¿Cómo saber lo que ocurre en el país en materia de drogas, y en particular, qué ha pasado con la implementación de la Ley de Narcomenudeo aprobada en 2009?
El Programa de Política de Drogas del CIDE presentó en marzo de este año 236 solicitudes de información a Procuradurías (o Fiscalías) locales, Poderes Judiciales, Procuraduría General de la República y el INEGI. Los resultados estuvieron lejos de ser satisfactorios puesto que sólo en el 8% de los casos recibieron la información solicitada. En el camino, encontraron obstáculos como portales de acceso a la información poco funcionales, respuestas que no cumplían con lo requerido y un poder judicial disperso que dificulta incluso la acción de solicitar la información de todas las entidades que lo componen.
Aunque a nivel normativo el derecho de acceso a la información puede estar bien planteado, su implementación implica largos procesos de solicitud e individuos que deben hacer válido dicho derecho.
La experiencia del CIDE para este tema recuerda otros casos similares de búsqueda de información en materia de justicia penal. En 2013 CIDAC presentó 1,486 solicitudes de información, obteniendo respuestas útiles apenas en el 9.7%. Y en agosto publicamos una propuesta específica en torno a esta problemática: Desarrollar un sistema de transparencia y acceso a la información efectivo. También ha escrito al respecto César Villanueva, del Movimiento por la Transparencia, anotando que en el caso del Poder Judicial Federal el acceso a la información “funciona más como un mecanismo de control de las acciones de los órganos y funcionarios en quienes se deposita esa función pública que como un medio a partir del cual los ciudadanos puedan solicitar información.”
Aquí cabe subrayar la gravedad de que instituciones de esta naturaleza encuentren obstáculos para realizar investigaciones y análisis de aspectos relevantes sobre el sistema de justicia en nuestro país por la dificultad de acceder a su materia prima: la información. Como se manifiesta en el caso de las solicitudes presentadas por el Programa de Política de Drogas del CIDE:
Los traspiés que tuvimos que enfrentar para acceder a la información sobre narcomendueo nos hacen suponer que la mayor parte la población no puede acceder a este derecho.
Lee el artículo de Mayra Esponda Méndez, asistente de investigación del PPD – CIDE, publicado en Animal Político.
