A 10 días de que se cumpla el plazo constitucional para que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, se celebró el segundo día del Octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia en la CDMX. Durante la mesa 10 “Justicia juvenil y funcionamiento de prisiones como parte del Sistema” se discutió acerca de dos leyes reglamentarias de la Constitución importantes para la consolidación del sistema de justicia penal, las cuales son:

La Ley Nacional de Ejecución Penal

Es necesario que exista una regulación para salvaguardar a las personas que se encuentran privadas de su libertad por el Estado, para esto en el momento en que se llevó a cabo la mesa se encontraba en la Cámara de Diputados pendiente la Ley Nacional de Ejecución Penal

Uno de los puntos más importantes que se tocó en la mesa fue que la ley debía prever las reglas de la prisión preventiva, ya que, al menos el 51% de las personas en reclusión se encuentran sin sentencia condenatoria en el fuero federal y un  39% en el caso del fuero común, lo cual nos presenta que gran parte de la población de las personas privadas de su libertad están sujetas a un proceso(Comisión Nacional de Seguridad, 2016).

La Ley Nacional de Ejecución Penal contempla lo establecido en la constitución y en los tratados internacionales en la materia atendiendo al principio pro persona y favoreciendo la libertad en vez de la prisión preventiva en aquellos casos en que el delito no sea grave. Se ha dado un uso excesivo de la prisión preventiva en delitos que por su temporalidad de 1 mes a 3 años de prisión podemos concluir que son delitos no graves. En el caso del fuero común el porcentaje de personas recluidas por esta cantidad de tiempo es de 53.01% y a su vez, cabe mencionar que el 47% de las personas privadas de su libertad fue por el delito de robo sin violencia (INEGI, 2016).

Otro punto tocado en la mesa fue la reinserción social. La Comisión Nacional de Derechos Humanos califica el cumplimiento del objetivo constitucional de la reinserción social tomando en cuenta las variables de gobernabilidad e integridad física en las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Las entidades federativas que tienen las calificaciones más altas (gráfico 1) son: Guanajuato, Jalisco y Tlaxcala con calificaciones que no suben de 7.6 (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2014).

Gr[afico 1

La Ley Nacional de Justicia para Adolescentes

El pasado 2 de enero feneció el plazo constitucional para que el Congreso de la Unión legislará una ley nacional sobre adolescentes. La mayoría de los adolescentes están siendo juzgados por un sistema inquisitivo-mixto y no por un sistema acusatorio, esto va a cambiar a partir del 18 de junio de 2016 ya que entra en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes aprobada el 14 de junio de 2016. Cabe resaltar que al no tener una Ley Nacional no existía un marco normativo que velará por  la reinserción social de este sector vulnerable.

Dichas leyes son estrictamente necesarias para la adecuada consolidación del nuevo sistema de justicia penal, de lo contrario las personas a las que van dirigidas no tendrán certeza y seguridad jurídica. En este contexto el congreso de la unión entró en un período extraordinario y aprobó las leyes el día 14 de junio de 2016, lo cuál resulta preocupante puesto que contará el sistema penitenciario y el sistema integral de justicia penal para adolescentes con 4 días para implementar las leyes aprobadas.

Si te interesa el tema puedes revisar los proyectos de decretos [1]:

  1. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; y se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal;
  2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

[1] Esto es debido a que el día 15 de junio de 2016 las leyes aún no han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por eso se ponen los proyectos de decreto.

Bibliografía.

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2014). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014. CERESOS, CEFERESOS y Prisiones Militares.  México: CNDH.

Comisión Nacional de Seguridad. (2016). Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional. México: CNS.

Zaffaroni, R., Tagle, T., Alagia, A., & Slokar, A. (2013). Manual de Derecho Penal Mexicano. México: Porrúa.

 

A través del buen aprovechamiento de los datos y las historias, Proyecto Justicia es un proyecto editorial y de investigación que tiene como objetivo sentar las bases de la justicia abierta en México, así como contribuir al fortalecimiento de la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.