El gobierno abierto es un conjunto de medidas que tienen como fin optimizar las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos a partir de la asimilación de compromisos entre ambas partes y donde las tecnologías de la información asumen un papel predominante como herramientas para su cumplimiento.
A partir del gobierno abierto, se establecen canales de comunicaciones más eficientes, eficaces y colaborativos que permiten fomentar la participación ciudadana para tomar decisiones públicas a partir de las necesidades y preferencias de los usuarios, pues éstos se convierten en el centro de la gestión pública. Por tanto, el gobierno abierto no sólo se refiere a la disponibilidad de información púbica sino también a la interacción entre gobierno y ciudadanía, haciendo una apertura en términos de información y de interacción.[1]
Existen cuatro tipos de ideas que confluyen dentro del gobierno abierto: las del gobierno como promotor de bienestar por medio de la capacidad regulatoria; las de gobierno transparente que rinde cuentas; las del gobierno participativo y promotor de civismo; y las de gobierno eficiente, colaborador y generador de conocimiento.[2]
En el escenario internacional existe la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) suscrita en septiembre de 2011 por Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Inglaterra, México, Noruega y Sudáfrica, que tiene como fin obtener compromisos concretos de los gobiernos que promuevan la transparencia, la capacitación de los ciudadanos y el uso de nuevas tecnologías que fortalezcan la gobernabilidad para mejorar el desempeño gubernamental, asegurar la participación ciudadana y avanzar en la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos.
Para poder acceder a la OGP, los países deben comprometerse a cumplir con los principios establecidos en la Declaración del Gobierno Abierto emitida en septiembre de 2011, la cual ha sido suscrita por 62 países hasta el momento. Esta Declaración busca que los países se comprometan a incrementar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales en todos sus niveles; fomentar la participación ciudadana a partir de la creación de mecanismos que permitan la colaboración entre gobiernos con organizaciones civiles y empresas; implementar los estándares más altos de integridad profesional en sus administraciones e incrementar el acceso a las nuevas tecnologías para promover la apertura y la rendición de cuentas utilizando en todo momento indicadores de gestión y compartiendo buenas prácticas entre sus miembros. [3]
En el caso de México, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) tiene como fin cumplir los mismos objetivos que la OGP pero en el plano nacional. En 2011 fue entregada la primera versión del Plan de Acción pero al no reflejar las propuestas obtenidas de la consulta realizada a las organizaciones civiles, a principios de 2012 fue presentado el Plan de Acción Ampliado 2011-2013 en el que fue subsanada esa deficiencia. Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de estos desafíos, fue concretado el actual Plan de Acción 2013-2015 integrado por 26 compromisos los cuales deberán cumplirse en su totalidad a finales de octubre de 2015, y que están agrupados en cinco grandes desafíos con sus respectivas líneas de acción para promover la transparencia y la rendición de cuentas en un México Abierto, y que son: gobierno centrado en la ciudadanía, presupuesto abierto y participativo, datos abiertos para el desarrollo, empoderamiento y participación ciudadana, y gobernanza de recursos naturales.
En este sentido, existen tres compromisos específicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia cuyas instituciones públicas responsables son la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, y que son: registro de detenidos, base de datos de personas desaparecidas y datos para un México en paz.[4]
- Registro de detenidos. La creación y homologación del sistema de registro de búsqueda y localización de personas detenidas por medios electrónicos, telefónicos o presenciales que aseguren que la población tenga acceso de manera oportuna a datos estadísticos de detenciones o aseguramientos en el territorio nacional, así como las circunstancias y motivos de la detención. Con ello, se busca que el gobierno actúe en sintonía con la figura de la presunción de inocencia establecida en la reforma constitucional del sistema de justicia penal mexicano que otorgue a los ciudadanos mejores herramientas para enfrentar los procesos penales.
- Base de datos de personas desaparecidas. La reorganización del registro de personas extraviadas que lo haga funcional en términos del reglamento de la Ley de Registro de Personas Desaparecidas, que cuente con la participación activa de la sociedad civil organizada y que incluya datos estadísticos de valor así como el señalamiento de las diversas fuentes y autoridades que registran dicha información con base en la normatividad aplicable y previo consentimiento. A partir de esto, se tiene la intención de que el gobierno pueda establecer mejores mecanismos de información que den lugar a acciones coordinadas entre los diferentes órdenes de gobierno que garanticen los derechos humanos tanto de las personas desaparecidas como de sus familiares.
- Datos para un México en paz. La publicación bimestral de información estadística en posesión de la Procuraduría General de la República que permita conocer a la sociedad sobre sus acciones y que incluya los tipos de delitos cometidos, su frecuencia, el lugar de los hechos, el número total de averiguaciones previas iniciadas y divididas por tipos de delito, el número de averiguaciones previas iniciadas en cada uno de los estados, el número de incompetencias realizadas, así como de un mapa que refleje el aumento o descenso delictivo en el territorio nacional.
El registro de detenidos, la base de datos de personas desparecidas y la publicación de información relativa a la incidencia delictiva y averiguaciones previas en posesión de la Procuraduría General de la República, permiten establecer nuevos canales de horizontalidad entre las autoridades y los usuarios como centros de la gestión estatal, así como con otros organismos de la administración pública.
Para conseguir estos compromisos, las instituciones públicas responsables deben consolidar las siguientes medidas y estrategias de gobierno abierto: por un lado, publicar de forma proactiva la información que esté en su posesión en formatos abiertos e interoperables que permitan su acceso y reutilización y que dé lugar, a su vez, a la creación de nuevas aplicaciones y servicios con valor agregado por parte de los usuarios, ya sean ciudadanos, organizaciones civiles, organismos públicos y empresas privadas, que las instituciones públicas no tienen capacidad ni obligación de crear. Por otro lado, promover la apertura de procesos, el uso de redes sociales y la creación de plataformas de participación ciudadana que propicien la comunicación e interacción, el aprovechamiento del conocimiento de los ciudadanos que ayuden en la elaboración de políticas públicas y prestación de servicios públicos, y la colaboración entre las propias instituciones públicas.[5]
Además, para que las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia puedan articulares estos tres compromisos dentro de la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto deben realizar diversas transformaciones, entre las que destacan: cambios culturales, en los que el ciudadano sea el centro de la gestión; procedimentales, que faciliten los servicios a los ciudadanos; organizativos, para que las organizaciones públicas funcionen bajo un modelo de red orientado a proyectos a la consecución de resultados; y relacionales, que permita una participación más horizontal entre gobierno y ciudadanía utilizando las herramientas que proporcionan las tecnologías de la información.[6]
La situación de inseguridad y violencia que prevalece en México requiere de medidas que vayan más allá de la acción directa del gobierno, por lo que el cumplimiento de los compromisos del gobierno abierto por parte de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación permitiría que la sociedad organizada pudiera dar soluciones a problemas públicos en materia de procuración de justicia y seguridad pública, específicamente en cuanto a registros de búsqueda y localización de personas detenidas, a las bases de datos de personas desaparecidas, y a la supervisión de información relativa a la incidencia delictiva y averiguaciones previas, a partir de la utilización de información pública disponible en formatos abiertos y reutilizables otorgándole valor agregado, dando lugar a una nueva relación entre gobierno y sociedad.
[1] Albert J. Meijer, et al, Open government: connecting vision and voice, International Review of Administrative Sciences, núm 1, vol. 78, marzo 2012, pp. 10-12.
[2] Manuel Villoria, “El gobierno abierto como subsistema de políticas: una evaluación desde el institucionalismo discursivo”, en Hofmann, Andrés, et al. (coords.), La promesa del gobierno abierto, México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 2012, p. 77.
[3] En: http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration, (consultado el 10 de septiembre de 2014).
[4] En: http://pa2015.mx, (consultado el 11 de septiembre de 2014).
[5] María Güemes y Álvaro V. Ramírez-Alujas, “Gobierno abierto, reforma del estado y modernización de la gestión pública: alcances, obstáculos y perspectivas en clave latinoamericana”, en Hofmann, Andrés, et al. (coords.), La promesa del gobierno abierto, México, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 2012, p. 202.
[6] César Calderón y Sebastián Lorenzo, Open government, Alcalá la Real, Algón Editores, 2010, p. 15.
Este es un espacio de participación de los usuarios de ProyectoJusticia.org.
Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan la opinión de este portal ni de CIDAC.
César Villanueva Esquivel
