En el décimo séptimo desayuno #PuntoPorPunto se convocaron expertos con el objetivo de hablar sobre la actuación de la policía como el primer contacto con la ciudadanía.
En este desayuno se contó con la participación de Ernesto López Portillo, Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde); María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común; Alejandro Hope, analista de seguridad; y Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La policía no solo recobra importancia por la modificación constitucional al artículo 21 que establece que la investigación de los delitos corresponde a estas corporaciones bajo la conducción y mando del Ministerio Público, sino que además es el primer eslabón en el proceso penal y, por regla general, es la primera autoridad con la que la sociedad tiene contacto; es decir, es la cara del sistema de justicia.
Cuando hablamos del policía como primer respondiente nos referimos a la primera autoridad con funciones de seguridad pública que arriba al lugar en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. Con el nuevo sistema de justicia penal, estos funcionarios adquieren relevancia dado que son los primeros en conocer la noticia criminal para dar inicio a la investigación. Por tal motivo, un factor de éxito del sistema de justicia recae en las acciones que realice oportunamente el primer respondiente. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Protocolo Nacional de Primer Respondiente [1], el policía tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: a) recibir denuncias de cualquier hecho posiblemente constitutivo de delitos; b) proteger a los involucrados, en especial a la víctima; c) evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores; d) ubicar y entrevistar a testigos; e) detener a cualquier persona que esté cometiendo delito flagrante y hacer de su conocimiento los derechos que le asisten, poniéndola de inmediato a disposición del Ministerio Público; y f) preservar y proteger el lugar de la investigación.
Datos proporcionados a CIDAC por la Setec [2] señalan que, a diciembre de 2015, existía un rezago de 88.74% en la capacitación de la policía preventiva, esto es, de los 351 mil 567 elementos que integran el estado de fuerza estatal y municipal en el país, solo 17 mil 702 habían sido capacitados en el sistema penal acusatorio. Cabe mencionar, además, que estas corporaciones tienen uno de los más altos índices de desconfianza de la ciudadanía, que alcanza 77.9% [3]. Por lo tanto, para poder mejorar y fortalecer la actuación del policía primer respondiente es importante evaluarla, pues si bien se ha dado un seguimiento a las acciones institucionales de formación y profesionalización de los policías para verificar que esta se apegue al Programa Rector de Profesionalización, al Código Nacional de Procedimientos Penales y al Protocolo Nacional de Primer Respondiente, no se cuenta con procesos que permitan medir el impacto de dichas acciones en la práctica y tampoco hay un proceso de rendición de cuentas en el que los ciudadanos actúen como copartícipes de la evaluación.
Para cambiar este escenario es necesario dotar a las autoridades de herramientas para evaluar la actuación de los policías, y así encontrar áreas de oportunidad en la profesionalización y mejorar la percepción ciudadana. La problemática real se centra en los diferentes niveles de preparación, equipamiento y capacitación que tienen los policías en cada una de las corporaciones, ya sean federales, estatales o municipales, así como en la carencia de mecanismos homologados para medir la efectividad de la actuación policial como primer respondiente.
De lo anteriormente planteado surgen las siguientes interrogantes:
- ¿Cuál será el mejor mecanismo para medir la calidad en el desempeño de las funciones policiales?
- ¿De qué manera puede la ciudadanía participar en el proceso de evaluación del policía?
- ¿Qué experiencias nacionales e internacionales existen sobre evaluación de la operación de policías?
- ¿Se deberían establecer mecanismos homologados a nivel nacional para evaluar la actuación policial? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿qué autoridad debería ser la responsable de darle seguimiento?
- ¿Cómo evaluar a los militares que se encuentran realizando funciones de primer respondiente?
Descarga la relatoría del desayuno para conocer las opiniones de los expertos.
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- Publicado el 5 de octubre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
- Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
- Información de la Encuesta Nacional de Victimización 2015.
