Por: Ricardo Monroy
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante el mes de julio de 2018 la realización de varios “foros para trazar la ruta de pacificación del país y la reconciliación nacional”, actualmente ya se están llevando a cabo en distintas sedes en todo el país.
Los foros servirán como espacios de diálogo para conocer los puntos de vista de diferentes sectores de la sociedad en todo el territorio nacional y elaborar las políticas de seguridad del gobierno entrante; han sido justificados bajo los enfoques de la denominada justicia transicional: Búsqueda de la verdad, justicia, principio de reparación y garantías de no repetición.
En un contexto general las opiniones al respecto se han dividido entre denominar como “amnistía” o no al planteamiento del presidente electo, sin embargo, las discrepancias radican en los puntos de vista desde donde son abordadas. Por ejemplo: si partimos de la existencia de una guerra de iure o de facto, o bien, si en realidad se trata de un proceso de justicia transicional al cual tampoco se ajusta la situación del país. En tanto no se aterricen más los resultados de estos foros, es inevitable abonar a la confusión debido a la dificultad para conciliar el discurso político con los requisitos elementales de los procesos históricos, sociales y jurídicamente reconocidos que representan esas figuras.
No obstante lo anterior, hasta el momento la premisa desde la cual se habla, parece inclinarse hacia la idea de seguridad pública, por ende el resultado esperado sólo podría ser en el mismo sentido, es decir, una respuesta de carácter punitivo o simplemente vinculado al combate a la delincuencia, dejando de lado la transversalidad de acciones que permite abordar desde el enfoque de seguridad ciudadana.
Es entonces cuando el rol de la ciudadanía resulta de gran importancia en este proyecto que ya cuenta con la participación de las víctimas, la sociedad civil, autoridades locales, agrupaciones religiosas, academia y en general, de grupos en mayor vulnerabilidad al fenómeno de la violencia y la delincuencia. Son estos grupos quienes darán nueva voz en el panorama público al paradigma de seguridad ciudadana como un esquema complementario al de seguridad pública durante el siguiente sexenio.
Por ende, en tanto se dan a conocer los resultados de estos ejercicios y el presidente electo asume el cargo como presidente constitucional, resulta de gran valor explorar alternativas ya existentes donde la sociedad civil pueda desarrollar sus intervenciones al mismo tiempo que abonan a la reconciliación nacional.
El próximo gobierno encontrará una herramienta valiosa en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), mismos que están contemplados en el Sistema de Justicia Penal que debe operar en todo el país desde 2016 y que ya cuentan con una Ley Nacional.
En este sentido, la justicia restaurativa se presenta como una oportunidad para, en su caso, complementar a los MASC y para el desarrollo de trabajos y proyectos desde la sociedad civil al tratar de balancear las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes más allá del ámbito penal y no sólo a través de los mecanismos de mediación o conciliación ya utilizados en estructuras de gobierno municipal principalmente.
El Instituto Republicano Internacional, como parte de su programa “Seguridad con Justicia”, diseñó y se encuentra impartiendo un taller especializado con la finalidad de difundir esta materia entre todos los sectores interesados en conocerla, la idea es concientizar sobre los beneficios del enfoque restaurativo; toda vez que su aplicación puede extenderse a la casa, las comunidades, las escuelas, la iniciativa privada, etc. como una forma de resolver sus conflictos de forma pacífica; es por ello que en el taller se incluyeron contenidos relativos al enfoque comunitario y a la participación de la sociedad civil.
Es importante reconocer los esfuerzos que hacen el Instituto Republicano Internacional y sus aliados por difundir la justicia restaurativa al compartir conocimiento y experiencias al mismo tiempo que ponen frente a la sociedad civil una alternativa de trabajo que además, se alinea a las propuestas planteadas por el presidente electo; después de todo las comunidades merecen construir sus relaciones en base a la confianza entre las personas con la certeza de que este paradigma no sustituye necesariamente al sistema legal y ese valor, sí contribuye a la reconciliación que tanta falta hace al país.
Ricardo Monroy
Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y Lic. en Derecho por la UNITEC. Actualmente es Subdirector de Diseño e Implementación de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB, en donde es uno de los responsables del programa de fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil en materia de incidencia en políticas públicas de prevención social. Se ha desempeñado como asesor jurídico en la Asamblea Legislativa del D.F., colaborando en reformas como la de protección a no fumadores y en los trabajos previos a la publicación del Programa de Derechos Humanos del entonces D.F. fue Subgerente del área jurídica consultiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
