Nos enteramos por las cadenas televisivas que 80 empleados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal impidieron que la policía del Distrito Federal realizara detenciones de los anarquistas que anteriormente habían destruido los cristales de diversos establecimientos mercantiles, desde tiendas de conveniencia pasando por sucursales bancarias, tiendas de ropa con personas que se encontraban en esos momentos en dichos locales.
Ello sucedió en la entrada de Reforma con Insurgentes, en la estación Hidalgo de la línea 1 del Metro de la ciudad de México. Literalmente, narran las crónicas de los hechos, formaron una valla humana y lograron negociar impunidad para los delincuentes dejándolos ingresar a la estación en grupos de 20 personas.
Cómo ya es costumbre en estos actos delictivos llevados a cabo en presencia de las autoridades policiacas y de los empleados de la CNDH, que más pareciera realizaban un acompañamiento de estos grupos, la protección de los derechos humanos se ofreció a los delincuentes y no a los verdaderamente afectados.
En este sentido, hasta el día de hoy miércoles 3 de diciembre, la CNDH no se pronunció jamás por la defensa de los derechos humanos de los propietarios de los establecimientos afectados ni de los ciudadanos que en esos momentos se encontraban en los mismos.
Por el contrario, “la CNDH ha iniciado una queja de oficio para revisar la actuación de los cuerpos de seguridad que intervinieron en los acontecimientos y una vez recabadas las evidencias del caso emitirá su pronunciamiento”, esto de acuerdo con el comunicado de prensa CGCP/339/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014.
Diversas analistas se han expresado sobre la necesidad de modificar la manera en que se ha venido conduciendo la CNDH. No solamente su actuación está en duda al brindar acompañamiento y defensa de las actividades vandálicas de los grupos anarquistas entre otros más. Sino que además se ha convertido en un organismo público que goza de un presupuesto desproporcionado y que no ha respondido a las expectativas de la ciudadanía en la promoción y defensa de los derechos humanos, ni tampoco en la transparencia de sus gastos.
Para el año 2015, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos la CNDH ejercerá un presupuesto de $1, 465, 956, 043 Cada año los legisladores le han incrementado de manera inercial su presupuesto, es decir, sin que se le someta a una verdadera evaluación de su desempeño. Sin embargo, de ese total $1, 056, 579, 070 se dedica al rubro de los servicios personales, es decir, el 72% se dedica a pagar la nómina de la institución. De acuerdo con el Analítico de Plazas y Remuneraciones, para el año entrante la CNDH contará con 1,602 plazas. Su Presidente obtendrá una percepción anual bruta de $3, 437, 240 mientras que el nivel salarial más bajo percibirá $198, 191.
Por ello, algunos analistas como Carlos Elizondo Mayer – Serra y Ana Laura Magaloni del CIDE, han planteado que la CNDH se transforme en una organización destinada a la Defensoría Pública que brinde, con ese enorme presupuesto del que goza, una verdadera defensa judicial para las personas que no cuentan con los recursos económicos para sufragar un buen abogado.
De igual forma, desde el 2010 estos mismos autores habían advertido de lo costoso que le resulta a los mexicanos la CNDH. En la serie del CIDE Nuestros caros defensores de los Derechos Humanos de 2010 habían acreditado que recibe mucho más recursos que organismos similares de Colombia, Inglaterra y Australia.
A la luz de los hechos, ojalá que pronto sometamos la actuación de la CNDH a mejores propósitos que el acompañamiento de actos vandálicos. Hay demasiados inocentes en las cárceles y demasiados delincuentes en las calles. Bien vale la pena encontrarle el justo medio a una institución que se ha transformado en un paquidermo burocrático.
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Víctor Manuel Vallejo Cruz
