El carácter dinámico de nuestra Constitución implica la existencia de procesos que permiten modificarla.
Para bien o para mal, la profundidad y calidad de estos cambios está, irremediablemente, sujeta a las capacidades de los legisladores en turno. En vista de lo anterior, preocupa que no sean pocas las ocasiones en las que se polemice respecto de la idoneidad de ciertas previsiones adoptadas por la Constitución y, en específico, sobre el alcance derechos humanos por considerar que su respeto obstruye un combate eficaz a la delincuencia. En este contexto, los triunfos logrados en materia de protección a los derechos humanos parecen pender de un hilo.
