“No sólo es cumplir con los esquemas pactados sino que se tienen que ver a fondo las condiciones en que laboran los elementos, por lo que no se puede aspirar a una policía como la de Suiza”. Ángel Aguirre Rivero, 31 de Octubre de 2011, XXXI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Este 27 de noviembre el Presidente de la República dio a conocer su propuesta de 10 medidas para mejorar el estado de derecho entre la que destaca la creación de 31 policías estatales únicas que vendrían a sustituir a cerca de 1,800 policías municipales que actualmente operan en el país.
Bien vale la pena analizar algunas cifras disponibles para darnos cuenta, a manera de diagnóstico, de la situación que priva en el ámbito municipal al que se le ha considerado como el eslabón más débil de las fuerzas policiales en el país.
De acuerdo con la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México existen 2,440 municipios por lo que a simple vista nos encontramos con que hay 640 municipios que no cuentan con servicio de seguridad pública para proteger a sus ciudadanos.
Por otra parte, con la información del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de 53 municipios analizados en el 2011, Tizimín en Yucatán pagaba el salario más bajo a la categoría correspondiente a policía, quien recibía la cantidad de $4,603.68 pesos, contra Tijuana, Baja California, que en ese entonces pagaba por la misma categoría $14,949.43
Al 30 de Octubre de 2014 117,334 elementos municipales correspondientes al 86% del total fueron evaluados satisfactoriamente por los Centros Estatales de Evaluación y Control de Confianza. Existen 18,177 elementos que no aprobaron dicha acreditación. Si los comparamos con los policías estatales nos encontramos que hay 178,427 elementos correspondientes al 90% que están aprobados contra 20,521 que fueron reprobados. Es decir, ambas policías se encuentran en condiciones muy similares en la materia.
Llaman la atención los casos extremos de los estados donde los aprobados y rechazados están casi al parejo. Incluyendo a los policías estatales y municipales Baja California Sur cuenta con 1,863 aprobados pero con 1,210 reprobados. San Luis Potosí tiene a 5,858 aprobados contra 2,050 reprobados y el caso más extremo Veracruz con 6,765 aprobados contra 5,818 reprobados.
A manera de comparación la PGR con sus 12,282 elementos y la Comisión Nacional de Seguridad con sus 47,132 elementos que incluyen por supuesto a la Policía Federal y sus subdivisiones así como el Instituto Nacional de Migración con sus 4,450 elementos, se encuentran al 100% evaluado.
Como vemos, no va a ser una tarea fácil dejar en manos de la voluntad de los gobernadores la integración exitosa de 31 policías estatales. Aquí dejo de lado la principal fuerza policiaca a ese nivel, es decir, el Distrito Federal que presenta una condición muy favorable con respecto a los estados. En este sentido, hemos visto año con año, la imposibilidad de cumplir con los compromisos que pactan en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública en materia de integración de las Unidades Especializadas en combate al Secuestro, de evaluación de sus policías que a los ritmos de los reprobados que se registran es una tarea de nunca acabar para alcanzar el 100% Además debemos considerar que las policías municipales, por ejemplo de Iguala y Cocula, que estaban acreditadas participaron en la masacre de los normalistas de Ayotzinapa por lo que no nos garantiza la probidad de sus elementos.
Esta es una tarea que la debió afrontar la federación a través de la integración de una policía nacional, ya que cuenta con la verticalidad para que el proceso no se disperse en 31 voluntades que llevan sus propios tiempos y ritmos, sus propios problemas presupuestales y que favorece aún, la dispersión de los recursos que se trata de combatir al eliminar a los 1,800 cuerpos policiales municipales.
Agréguele a lo anterior, las competencias entre las policías federal y las estatales, que ha sido una frecuente evasión de los gobiernos estatales para combatir el delito. Con una policía nacional ya no habría manera de que se pueden escudar en delitos federales y delitos del fuero común.
Finalmente, las Procuraduría Estatales, que son el complemento de las policías preventivas, han sido desplazadas del centro de las políticas públicas en materia de seguridad pública, lo que se ve reflejado de manera cotidiana en las carencias para poder llevar a cabo de manera exitosa investigaciones policiales de carácter científico, por lo que aún nos enteramos por los medios de comunicación de actos delictivos donde a los delincuentes no se les logra imponer una sanción por la práctica de la tortura y la mala integración de las averiguaciones públicas.
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Víctor Manuel Vallejo Cruz
