Carlos De la Rosa Xochitiotzi | HuffingtonPost
La legitimidad del Gobierno federal, derivada de los treinta millones de votos con los que fue electo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una oportunidad histórica que debería de ser usada para tomar decisiones no necesariamente populares, pero esenciales para alcanzar resultados efectivos y sostenibles en materia de seguridad y de justicia. Sin embargo, es evidente que el Gobierno federal no está aprovechando este escenario.
La narrativa hacia una reconciliación nacional que ha caracterizado al discurso del Gobierno federal será insuficiente si no se acompaña de estrategias efectivas. Las acciones planteadas hasta ahora en la agenda legislativa se ajustan más a la lógica del populismo penal y el detrimento de libertades que a ideas bien articuladas, garantes de derechos y que apuesten por el fortalecimiento institucional[1]. Así lo evidencia la propuesta de creación de una Guardia Nacional -eminentemente militar- y de aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En este sentido, las acciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo no son muy distintas a las de gobiernos anteriores[2].
El respaldo popular a las políticas de mano dura y restricción de libertades, como las que plantea el Ejecutivo Federal, es amplio. En México, 69% de la población considera que las Fuerzas Armadas son más capaces de combatir la inseguridad que la Policía Federal y, de forma consistente, 72% considera que la Guardia Nacional debe tener mando militar[3]. Por otra parte, buscar un castigo para el delincuente es el principal motivo de las denuncias que realizan los mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 37.6% de las personas que denuncian delitos[4] lo hacen buscando que “el delincuente sea castigado”, y en una menor proporción para recuperar sus cosas (27.1%) o para obtener la reparación del daño ( 7.6 %).
La popularidad de las medidas de mano dura se explica en gran parte por los altos niveles de desconfianza en las policías[5] y por el hecho de que las personas que han sido expuestas a mayores niveles de violencia son más proclives a favorecer medidas punitivas y a dar menos importancia al debido proceso[6].
Responder a las demandas y expectativas de la ciudadanía es precisamente la obligación de los gobiernos. Durante años nos hemos quejado de autoridades que de forma cínica ignoran a los ciudadanos y sus necesidades. Las personas exigen seguridad, paz y justicia, y el gobierno está obligado a garantizarlas. No obstante, la enorme responsabilidad del gobierno consiste en saber distinguir entre alternativas y elegir aquellas que efectivamente den respuesta a las expectativas sociales y que además sean las menos costosas y más sostenibles.
La apuesta del Gobierno federal -un mayor número de personas en prisión preventiva y más militares en las calles- difícilmente dará respuestas satisfactorias a las personas. No hay evidencia que demuestre que la prisión preventiva disminuye la comisión de delitos[7]. En el caso del homicidio –una conducta con prisión preventiva oficiosa desde 2008– la medida no ha tenido ningún efecto disuasivo: la incidencia de este delito ha aumentado en 125% en los últimos diez años[8]. Por el contrario, sobra información que demuestra que un mayor número de personas en prisión implica más violaciones a derechos humanos, hacinamiento y familias pagando las consecuencias injustas del encarcelamiento[9]. Asimismo, hay evidencia de sobra para respaldar los riesgos que implica una Guardia Nacional de corte militar con amplias facultades para investigar y perseguir delitos[10].
La legitimidad proporciona una “reserva de apoyo” [11] para las autoridades. Esto implica que un gobierno legítimo tiene menos que perder –en términos de apoyo ciudadano- si toma decisiones que no son populares, como aquellas contrarias al interés inmediato de los ciudadanos. La legitimidad derivada de treinta millones de votos y la aprobación de 86% de los mexicanos[12] le permite hoy al Gobierno federal tomar decisiones basadas en evidencia y de amplio alcance que no serían posibles en otras circunstancias. En nuestro contexto, estas decisiones serían, entre otras, desarrollar una auténtica reforma policial, desmilitarizar de manera escalonada pero certera, y eliminar de la Constitución la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
La reserva de apoyo del Gobierno federal representa una oportunidad única para cambiar radicalmente la forma en la que se ha hecho política pública en materia de seguridad y de justicia. Existen alternativas y rutas específicas con mayores probabilidades de éxito[13]; no obstante, el gobierno ha optado por promover medidas que logran el aplauso fácil, pero que difícilmente darán los resultados deseados. Queda claro que este gobierno tiene voluntad para responder a las expectativas sociales; no obstante, hasta el momento no parece dispuesto a tomar las decisiones que darían respuesta efectiva a dichas expectativas y que le distinguirían de los que le precedieron.
[1] Con la excepción de la iniciativa que propone la descriminalización de la marihuana, la cual no parece avanzar al mismo ritmo que las iniciativas que proponen la prisión preventiva oficiosa y la Guardia Nacional.
[2] La participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública constituía el eje de la Ley de Seguridad Interior, aprobada en el sexenio anterior, que fue eventualmente declarada inconstitucional por la Suprema Corte.
[3] Encuesta nacional realizada por el Periódico Reforma publicada el 6 de febrero de 2019.
[4] Son pocas las víctimas que denuncian en relación con el total de víctimas en el país. Alrededor de 10% para todos los años desde que se tiene registro.
[5] Jessica Zarkin, ¿Quiénes apoyan militarizar la seguridad pública?, Oraculus, política y gobierno, 2019. Disponible en: https://oraculus.mx/2019/01/23/quienes-apoyan-militarizar-la-seguridad-publica/
[6] Omar García Ponce, Lauren Young & Thomas Zeitzoff, Anger and Support for Punitive Justice in Mexico’s Drug War, 2018.
[7] Ver Carlos De la Rosa & Monserrat López, Prisión preventiva oficiosa: ¿más cárcel, menos víctimas?, Nexos, 2018. Disponible en: https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1144
[8] Incidencia Delictiva del Fuero Común (SESNSP), antigua y nueva metodología.
[9] Ver Catalina Pérez Correa, Mujeres invisibles: Los verdaderos costos de la prisión, Nexos, 2015, Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=26995
[10] Ver Rodrigo Gutiérrez, Catalina Pérez Correa, & Carlos Silva, Índice de letalidad: menos enfrentamientos, más opacidad, Nexos, 2015. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=25468
[11] Tom R. Tyler, Psychological perspectives on legitimacy and legitimation, 57 Annu. Rev. Psychol. 375, 2006.
[12] De acuerdo con una encuesta realizada por el periódico El Financiero, publicada el 7 de febrero de 2019.
[13] Ver por ejemplo Ernesto López Portillo, Presidente le propongo otra vía, Animal Político, 2018. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/blogueros-ruta-critica/2018/12/10/presidente-le-propongo-otra-via/ Ver también Alejandro Madrazo, La salida a nuestro problema de seguridad pública, Horizontal, 2017. Disponible en: https://horizontal.mx/la-salida-a-nuestro-problema-de-seguridad-publica/
