El 19 de marzo del presente año se llevó a cabo la audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia sobre el caso Tlatlaya. Esta reunión fue organizada por del Grupo de Trabajo especial de la Cámara de Diputados, el cual, en palabras de la diputada Elena Tapia, tiene la función de coadyuvar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos así como juntar la información disponible, ordenarla y analizarla con el fin de dar una opinión formal ante la Cámara.

Se aclaró también que el grupo no es una comisión de investigación ni tiene facultades para exigir información o llevar a autoridades ante la justicia, más que el ciudadano promedio.

Durante la reunión tanto los diputados como representantes de la sociedad civil y académicos manifestaron que la información del caso, incluyendo aquella necesaria para aclarar la cadena de mando, no ha sido proporcionada por ninguna dependencia de gobierno ni por SEDENA (quien ha negado tenerla) ni por la PGR o cualquier otra autoridad que pudiese considerarse como competente.

Además, los representantes de la sociedad civil y académicos lamentaron que el gobierno niegue que sistemáticamente ocurren privaciones extrajudiciales de la vida e incluso, que el gobierno federal anuncie abatimientos como si esto reflejara un éxito en las medidas adoptadas contra el crimen organizado, cuando a toda luz refleja: a) un uso indebido del ejército en funciones de seguridad pública y b) violaciones continuas e impunes al proceso penal. Asimismo, varios de los presentes criticaron como inverosímil que a pesar de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto, no exista en la PGR una sola investigación abierta a militar alguno por desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

Concretamente la audiencia pública se conformó por las exposiciones de académicos y representantes de la sociedad civil, seguida de breves comentarios por algunos de los diputados que conforman el grupo de trabajo y, por último, intervenciones por parte de las autoridades de la PGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas. Dentro de los puntos más relevantes se expuso lo siguiente:


Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia, denunció como un grave error que las autoridades sigan considerando al caso Tlatlaya como un caso aislado, y que lo reconozcan así únicamente por el ruido mediático. Ya que, de seguir con esta política de negación simplemente nunca se reformarán ni construirán las medidas institucionales necesarias para asegurar que no se vuelva a repetir.

El Dr. Carlos Silva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ofreció al grupo de trabajo los distintos documentos que han elaborado, en conjunto con investigadores del CIDE, para identificar indicadores que puedan reflejar cuándo existen abatimientos extrajudiciales conforme los índices de muerte y lesiones en enfrentamientos de las fuerzas armadas.

José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos criticó la postura de algunos diputados de querer tipificar las ejecuciones extrajudiciales, en vez de simplemente agravar el tipo de homicidio cuando éste se cometa por una autoridad, ya que, a su entender, el argumento de una falta de tipo penal es una excusa de la autoridad para no investigar los hechos por no existir el ilícito en el ordenamiento legal.

Finalmente, las diputadas Elena Tapia y Loreta Ortiz hicieron eco de los reclamos de los académicos y representantes de la sociedad civil respecto a la falta de acceso a la información y transparencia sobre el caso (ya que hasta la fecha el Grupo de Trabajo ni siquiera ha podido acceder a la información pertinente que esclarezca la cadena de mando responsable), la falta de respuesta por parte de la PGR, las excusas técnicas, y el tratamiento como “todo poderoso e intocable” del Éjército. Identificaron lo anterior como pendientes que necesitan atenderse de manera urgente pero denunciaron que no existe voluntad política y que incluso existe una “conveniencia” para ciertos sectores de no actuar.


En respuesta, el Dr. Adrián Franco de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aclaró que se está trabajando junto con las victimas que se han acercado a ellos, y que no pueden hacer nada por aquellas víctimas que no pidan ayuda de manera explícita.

Por su parte, los representantes de la PGR no llevaron ningún documento o información pertinente y aclararon únicamente que tomaban nota para tratar de responder a la brevedad posible los cuestionamientos planteados.

Así cerró la audiencia pública sobre un caso que lleva meses de haber ocurrido, pero que de alguna manera, continúa sin respuesta alguna, y con cada vez más interrogantes.

Consulta aquí el informe presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Para conocer más del tema, te invitamos a leer dos artículos:

El ejército mexicano: empoderado, pero en riesgo

Tlatlaya: ¿el “talón de Aquiles” de Peña en materia de seguridad?

Proyecto Justicia
A través del buen aprovechamiento de los datos y las historias, Proyecto Justicia es un proyecto editorial y de investigación que tiene como objetivo sentar las bases de la justicia abierta en México, así como contribuir al fortalecimiento de la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.

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