La pregunta que da  título a la mesa: ¿Que sabemos de la reforma de justicia penal? Está dirigida a conocer que nivel de conocimiento de la reforma penal tienen los ciudadanos al funcionamiento de la justicia y sin conocimiento alguno de las cuestiones técnicas y de operación, pero a final de cuentas con el potencial de ser usuarios del sistema de justicia.

La Mesa número 8 dentro del octavo foro nacional sobre seguridad y justicia, rompe con el esquema de las mesas  anteriores, dado que la dinámica estaba centrada en abrir espacios de análisis y discusión sólo a los abogados, estudiantes de derecho, especialistas, legisladores y operadores del sistema de justicia. En esta mesa se invirtieron los papeles, colocando como espectadores a quienes  operan  en el sistema de justicia para escuchar el punto de vista de algunos ciudadanos totalmente ajenos al derecho y al sistema penal pero con incidencia en la sociedad civil y en áreas de la comunicación.

En el ejercicio de percepción social sobre el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre el sistema de justicia penal acusatorio realizado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en 2011,  exhibió que, sólo el 11% de la población tenía conocimiento de la reforma penal de 2008.

La estrategia de difusión del nuevo sistema de justicia se ha desarrollado desde diversos proyectos institucionales, como el Comité de Difusión dentro de la SETEC, o la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UISPPA) de la Procuraduría General de la República (PGR).

mesa 8

La moderadora Leticia Aguiar de México SOS, abre la mesa con el comentario de que el ciudadano común debe conocer que es el nuevo sistema de justicia penal, porque  la ciudadanía en general  es el primer afectado o beneficiado de este sistema y desde una perspectiva ajena al mundo del derecho menciona que imputados, testigos y víctimas tienen nombre y una vida, son personas de carne y hueso que sufren y padecen la labor del sistema de justicia, las filas, los trámites y los malos tratos por parte de servidores públicos.

Claudia Calvin Venero, directora general  del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (CONMEXI) abrió su intervención mostrándose asombrada y al mismo tiempo escéptica por las bondades y beneficios que los distintos spots en radio y televisión presentan sobre la justicia penal. Narró su experiencia como ciudadana desinformada y desconfiada, en un proceso muy cercano que vivió dentro del anterior sistema de impartición de justicia, que le resultó frustrante por la cantidad de tiempo y dinero que invirtió para intentar acreditar la inocencia de un familiar.

Para Alonso Jiménez Ángeles, director de medios del  consejo de la comunicación, la información es un mecanismo de empoderamiento social, por lo que propone difundir los resultados de los avances en la implementación de la reforma para así reforzar la confianza social, para lo cual se necesitan campañas que aterricen el lenguaje de los abogados a un lenguaje cotidiano y entendible para todos, esta propuesta se está trabajando en el consejo de la comunicación bajo el concepto de promover la cultura de la legalidad como el principal medio para combatir la corrupción.

“No basta con señalar que las cosas no están bien, es necesario acompañar las trasformaciones” fue el enfoque de Félix Gavito Olivar, presidente de la fundación NEMI, quien encamino su labor a implementar programas de campo adicionales a las estructuras de gobierno desde la sociedad civil, motivado tras ser víctima de secuestro a sus 23 años y vivir en carne propia la necesidad de mejorar las competencias de los operadores. Dentro de su fundación se han generado modelos de éxito de seguridad a nivel local y explica cómo los modelos de mejora social y de seguridad que se generan de la sociedad civil organizada pueden ser replicados en mayor nivel, para lo que se necesita sumar esfuerzos tanto de la sociedad como del gobierno para obtener los mejores resultados posibles. Reconoció la aportación de las distintas organizaciones sociales que analizan los avances en los procesos de implementación de la reforma penal y que presentan propuestas para sumarse a los programas propios del estado, así como los esfuerzos por mantener informada a la población en general sobre los procesos en el nuevo sistema de justicia penal.

A manera de conclusión la mesa cierra acordando que es necesario encontrar un lenguaje de interacción que permita informar al público en general sobre el cambio en el sistema de impartición de justicia. Y seguir impulsando los esfuerzos de la sociedad organizada por informar al resto de la población para sumarse a las campañas gubernamentales de difusión.

A través del buen aprovechamiento de los datos y las historias, Proyecto Justicia es un proyecto editorial y de investigación que tiene como objetivo sentar las bases de la justicia abierta en México, así como contribuir al fortalecimiento de la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.