La implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México ha sido un reto para nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia. Este reto surge a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en donde se estableció un plazo de 8 años para que los gobiernos estatales y la federación realizaran los ajustes legislativos y estructurales necesarios para propiciar la operación y consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Durante estos 8 años de implementación los avances institucionales y legislativos pueden apreciarse como grandes logros, o por el contrario, revelar los pendientes o áreas de oportunidad que existen para lograr la operación ideal del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Esta dualidad de interpretaciones obedece al punto desde el cuál se analice el contexto así como a los objetivos establecidos. Por ejemplo, en el reporte hallazgos 2015 [1] se presenta una escala de efectividad de los estados en la operación del sistema penal acusatorio realizada con datos del INEGI, esta escala evalúa a Chiapas con un 66.4 % de efectividad, siendo este estado el más eficiente de los evaluados en el nuevo sistema de justicia y al Estado de México en la última posición con una eficiencia del 7.1%. Estos datos contrastan con el tiempo que cada estado comenzó la operación del nuevos sistema de justicia ya que el estado de México tiene una ventaja de 31 meses y 20 días sobre Chiapas en la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, lo cual muestra los contrastes tan grandes que existen en la implementación del nuevo sistema de justicia penal entre los estados.
Bajo este ejercicio de contrastar y debatir logros y pendientes de la reforma penal, la primera mesa de trabajo “Ocho años de implementación: Logros y pendientes (2008-2016)” marcó el inicio del Octavo Foro Nacional Sobre Seguridad y Justicia, celebrado el 7 y 8 de junio de 2016.
A 11 días de vencerse el plazo constitucional para la operación en todo el territorio nacional de este nuevo sistema, José Antonio Caballero del CIDE presenta a los integrantes de la mesa y exhorta a cada uno de ellos, a exponer cuales fueron los avances que notaron desde su ámbito de acción y conocimiento en la operación del Sistema de Justicia.
Los logros
César Camacho Quiroz, Presidente de la Junta de Coordinación Política en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados reconoció que el Senado no es un operador del sistema, pero sí el elemento que da las herramientas para la operación, y destacó como un logro las reformas coadyuvantes que buscan dotar de certeza jurídica y que han acompañado la transición de nuestro sistema de justicia. Se permitió también anunciar la necesidad de preparar un segundo gran paquete de reformas posterior al 18 de junio, para seguir robusteciendo instituciones y leyes que fortalezcan el estado de derecho.
Alejandro Ponce de León Gómez, Director General de PROJUSTICIA reconocido en la mesa como uno de los pioneros en la operación y capacitación de la justicia acusatoria y oral en México, aseguró que – nadie puede negar que el sistema ya está operando y va a operar en todo el país – y afirma que del 100 % de los juicios que se realizan bajo el sistema acusatorio lo hacen respetando los principios de inmediación, publicidad y contradicción principalmente, salvo las excepciones que, por el tipo de delito, la propia ley considera la privacidad de las audiencias.
Luis David Ortíz Salinas, experto en Sistema de Justicia Penal Acusatorio señaló que la reforma comenzó desde los estados antes de la reforma constitucional y se mostró entusiasmado por el apoyo y acompañamiento de los organismos de la sociedad civil para impulsarla, sumando esfuerzos con las instituciones en pro de proveer mejor justicia para todos los mexicanos. Otro logro a consideración de Luis es la apertura de espacios no sólo para abogados, si no de otros tipos de profesionistas en la operación del sistema.
María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la SETEC advirtió que los logros no son resultados de una Institución, sino de la corresponsabilidad y colaboración interinstitucional de los distintos entes intervinientes en el Sistema de Justicia, del dialogo y determinación de metas en conjunto. También apunta a que durante este proceso de transición, algunas de las mejores prácticas son la eficacia de recursos, inclusión de nuevos perfiles para operar el sistema, la modernización y equipamiento tecnológico de los operadores(2).
Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la PGR, destaco como uno de los más grandes logros la convicción institucional por avanzar, no solo en implementar el sistema, si no en el cómo operar y declaró que hoy México está dentro de los países mejor posicionados en justicia alternativa y que con la operación del Código Nacional de Procedimientos Penales, se está dando prioridad a garantizar los derechos de víctimas e imputados.
Los pendientes
Los principales pendientes discutidos entre los distintos integrantes de la mesa fueron la capacitación de los operadores del sistema penal y las leyes pendientes de aprobar y que buscan fortalecer la reforma.
En general se reconoció que la puesta en marcha de la reforma implica modificar el paradigma del funcionamiento del Sistema de Justicia y un cambio de fondo dentro de la cultura institucional. Que la reforma se debe a que nadie estaba contento con la operación del anterior sistema, pero que no se trata de una reforma definitiva, porque esta modificación legislativa responde al tiempo y necesidades actuales.
Se concluyó que a pesar del vencimiento del plazo constitucional debemos continuar con la implementación y estandarización del proceso y que la reforma debe ir a una segunda etapa de maduración lo que implica reconocer donde estamos hoy y atender cuanto antes los pendientes antes señalados.
[1] Consulta el reporte de “Hallazgos 2015”, aquí.
[2] 48 Buenas prácticas de la Implementación y operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal – SETEC
