Las procuradurías y fiscalías estatales han logrado disminuir el número de investigaciones gracias al archivo temporal: una medida que no resuelve de fondo los casos y simula efectividad en el sistema penal acusatorio, apuntan los resultados más recientes del análisis Hallazgos, elaborado por México Evalúa.

La mayoría de los estados del país, han hecho un uso excesivo del archivo temporal con el fin de que los miles de casos que ahí se acumulan se tomen como “resueltos”.

El tipo de delitos en el archivo es tan diverso como las crecientes redes criminales del país. Los casos que se guardan con mayor frecuencia son robos, pero también el tráfico de armas, negligencias médicas o secuestros, según ministerios públicos entrevistados por Proyecto Justicia.

A dos años de la operación obligatoria del sistema penal acusatorio en todo el país, la posibilidad de que los asuntos que son conocidos por las instituciones de justicia sean efectivamente resueltos es de 12.70 por ciento, señala el informe de México Evalúa, cuyo proceso de investigación implicó casi 500 solicitudes de información y entrevistas con autoridades.

Esta cifra toma relevancia al tomar en cuenta que los ciudadanos reportan menos de 10 de cada 100 delitos que se cometen (9.7 por ciento), según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. No obstante, esta cifra es suficiente para colapsar a los ministerios públicos.

En parte, esto se debe a que existen diversos mecanismos desde la propia Constitución que dan pie a la impunidad, donde los delitos que fueron denunciados y conocidos por las autoridades no se investigan ni se resuelven.

A partir de la reforma penal -establecida hace 10 años-, una de las figuras jurídicas que se creó para evitar la acumulación de casos en los escritorios de los ministerios públicos fue el archivo temporal, un acto procesal que se activa cuando los agentes ministeriales consideran que en la fase inicial de la investigación no se cuenta con los elementos o datos suficientes.

De esta forma la investigación se pone en pausa -sin una temporalidad establecida por la ley para ponerle fin- por lo que la pesquisa no concluye y en un momento determinado, termina en el olvido.

En 2017 fueron enviadas al archivo temporal 26,916 carpetas de investigación, es decir, casi un tercio de los delitos denunciados en el ámbito federal (27.3 por ciento), según los datos recabados por México Evalúa.

Dos elementos se conjugan para que esto suceda: uno es la falta de investigación y el otro es la política institucional de las propias procuradurías que exige a los ministerios públicos resolver asuntos o expedientes. Y esta figura es “otra forma de resolver”, explica Raúl, un ministerio público federal que pidió el anonimato por lo que se utilizó un nombre que no le corresponde.

“Esos archivos temporales ya no lo vuelves a tocar a menos que salga algo relacionado”, reconoce Raúl. Así, dice, “se van de un baúl de asuntos olvidados a un baúl que se convierte en impunidad. Y no porque no se haya cometido el hecho sino porque prescribe la persecución penal”.

Las viejas trampas

El abuso del archivo temporal expone el apego a viejas prácticas del antiguo sistema de justicia, que provocan una de las mayores debilidades institucionales de las procuradurías: la ausencia de investigación efectiva.

“Si bien los casos no se encuentran activos, continúan representando un tipo de acumulación en la Procuraduría, que además se puede traducir en impunidad, pues puede tratarse de casos en los que, a pesar de contar con una determinación ministerial, en realidad no existe investigación criminal”, se lee en el informe presentado este 9 de agosto por México Evalúa.

Esta situación estaría generando una estructura de incentivos perversa al favorecer el archivo antes de agotar todos los medios posibles de investigación para favorecer la justicia y evitar la impunidad, apunta el estudio de la organización.

Ilustración: Alina Macías.

“El archivo se da mucho en estadística a final de mes porque piden números”, menciona María José, una ministerio público que como Raúl pidió el anonimato. “Se hace un uso excesivo para jugar con la estadística porque te va a reflejar esa carpeta de investigación pero no se trabaja en el sistema”.

No obstante, menciona, es un cuello de botella porque al final de cuentas va a regresar a tu carga de trabajo.

Desde la perspectiva de Paulina, ministerio público federal, esta figura es un mecanismo que se arrastra desde el sistema penal tradicional en lo que se conocía como “reserva”. El problema, dice, es que puede ocurrir lo mismo que hace años: esos casos jamás se vuelven a retomar.

Lo que implica el archivo temporal es que el ministerio público no cumple con su función de investigar, señala Moisés Moreno, director general del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales.

En la mayoría de estos casos, dice, al igual que en el sistema tradicional el ministerio público siempre espera a que la víctima sea la que aporte los datos de prueba, en tanto, el asunto no se mueve.

De acuerdo con Moreno un “gran porcentaje de los asuntos que conoce el MP se encuentran en el archivo temporal, otro porcentaje importante se encuentra en el no ejercicio de la acción penal y el mayor número de asuntos en las agencias ministeriales no han tenido ninguna resolución, es decir, simplemente están ahí a ver qué sucede. Así los casos prescriben y como consecuencia se genera impunidad”.

Lo dicho por Moreno coincide con la información proporcionada por los estados consultados por México Evalúa, donde el mayor número de determinaciones que se realiza en las procuradurías es el archivo temporal que en promedio, representa un 1 de cada 2 investigaciones determinadas (53.3 por ciento).

El archivo temporal puede usarse como un mecanismo para reducir el rezago en términos formales, pero compromete al acceso a la justicia al suspender una posible investigación y mantener el asunto en archivo apostando a la posible prescripción de la acción penal, sin que se reactiven los casos para el desarrollo de inteligencia y el estudio de redes criminales, advierte la quinta edición del reporte Hallazgos.

El mapa de la simulación

El archivo temporal de alguna manera es condenar a que los asuntos no se resuelvan nunca, dice José Antonio Caballero, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Según Caballero el porcentaje de delitos en archivo temporal tiene dos contrastes; por una parte parece aceptable, pero debido a la baja tasa de delitos que se denuncian estos resultados son preocupantes.

Esta medida, según el reporte, genera que esas investigaciones no cuenten en las cifras como rezago, ya que estadísticamente están determinadas y no todas las fiscalías han adoptado mecanismos para su reapertura y seguimiento.

El informe de Hallazgos 2017 señala que los estados de Campeche, Baja California Sur, Chiapas,Veracruz y Michoacán son los que mandan más del 75 por ciento de sus investigaciones a archivo temporal.

En cambio, los estados que menos usan esta figura con un porcentaje menor al 30 por ciento son Sinaloa, Sonora, Baja California y Puebla.

“Este indicador resalta la incapacidad institucional de policías y ministerios públicos para realizar las investigaciones”, dice México Evalúa.

En lo advertido por la organización coincide Caballero, quien explica que gran parte del problema para que las víctimas tengan acceso a la justicia tiene que ver con la gestión del MP y las procuradurías, es decir, “se rebasa la investigación criminal pura y dura y se involucran más otros problemas en temas de gabinete de construcción de información”.

Por ejemplo, explica, en el archivo temporal no existen estadísticas sobre los tipos de delitos que ahí se acumulan y cuantos de esos casos se reactivan. “Si hubieran buenos sistemas de información para generar inteligencia se tendría un panorama claro de qué hacer y cómo gestionar estos asuntos”.

Los ministerios públicos entrevistados para la elaboración de este reportaje reconocen que las víctimas o denunciantes resultan los más afectados dentro de esta cadena de impunidad, pero argumentan que la sobrecarga de trabajo y la falta de una adecuada investigación por parte de la policía son algunas de las causas que ocasionan esta problemática.

“Aunque trabaje mucho el ministerio público nunca da los resultados, no se esclarecen los hechos. Se piensa que hay ineptitud, pero es falta de tiempo”, cuenta Raúl. Por su parte, María José, dice que otra de las causas de los casos que terminan en archivo es que las víctimas se olvidan de su denuncia y no le dan seguimiento a sus casos.

Al respecto, José Antonio Caballero, señala que ese argumento es culpar a las víctimas. “Eso es una pésima costumbre de las agencias del MP porque es su responsabilidad recibir las denuncias y revisar las investigaciones”.

El reto fundamental, añade el investigador, tiene que ver con las investigaciones de calidad. Esto, desde su punto de vista, significa que “se debe de dejar de subsidiar irregularidades como: siembra de pruebas y confesiones bajo tortura”.

“Mientras que tengamos todas esas irregularidades las investigaciones no van a tener calidad, y eso es un problema que se seguirá traduciendo en impunidad”, agregó.