En 2013 se publicó la Ley General de Víctimas la cual buscaba reconocer y garantizar los derechos concedidos por la constitución y diversos tratados internacionales que México ha ratificado en la materia.
Como lo señaló Iván de la Garza en el 8° Foro Nacional de Seguridad y Justicia durante la mesa “¿Cómo brindar un mejor servicio a las víctimas durante todo el proceso?” la Ley General de Víctimas nace del reclamo colectivo y busca reivindicar a la víctima durante el proceso. Sin embargo como lo señalaron todos los ponentes existen muchas deficiencias en el Sistema de Atención a Víctimas.
La Ley General obliga a los estados y a la federación a garantizar los derechos de las víctimas durante el proceso. Para cumplir con dicho propósito crea diversas figuras que las leyes estatales deben contemplar. Si bien es cierto que todos los estados de la República tienen legislación en este tema, la operación de las figuras muchas veces es deficiente.
Entre estas figuras se encuentran las Comisiones Estatales y Federales de Atención Integral a Víctimas, como el órgano que va a velar por la garantía de los derechos de la víctima y que le va a proporcionar ayuda integral. La federación tiene que crear comisiones en toda la república, la realidad es que hasta hoy solo existen en 15 delegaciones[1]. A nivel estatal se tiene constancia de que 22 entidades federativas cuentan con Comisiones Estatales, sin embargo no se tiene constancia de su operación[2].
Otra figura novedosa en el proceso penal es la del Asesor Jurídico de la Víctima quien será la persona que vela por los intereses y los derechos de la víctima durante el proceso penal. Como lo señala la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2015 (ENVIPE) en 2014 se cometieron aproximadamente 33.7 millones de delitos, de los cuales se contabilizaron 22.8 millones de víctimas, lo cual da la cantidad de 28,200 víctimas por cada cien mil habitantes. Sin embargo a nivel federal solo hay 65 Asesores Jurídicos[3] y como lo señala el reporte de Hallazgos 2015 a nivel estatal “el número de servidores públicos en las instituciones que realizan funciones de asesoría jurídica no es homogéneo en las diferentes entidades federativas. Encontramos casos como el de Tabasco, que cuenta con 110 asesores, al que le siguen, con mucha diferencia, Estado de México con 18, Sonora con 15 y Chihuahua con 14. Hay, por otro lado, entidades como Hidalgo y Michoacán que no cuentan con ningún asesor jurídico.”
La Ley también contempla un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, este tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito de violaciones a los derechos humanos[5]. Al 31 de mayo de 2016 se habían otorgado $75,227,635.39 pesos a 77 víctimas por concepto de reparación del daño y ayuda inmediata, así mismo hasta esa fecha el fondo contaba con la cantidad de $1,476.3 millones de pesos[6].
Como lo señalaron los ponentes de la mesa, aún estamos lejos de efectivamente garantizar los derechos de las víctimas, el Estado tiene una deuda muy grande con este sector de la población y debe poner atención y escuchar sus necesidades para atenderlas.
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[1] Dato obtenido en la página de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, disponible en: http://www.ceav.gob.mx/delegaciones-de-la-ceav/
[2] Hallazgos 2015, CIDAC, México 2016.
[3] Ibídem.
[4] Situación financiera del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral con cifras al 31 mayo 2016, disponible en http://www.ceav.gob.mx/informes-financieros-y-reportes/
[5] Artículo 130 de la Ley General de Víctimas
[6] Situación financiera del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral con cifras al 31 mayo 2016, disponible en http://www.ceav.gob.mx/informes-financieros-y-reportes/
