El pasado 21 de agosto de 2014, la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, en conferencia de prensa, dio a conocer las actividades realizadas por los organismos de procuración de justicia de todas las entidades federativas y, por supuesto, de la federal para brindar atención a uno de los aspectos que más lesiona al tejido social, me refiero a la incidencia delictiva y, en particular, a lo relativo a las personas no localizadas.
Por principio de cuentas señaló que “un primer punto de donde es necesario partir es definir a quiénes consideramos personas no localizadas. Diremos entonces, que son todas aquellas personas de las que se desconoce su paradero y esta circunstancia es hecha del conocimiento de la autoridad a través de una denuncia presentada ante la misma.”
Indicó que esta administración recibió al 30 de noviembre de 2012 “un total de 26,121 registros de personas no localizadas”. El total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas para el año 2013 es de 66 en el fuero federal y 4,448 en el fuero federal. Mientras que hasta el 31 de octubre de 2014 se tenían 162 para el fuero federal y 4,936 para el fuero local. Estas cifras se pueden consultar en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Por lo que hace a los delitos denominados de alto impacto el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión, elaborado por la secretaría técnica del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que la ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación al 19 de diciembre de 2014 y que son reportadas por las procuradurías estatales, correspondiente al período comprendido de enero a noviembre de este año nos indican que a nivel nacional acontecieron 33,040 homicidios de los cuales 15,946 fueron considerados dolosos y 17,094 fueron considerados culposos. Asimismo, se cometieron 1,779 secuestros y 5,807 extorsiones. Aquí cabe hacer la mención, que no necesariamente son los datos exactos de la totalidad de los delitos de secuestro y extorsión ya que no se contempla a quienes prefirieron no iniciar una denuncia, por lo que seguramente, la exposición a este fenómeno anti social es mucho mayor al que arrojan los datos oficiales.
Los estados que presentan el mayor número de víctimas por homicidio doloso son Estado de México con 2,050; Guerrero con 1,394; Chihuahua con 1, 184 y Michoacán con 1,052. En contraste, las entidades federativas que registran menos víctimas por este delito son Aguascalientes y Yucatán con 39 decesos cada uno; Campeche con 60 y Tlaxcala con 63.
Por lo que hace al secuestro, el mayor número de víctimas se concentran en Tamaulipas con 538, Estado de México con 186, Morelos con 123, Michoacán con 121 y Guerrero con 120. En sentido contrario, los estados con menor exposición a este delito los encabezan Yucatán y Baja California Sur con ningún secuestro en el período en comento, Aguascalientes con 1, Campeche con 3, Nayarit con 4, Colima y Tlaxcala con 5.
En tanto el delito de extorsión se destaca principalmente en el Estado de México con 1,042, Jalisco con 696, Distrito Federal con 607. Mientras que los que reciben menos denuncias al respecto están liderados por Nayarit con 1, Tlaxcala con 7 y Querétaro con 10.
Estas cifras no dejan duda alguna de la situación de emergencia que presenta nuestro país en materia de seguridad pública. También es cierto, que algunas entidades presentan problemas más severos que otras. Incluso, también hay que reconocer que hay gremios y/o profesiones que se encuentran mucho más expuestos que el resto de la sociedad precisamente por la naturaleza de su actividad. Por ejemplo, para la organización Centro Católico Multimedial, en su “Reporte Anual 2014: el riesgo de ser sacerdote en México”, establece que en los últimos 24 años se han registrado “45 crímenes arteros y 2 sacerdotes siguen en calidad de desaparecidos.” En la actual administración de EPN se llevan contabilizados 8 decesos y 2 desaparecidos.
Otro ejemplo es el relativo al gremio periodístico, la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, en su Informe correspondiente a enero del 2000 al 30 de noviembre de 2014, lleva contabilizado 102 homicidios. Los estados más peligrosos para ejercer esta actividad la encabezan Chihuahua con 16, Veracruz con 15, Tamaulipas con 13, Guerrero con 11. Para los años 2013 y 2014 se tienen reportados 8 y 2 decesos, respectivamente.
Como podemos ver, brindar seguridad pública a los habitantes de este país es una tarea inconclusa pero también debemos reconocer que, para avanzar en la dirección correcta, tenemos que involucrar a los tres niveles de gobierno y a la sociedad en su conjunto.
Los organismos de procuración de la justicia tienen diversos retos, quizá muchos de ellos internos como lo son sus procesos de reclutamiento, capacitación y permanencia en el servicio, el mejoramiento de sus condiciones laborales, entre otras muchas. Pero también es necesario renovar los elementos que las integran como un requisito ineludible para recobrar la confianza ciudadana que se ha perdido en las autoridades.
Es muy ingenuo pensar que a la luz del nuevo sistema de justicia penal en México, se puedan lograr resultados sorprendentes cuando los ministerios públicos, los jueces y secretarios de acuerdo provienen del tradicional sistema penal corrupto. Incluso, los cuerpos policiacos se han visto sujetos a intensos procesos de depuración que no son comparables con estos. Es cierto que la seguridad comienza con una buena policía, pero también lo es que la impartición de la justicia reclama servidores públicos que no desalienten la denuncia o que sometan al mejor postor las sentencias.
Ojalá que este sistema de reciclamiento de la plantilla laboral cuestionada en su honorabilidad no conduzca al fracaso a la más ambiciosa reforma penal que hayamos emprendidos en doscientos años al transitar hacia el nuevo sistema acusatorio.
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Víctor Manuel Vallejo Cruz
