En el marco del #ProyectoJusticia, durante varios días se realizó una etapa importante del ejercicio de evaluación del Sistema de Justicia Penal a nivel federal, particularmente sobre el desempeño de los operadores jurídicos en la audiencia inicial o de control de detención. Lo cierto es que hace falta mucho por hacer, tal vez demasiado. Faltando casi 7 meses para que se cumpla el plazo constitucional para la implementación total del nuevo sistema, todavía tenemos:
1. Ministerios Públicos que leen toda la carpeta de investigación en la audiencia, que no saben elaborar argumentos para justificar la legalidad de la detención de su imputado, que siguen solicitando la pena privativa de la libertad com prima ratio en lugar de una medida de seguridad menos gravosa, etcétera.
2. Jueces que no fundan ni motivan sus decisiones, que no pueden conducir con celeridad y eficacia la audiencia porque no conocen sus partes y procesos, que resuelven dándole mayor peso a los partes policíacos por el mero hecho de ser elaborados por una autoridad en lugar de valorarlos solo como otro dato más de prueba, que no autorizan la aplicación del Protocolo de Estambul porque “no encuentran señales evidentes o razonables de tortura”, etcétera.
3. Defensores públicos que no saben esgrimir una defensa adecuada, que se quedan callados en lugar de debatir con el representante social, aún teniendo pruebas en su favor, que tienen que leer todo lo que dicen y que no aprovechan todos los medios de defensa que tienen a su alcance (presumo que por desconocerlos o sentirse inútiles para desahogarlos).
Si, falta mucho por hacer repito. Ciertamente no somos el país mejor preparado para este cambio: tenemos profundos problemas arraigados en la pobre educación jurídica de nuestras facultades de Derecho, una educación legalista, poco coherente con los nuevos paradigmas. Si esperamos que algún día los “nuevos” sistemas que implementemos en aras de alcanzar un mayor grado de justicia social, hemos de empezar por reformar de fondo la educación y la profesionalziación de los actores y operadores jurídicos. Creo firmemente. que ahí está la clave.
Carlos Escobedo Suárez
