Como parte de las diez medidas que pretenden mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México, el Presidente Peña Nieto anunció la redefinición completa del sistema de competencias en materia penal.
De acuerdo con la iniciativa de ley, presentada el 1 de diciembre, lo que se busca es transitar del actual sistema “rígido” hacia el “federalismo cooperativo”. Por federalismo cooperativo se entiende un esquema flexible que posibilite la participación de todos los órdenes de gobierno para investigar, perseguir y sancionar delitos. En este sentido, ¿cómo sería esta nueva configuración y qué podemos esperar de ella?
De acuerdo con la iniciativa, el esquema vigente no es el idóneo para garantizar una adecuada procuración y administración de justicia ya que la rigidez actual frena la posibilidad de cooperación entre autoridades de distintos fueros y carga al fuero federal con una serie de asuntos menores. La configuración vigente establece las siguientes competencias respecto de la investigación, persecución y sanción de delitos:
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La Federación conoce de delitos federales, de delitos locales cuando exista conexidad con delitos federales y de delitos locales cuando atenten contra periodistas o contra el derecho a la información o la libertad de expresión e imprenta. |
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La Federación conoce de delincuencia organizada (bajo las reglas del régimen de excepción establecido por la reforma penal de 2008). |
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La Federación es competente para conocer de delitos de leyes generales en los términos que estas lo establezcan (delitos electorales, secuestro, trata de personas). |
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Todos los demás delitos son competencia de las autoridades locales. |
De acuerdo con la iniciativa de reforma al artículo 73 fracción XXI y el artículo 104 de la Constitución se contempla que el Congreso de la Unión expida una Ley General de Competencias Penales cuyo objetivo será modificar la situación actual y redistribuir las competencias para autoridades federales y locales. Aunque en un principio se comentó la posibilidad de que se decidiera aumentar el alcance de la competencia de la Federación al final se resolvió en sentido contrario. Lo que la segunda medida propuesta por el Presidente pretende es desarrollar un esquema que posibilite que las autoridades locales persigan delitos federales a la vez que las autoridades federales hagan lo mismo con delitos locales. Este esquema se construirá a partir de supuestos de actuación menos “rígidos”.
¿Cuáles son las razones detrás de esta decisión? La iniciativa responde a la idea de que las instituciones del sistema de justicia penal federal se encuentran saturados con una serie de asuntos menores (por ejemplo daño a propiedad federal o portación de arma de fuego) que les impide focalizar sus recursos en la persecución de delitos de mayor impacto. Sin embargo, lo que la iniciativa no dice es que la despresurización de las instituciones de justicia federal implica necesariamente aumentar la carga de trabajo de las instituciones locales; al final alguien deberá hacerse cargo de los delitos que delegue la Federación. En este sentido, el escenario más probable es una PGR con mayores recursos para un menor número de casos pero Procuradurías locales saturadas. Sin duda se trata de una medida pensada desde y para las instancias federales.
Por último, es importante apuntar que la iniciativa pretende poner fin a la posibilidad de que las autoridades rehúyan de sus responsabilidades, como ocurre desde 2012 con las entidades y su obligación para perseguir delitos vinculados con narcomenudeo. Sin embargo, si los supuestos de la Ley de Competencias y las subsecuentes Leyes Generales no son delimitados con claridad se corre un alto riesgo de que este innovador esquema “flexible” fracase. En el peor de los escenarios, lejos de propiciar la cooperación institucional, se podría terminar favoreciendo la indolencia al establecer responsabilidades de todos y de nadie a la vez.
