La crisis de inseguridad que estamos observando en el país ha resucitado las demandas para mejorar las cifras de incidencia delictiva.
Actualmente contamos con dos principales fuentes de información para conocer la incidencia delictiva en el país. Por un lado, las encuestas de victimización que realiza el INEGI año con año. Por otro lado, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La primera, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), se basa en una encuesta levantada en cerca de 95 mil viviendas con representatividad nacional y estatal y exhaustiva en la temática de victimización, tipo de delito, detalles de los agresores y percepciones sobre la inseguridad y las instituciones. Por su parte, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública provienen de averiguaciones previas y datos de las Procuradurías de Justicia estatales. Es decir, el INEGI nos presenta datos de incidencia delictiva inferidos a partir de una encuesta de muy buena calidad estadística mientras que el Secretariado Ejecutivo exhibe un conteo de averiguaciones previas de homicidios.
En la ENVIPE 2013 el INEGI estimó un total de 25,583 homicidios durante el año 2012. Al momento de su difusión esta cifra fue comparada con las actas de defunción por homicidio, las cuales alcanzan un total de 25,967; una diferencia aceptable entre una fuente y otra. El problema surge cuando se comparan las cifras del INEGI con las del Secretariado Ejecutivo pues a noviembre de 2014 el Secretariado Ejecutivo reportó 38,227 averiguaciones previas por homicidio para el año 2012, una discrepancia mayúscula entre ambas cifras que pone en duda las estimaciones provenientes de la ENVIPE.
En principio podríamos decir que estamos hablando de dos fenómenos distintos – encuestas y denuncias – y que no se pueden comparar peras con manzanas. No obstante, la discrepancia entre las cifras del Secretariado Ejecutivo y las cifras del INEGI, tanto en la ENVIPE como en los certificados de defunción, dan cabida a cuestionamientos. ¿Cómo puede haber más averiguaciones previas por homicidio que número de certificados de defunción? En todo caso, la diferencia debería de ser en sentido opuesto, especialmente si recordamos que la cifra negra asociada a homicidios tiende a ser cercana a cero. Frecuentemente lo que sucede cuando se encuentran varios cuerpos como en las fosas de San Fernando o las de Guerrero, las autoridades abren únicamente una averiguación previa para todos los cadáveres pero cada cuerpo obtiene un certificado de defunción. En este sentido, los números del Secretariado deberían de ser, en todo caso, menores a los del INEGI. Como explicamos previamente, esto no es así.
De la misma manera, cabe resaltar que este año el INEGI no publicó un estimado de homicidios para el año 2013, aunque la pregunta sí se incluye en el cuestionario. La decisión de no publicar dicha cifra se debe quizá a que, utilizando la metodología del INEGI, obtenemos un total de 31,447 homicidios para el año 2013. Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta un total de al menos 34,903 homicidios en el 2013 (con corte al 20 de Octubre de 2014). Si bien a primera vista los números son lo suficientemente cercanos y dan lugar a pensar en que la validación de la ENVIPE es correcta, tenemos que considerar que los datos del Secretariado se actualizan continuamente y pueden aumentar considerablemente a medida que las procuradurías estatales actualizan su información. Como consecuencia, no se puede garantizar la validez de la encuesta.
Finalmente, es importante destacar que ambas fuentes nos están hablando de tendencias distintas y plantean escenarios encontrados. La ENVIPE presenta un incremento en el estimador de homicidios de 23 por ciento (en homicidios) entre 2012 y 2013, aunque es importante destacar que no se puede asegurar un incremento en la cifra real pues existe una intersección en sus intervalos de confianza1. Por el contrario, el Secretariado Ejecutivo exhibe un decremento hasta ahora de 10% en denuncias de este mismo delito para esos años (pero reiteramos que el número del Secretariado Ejecutivo posiblemente se incrementará). A pesar de las diferencias en tendencias, hoy los totales reportados por el Secretariado Ejecutivo son ya significativamente mayores a los estimados mediante la ENVIPE.
¿Es posible que la diferencia en estas cifras se deba a una problemática en definiciones entre ambas fuentes? ¿O tal vez la discrepancia nos indique que, contrario a lo que se piensa, sí existe una cifra negra asociada a los homicidios? ¿O podemos pensar que la explicación se encuentra entre los reportados como desaparecidos? Lo importante a destacar es que, más allá de invalidar fuentes o metodologías, el camino hacia mejores cifras debe enfocarse en robustecer las metodologías y otorgar mayores recursos para obtener instrumentos más certeros. Para el caso de la ENVIPE, sería deseable que el INEGI contara con mayores recursos para ampliar la encuesta, y en lugar de entrevistar a 95 mil viviendas se levantara información de 120, 150 o 500 mil hogares para así reducir el error muestral y obtener datos más representativos. El fortalecimiento de estos instrumentos es el único medio por el cual podremos dejar atrás las discrepancias cuantitativas y podremos obtener los datos claros y confiables necesarios para construir una nueva agenda de seguridad que tenga éxito.
1 El intervalo superior para los homicidios en 2012 es de 32,559 homicidios y la estimación del número de homicidios para 2013 es de 31,447. Es decir, el número de homicidios para 2013 caen dentro de los intervalos de confianza de 2012.
Artículo de Lorena Becerra, Mariana Meza y Rafael Vega, publicado originalmente en Animal Político.
