En el marco de las discusiones sostenidas en el Congreso de la Unión entre legisladores y funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se renovaron esta semana en la agenda pública los temas sobre rendición de cuentas de las instituciones y de los servidores públicos.
La entrega de conclusiones de parte de los legisladores al auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF es por demás elocuente. Por ejemplo, nuestro sistema contiene debilidades sorprendentes como la inexistencia de un análisis de riesgos en el gasto público federal, o la ausencia de un dictamen único de la razonabilidad de las cifras incluidas en la Cuenta Pública. Asimismo, la falta de un mecanismo coordinador entre la federación y los estados ocasiona que no exista información sobre el estado de los recursos entre el momento en que son entregados a los gobiernos estatales y municipales y la publicación de la Cuenta Pública de cada entidad. Ante escenarios desafiantes para el país como son la implementación de la reforma energética o el ejercicio de 7.7 billones de pesos en gasto de infraestructura resulta urgente e impostergable la construcción de un sistema de responsabilidades.
Para nadie es una sorpresa que México se encuentre entre los países más corruptos del mundo. En perspectiva, según el Índice de Percepción de Corrupción 2013 (Transparencia Mexicana), México ocupa el lugar 106 de 177 países. El resultado es aún más vergonzoso si observamos que para 2014 nuestro país ganó apenas el lugar 79 de un total de 99 países que conforman el Índice de Estado de Derecho. Ante el panorama tan obscuro, ¿qué se requiere para poner solución a esto?; ¿seguiremos estancados en eternos diagnósticos que “rasgan las vestiduras”, pero nunca van al fondo del asunto?
Efectivamente, la corrupción es un problema de tantas facetas que resulta necesario tratarlo desde enfoques multidimensionales y coordinados que permitan la interacción de distintas entidades encargadas de atender ángulos especializados. Países como Nueva Zelanda han logrado escalar en los índices citados a través de reformar continuamente sus instituciones. Un firme propósito y mucha constancia transexenal serían los ingredientes principales para iniciar la construcción de un sistema nacional de responsabilidades (idea impulsada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)) que delegara en diversas instituciones –no sólo un solo órgano anticorrupción, como se plantea ya (aunque hoy se encuentra congelado) en el Congreso. Esto es crucial con el propósito de lograr metas como evaluaciones continuas basadas en datos e información objetiva; determinación de presupuestos con base en resultados; esquemas eficaces para la prevención; sistemas de control interno para minimizar fraude y corrupción en las nuevas empresas productivas estatales (PEMEX y Comisión Federal de Electricidad, principalmente); sanciones efectivas a conductas ilícitas; coordinación administrativa en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes; y la adopción de un servicio profesional de carrera en todo el sistema que permita generar profesionales técnicos del ámbito de la rendición de cuentas.
Este último punto es fundamental si en verdad se desea contar con capital humano capaz de ocupar puestos de altísima responsabilidad bajo esquemas de alta probidad, y que puedan llegar por mérito y elección interna a los puestos más altos. Asimismo, esto es clave a fin de poder garantizar una autonomía real de las instituciones y propiciar transparencia, objetividad en el régimen de finanzas públicas, evaluación de desempeño de instituciones y funcionarios, fiscalización eficaz y aplicación independiente de sanciones y controles de responsabilidad.
Sin embargo, todos estos esfuerzos requieren, además de técnica, un compromiso político del más alto nivel. Corresponde al Presidente de la República y a los legisladores adoptar la urgencia de incluir en las reformas estructurales, las leyes secundarias y, muy importante, en las reglas de operación (las que se podrían llamar “leyes terciarias”) mecanismos específicos, claros y explícitos en materia de rendición de cuentas como condición sine qua non para tener un verdadero fortalecimiento del estado de derecho. Esto se logrará no cuando se consagre en el discurso o en un marco legal, sino en el momento de que los cambios sean visibles para los ciudadanos y los inversionistas. De esta forma, tal vez sea posible abatir el paradigma nacional que siempre busca en nuestra cultura a la culpable de todos nuestros males, particularmente la corrupción.
