En la mesa se trató principalmente sobre dos grandes retos que encaran las universidades y los abogados en su formación a la luz del nuevo sistema de justicia penal de México: Los modelos educativos y la calidad y control de la formación jurídica.
Respecto de los modelos educativos y planes de estudio, la mesa estuvo de acuerdo en afirmar que hay una constante simulación en la enseñanza del derecho (por ejemplo, pensar que una universidad está lista para enseñar la reforma penal sólo porque tiene aulas para juicio oral) que tiene que parar para dar camino a la introducción de métodos y temas que resuelven problemas de fondo en la educación y formación del abogado. En este sentido, la mesa propuso el fortalecimiento de programas de concursos de derecho y clínicas dentro de las escuelas que reconozcan que la profesión jurídica no sólo es el ejercicio del litigio y que la formación del abogado debe ser integral e incorporar elementos de enseñanza de derechos humanos, derecho victimario, estudio de género, entre otros temas que actualmente carecen de manera general las escuelas de derecho.
Por otro lado, se discutió que dado que las escuelas de derecho son una vía costo-eficiente de dar educación superior a la población se ha llegado a sobresaturar el mercado con más de 1600 escuelas de derecho y con una tasa de crecimiento de tres nuevas escuelas por semana. Lo anterior acarrea problemas no solamente de sobresaturación del mercado sino también de la dificultad que implica mantener control ético y técnico de todos los abogados así como un registro de cuántos abogados existen y cuántos ejercen la profesión, ya que toda esta información se encuentra descentralizada y desregulada.
De esta manera, la mesa concluyó que por la cantidad descontrolada de abogados, y por el hecho que existen disciplinas que deben ser reguladas para garantizar la actualización y competencia de dichos profesionistas, resulta necesaria la colegiación obligatoria para que sean las barras de abogado quienes funjan como filtro de control ético y técnico de la profesión, puesto que de no concretarse una colegiación de abogados, el éxito de la reforma se pondrá en riesgo en el largo plazo.
