Actualmente el panorama del estado de Veracruz no es alentador. Los sucesos de Tierra Blanca, la falta de seguridad para ejercer el periodismo y el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diera a conocer la “desaparición” de 35 millones de pesos en la entidad advierte una situación sumamente problemática y riesgosa para un Estado democrático como en el que vivimos. Todas estas situaciones rompen el tejido social y provocan que se perciba un ambiente de impunidad; por si fuera poco, las elecciones próximas provocan una apresurada reacción de diversos partidos políticos para sacar provecho de esta situación.

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una denuncia ante la Cámara de Diputados en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Dicha denuncia llevaría a un juicio político [1], el cual determinará la responsabilidad política del gobernador en los hechos. De ser responsable, la sanción sería la destitución y la inhabilitación para volver a trabajar en cualquier puesto de servidor público hasta por veinte años [2]. La Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Estado de Veracruz son las instituciones que pueden comenzar a investigar y abrir una carpeta de investigación o averiguación previa en contra de Duarte para así llevarlo con un juez y determinar su responsabilidad penal en el caso de los 35 millones faltantes, pues el hecho podría constituirse en el delito de enriquecimiento ilícito [3].

Es necesario que aquellas personas que han tenido que ver en los hechos anteriormente mencionados sean sentenciados y además paguen el daño generado, para así comenzar a vislumbrar el ambiente de seguridad y justicia que ha sido remplazado por una cortina de impunidad.

[1]  Artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos.

[2] Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos.

[3] Artículo 224 del Código Penal Federal.

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