un mecanismo más objetivo de inspección que las pruebas al cambiante estado psicológico de los policías, resultado del estrés y horarios y condiciones laborales
En este mismo sentido la mesa se pronunció por la necesidad de reformar el apartado B, fracción XIII del artículo 123 constitucional, que establece la negativa de reincorporar a los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno separado del cargo, aun demostrando la separación injustificada del cargo. Esta condición laboral ha sido considerada como anticonstitucional e incluso inconvencional por excluir este grupo de personas de los derechos laborales (2).
- https://es.scribd.com/doc/313950369/Resultados-Diagnostico-Sueldos-Prestaciones-Policiales-SESNSP
- http://bibdigital.flacso.edu.mx:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/3398/Bonilla_J.pdf?sequence=1
