Dar por hecho lo que no ha comprobado una investigación penal es un vicio común entre ciudadanos y un error frecuente en los medios, pero constituye una señal alarmante cuando viene de un presidente (o dos). Así sea por una palabra.
La semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto realizó su primera visita a Washington D.C desde que llegó al cargo. El contexto incómodo de la reunión con su homólogo estadounidense fue por demás obvio: mientras que las agendas oficiales impulsaban palabras como prosperidad, innovación o liderazgo regional, entre la prensa se reportó que los reclamos de los grupos que protestaron sobre la Avenida Pennsylvania se escuchaban incluso dentro de la Oficina Oval, donde se sostuvo la conversación. Entre ellos, una palabra muy distinta impulsaba el mensaje: Ayotzinapa.
Ante la magnitud de la crisis de derechos humanos y seguridad en México, y la gravedad de los señalamientos en medios internacionales desde hace meses (agudizados entre publicaciones estadounidenses en días previos a la visita) había expectativa por lo que se diría, o no, en las diversas comunicaciones oficiales suscitadas por el encuentro. No se anticipaban grandes sorpresas, por lo que la atención estaría en los detalles; a este nivel diplomático todos los temas, y más aún los incómodos, suelen suponer negociaciones y evaluaciones complicadas de qué decir exactamente, y cómo, considerando las posturas oficiales, intereses y presiones para ambos lados.
Aún así, hubo detalles en los mensajes de ambos presidentes que, en el mejor de los casos, supondrían un descuido grave que omite el rigor de la investigación penal. En el peor: darían continuación a una narrativa que busca “superar” los problemas no resueltos para concentrarse en el discurso de éxitos de reformas que apenas enfrentan los obstáculos de la implementación.
El primero de ellos se dio en un artículo que el presidente Peña Nieto publicó en la revista Politico, donde afirma que ante los “trágicos y deplorables eventos de septiembre”, su gobierno actuó de manera contundente. El texto firmado por el mandatario describe que más de 70 personas enfrentan ya un proceso penal y, aquí está la clave, destaca que ese grupo incluye a “los autores intelectuales” (“masterminds”, en la versión original). Por declaraciones del Procurador Jesús Murillo Karam, se puede interpretar que este énfasis corresponde a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Sin embargo, es importante recordar que ellos -y cualquiera en el sistema de justicia mexicano- no son culpables mientras no exista el pronunciamiento explícito de un juez al respecto. Lo que es más, ambos se encuentran ahora oficialmente como probables responsables por delincuencia organizada -no por el delito de desaparición de personas o algún otro directamente vinculado a lo sucedido el 26 de septiembre en Iguala. Es decir, Peña Nieto está defendiendo la reacción de su gobierno con una afirmación que su aparato de justicia no ha podido probar.
Lo anterior no es sólo un aspecto relevante por este proceso, sino que se vincula a los principios de la reforma penal de 2008 -misma que la administración del propio Peña ha buscado apoyar con grandes cantidades de recursos y diversos mecanismos para lograr la implementación de un sistema de justicia acusatorio.
Parte de este énfasis del nuevo modelo está también en la importancia de la investigación científica para resolver los casos. Aquí es donde el mensaje de Barack Obama parecía indicar algo que aún no está concluido, puesto que hizo referencia a “los estudiantes que perdieron la vida”. Ello a pesar de que las conclusiones presentadas por la PGR han logrado identificar restos de sólo uno de los 43: Alexander Mora Venancio. Los demás continúan en calidad de desaparecidos. Esta distinción no es menor para los padres; ellos siguen buscando, y esperando, a sus hijos.
La gravedad en la declaración de Obama está en que los esfuerzos de Los Pinos por “superar” el tema (evidenciados incluso en el spot de video publicado por el gobierno federal con motivo del año nuevo) pudieran estar teniendo un impacto incluso al nivel de otros jefes de Estado.
No se trata de formalismos o de exagerar detalles; los ejemplos que se describen van mucho más allá… se trata de algo fundamental: que haya justicia. Es decir, que el sistema cumpla su rol de principio a fin, y que la verdad se obtenga tras recorrer ese proceso, no de lo que se asume, lo que “parece obvio”, o lo que se intuye. Aunque lo diga el Presidente (este o cualquier otro).
Es relevante también porque los asuntos a medias parecen ser la norma y porque el “carpetazo” es práctica común al sentir que un proceso concluye con una detención (ampliamente difundida en medios). Porque seguimos con preguntas sin resolver de la Guardería ABC, San Fernando, Allende, Tlatlaya, Apatzingán, y en cada uno de estos casos hay afirmaciones que se dan por hecho (causas, números, responsables) sin que estén comprobados. ¿Queremos seguir dando vuelta a la página con cada vez más pendientes acumulados?
Artículo originalmente publicado en Animal Político.
