El pasado 3 de febrero, el gobierno de México concluyó una comparecencia de dos días ante el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La comitiva mexicana, encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, presentó los avances sobre la situación de la atención al tema de desapariciones forzadas en el país.
Dicha comparecencia se produjo ante la mirada de algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, quienes acudieron para presionar a las autoridades mexicanas a reconocer la competencia del Comité del organismo internacional para aceptar denuncias de ciudadanos por desapariciones forzadas (misma competencia que ya fue rechazada en 2008). Ante el ojo de la comunidad internacional, ¿es posible esperar que los resultados de dichas reuniones contribuyan a mejorar las políticas gubernamentales en materia de desapariciones forzadas?
A pesar de que la delegación mexicana anunció que se han llevado a cabo diversas acciones para combatir la desaparición forzada, como la armonización legislativa, búsqueda y localización de personas, atención integral de víctimas y medidas de prevención, el alcance e impacto de dichas medidas se puso en entredicho cuando la representación en Ginebra fue incapaz de ofrecer una cifra total de personas desaparecidas. Es decir, los funcionarios demostraron la contradicción del gobierno que presume aparentes soluciones a un problema que ni siquiera ha podido diagnosticar exhaustivamente. En este contexto, es importante cuestionar: ¿cómo pretende el gobierno atacar el problema de manera efectiva si no existe ni siquiera claridad en la dimensión del mismo?
Ante los cuestionamientos por conocer el estado de las acciones sobre el informe de desapariciones forzadas presentado en abril de 2014, la respuesta de la representación nacional se enfocó en las acciones anunciadas por el presidente Peña a finales del año pasado. Lo preocupante de esto es que, aun cuando se trataran de las acciones adecuadas, éstas se encuentran centradas en labores de prevención (lo cual no implica que funcionen) y no atienden temas pendientes como el mejoramiento del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RENPED), el desarrollo de un plan nacional de búsqueda, el fortalecimiento de las labores periciales, el desarrollo de un banco genético y transparencia. Además, si las autoridades desean realmente acabar con las desapariciones forzadas, deben poner fin a la impunidad que rodea la investigación y procuración de justicia de las mismas. Más que nada, tendría que existir la convicción de que este es un asunto importante que, además, tiene consecuencias internacionales. Parecería obvio que existe una contradicción entre pretender atraer inversiones del exterior y, al mismo tiempo, suponer que es posible ignorar la mirada del resto del mundo hacia el interior del país.
Si bien no fue el centro de la conversación, el caso de Ayotzinapa salió a relucir sobre la mesa. Lo preocupante es que, visto desde el panorama general, Ayotzinapa sólo es un caso más en un país repleto de desapariciones. Sólo la investigación de dicha tragedia derivó en encontrar toda una serie de fosas de cuerpos que siguen sin ser reclamados. Quizá entre lo más relevante respecto de este caso en específico, fue el hecho de que Gómez Robledo no vaciló en considerarlo un caso de “desaparición forzada”, por ende un crimen en el cual agentes del Estado estuvieron implicados.
Sin embargo, a pesar de toda la atención que pudieron acaparar estas audiencias, las facultades de la ONU y del Comité respecto de la jurisdicción mexicana son limitadas. La apuesta de los padres al acudir a presenciar las comparecencias más bien consistió en generar presión política internacional que, en todo caso, pudiera forzar a abrir una nueva línea de investigación o, al menos, encarecer los costos políticos de la indolencia. De momento, apenas se tiene la promesa de que en los próximos meses habrá una Ley General de Desapariciones Forzadas con el riesgo de que, como sucede en otros ámbitos, se siga poblando de “letras muertas” el ya de por sí atiborrado cementerio de leyes útiles, pero que sólo son piezas de legislación inservible. La verdadera pregunta es si la presión internacional, en combinación con el deseo de atraer inversiones, modifica la política interna.
