Hace unos días John Oliver realizó un breve análisis respecto de las “condenas mínimas” aplicables a delitos relacionados con la posesión, venta y tráfico de drogas en Estados Unidos. En su reportaje, Oliver expone el caso de al menos tres individuos, en los que la pena aplicable fue claramente desproporcional. El más sonado es el de Weldon Angelos, quien en 2002 fue detenido tres veces por vender marihuana, y recibió 55 años de prisión, más que si hubiese sido aprendido como violador de niños (en cuyo caso se le hubiese sentenciado a 11 años) o 20 más si hubiese secuestrado un avión.
La razón detrás de dicha desproporción se encuentra en la aplicación de una ley anacrónica proveniente de una época en la que la “lucha” contra las drogas se volvió tema central en Estados Unidos durante la década de los 80’s y 90’s. El resultado de tal política criminal se vio reflejado en la población penitenciaria que desde los 80’s se cuadriplicó, y no necesariamente de grandes criminales si no de pequeños traficantes y vendedores así como personas accesorias a delitos relacionados con drogas, considerados como de “menor impacto” y que llegan a penas de hasta cadena perpetua. En Estados Unidos, Republicanos y Demócratas ya han identificado las leyes federales actuales como ineficientes y han estado promoviendo que la legislación Estatal y Federal se enfoque más en reparación del daño a través de medios alternativos de solución de controversias y sanciones proporcionales al daño real.
En México, con la adopción del nuevo sistema de justicia, también se busca dar prioridad a la restitución del daño y reparación del tejido social a través de los medios alternos y sanciones proporcionales y comprensivas. Sin embargo, actualmente existen políticas públicas enfocadas a la lucha contra las drogas que siguen criminalizando a sectores socioeconómicos y étnicos. Un claro ejemplo es el expuesto por las doctoras Elena Azaola y Aida Hernández, cuyos estudios entre la población indígena femenina detenida por narcomenudeo y posesión de drogas encontraron que cuando el Estado no puede procesar de manera competente a los delincuentes de mayor impacto del crimen organizado, busca criminalizar por medio de confesiones forzadas, falta de traductores, prisión preventiva excesiva (hasta 7 años sin sentencia) etc., a mujeres indígenas que conforman los eslabones más bajos y de menor impacto del narcotráfico (presunta posesión y narcomenudeo).
