De manera muy concisa el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, el Lic. Humberto Castillejo Cervantes habló sobre la reforma penal, ubicándola como una vía para la consolidación del Estado de Derecho.
Sin embargo señala que todavía hay grandes pendientes: el reto es mejorar la justicia cotidiana, los conflictos penales solo equivalen al 7 o el 8 por ciento de todas las controversias, es necesario comenzar a fortalecer la impartición de la justicia – civil, mercantil, etcétera y no sólo la penal.
En este sentido, el funcionario federal consideró que fue mucho más sencillo unificar todo el proceso penal y con la reforma al artículo 73, fracción 21 constitucional, es decir el Código Único de Procedimientos Penales, esto se logró. Esta es una reforma que unifica la respuesta del Estado ante un ejercicio de la acción penal, pero aun no se ha determinado si se va a unificar de igual manera la parte sustantiva – es decir, el Código Penal.
Anteriormente en México teníamos una federalización en el Derecho Penal, es decir, todo delito que fuera en contra de la federación era un delito federal, lo demás era local. Esto se daba debido a la SCJN por la interpretación del concurso de delitos: un resultado podía ser local y otro podía ser federal.
El cambio en materia de competencias penales se da en el orden adjetivo. Se modifica la Constitución y se crea en 1994 el Código de Procedimientos Penales. De manera consecuente se establece la competencia concurrente. Se hace una modificación constitucional, es decir, solo la delincuencia organizada sería perseguida de manera federal, debido a que de materia local se legislaba y se determinaba de distinta manera la delincuencia organizada.
Sin embargo el Estado se vio en necesidad de legislar cuestiones específicas como el secuestro o la trata de personas creando leyes especiales que regularan estos
Castillejos Cervantes señaló ventajas de implementar un Código Penal único:
- Mínimo de tipos penales;
- Homogeneización;
Las propuestas que hace el Presidente en este sentido son:
- Definir las competencias penales;
- Homogeneización del Derecho penal sustantivo;
- Quitarle la facultad de legislar sobre bienes jurídicos tutelados por el Estado a las entidades federativas.
El segundo reto es el organizacional, con la creación de una Fiscalía autónoma se permitiría delegar las funciones del ejecutivo.
La reforma del 2008 es una reminiscencia del sistema inquisitivo incorporado al sistema acusatorio traducido en el auto de vinculación.
La propuesta del Lic. Humberto gira en torno a una unificación no solo adjetiva, sino también sustantiva de la justicia penal, el dar facultad al Congreso de la Unión para que, cuando sea necesario, ellos sean los únicos que puedan legislar respecto de derechos específicos. Por otro lado el agilizar el proceso penal es una constante que se ha resaltado durante todo el foro y la propuesta del Consejero Jurídico en este sentido va encaminada a permitir un auto de vinculación un poco más simple, sin que tenga que existir una carga tan pesada en esa primer investigación para poder vincular a proceso.
