En el primero de los desayunos “Punto por Punto” organizados por Proyecto Justicia el tema fue investigación en el nuevo sistema de justicia penal. La discusión entre expertos se dio con base en las siguientes consideraciones:
- Rol del Ministerio Público y las policías. La exposición de motivos del artículo 21 constitucional establece que aún cuando la investigación continúe a cargo del Ministerio Público, lo que se busca es que la policía actúe con autonomía técnica y funcional que le permita contribuir de forma activa a la investigación. No pocas personas interpretan dicho artículo como el establecimiento de una subordinación jerárquica y operativa de la policía hacia el Ministerio Público. En caso de ser así, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de dicho arreglo? ¿Es la subordinación una camisa de fuerza para las policías?
- Cadena de custodia. Ya que dentro del sistema acusatorio la prueba confesional deja de ser la prueba por excelencia, el Ministerio Público pierde la fe pública y la carga de la prueba recae en la parte que acusa, la transición hacia un sistema donde las pruebas juegan un papel fundamental en la decisión judicial, requiere del desarrollo de mecanismos que aseguren que todo indicio sea manipulado bajo procedimientos rigurosos que impidan alteraciones. En este sentido, ¿sobre qué estándares deberían desarrollarse los protocolos que regulen la manipulación y custodia de los indicios y la preservación del lugar de los hechos? ¿Cuáles son las mejores prácticas en materia de continuidad de la cadena de custodia en la sede ministerial y hasta el desahogo en el juicio oral?
- Informe policial. El informe policial tiene como objetivo crear una base de datos nacional y sectorial que permita recabar y analizar información que posibilite realizar análisis criminológico y de seguridad pública. En este sentido, ¿cómo garantizar que el informe policial sea un instrumento útil que aporte información valiosa al Ministerio público y a la ciudadanía interesada y no una excesiva burocratización de la investigación? ¿Están los policías preparados para asumir el nuevo rol que les demanda el sistema acusatorio e intervenir en las audiencias orales?
- Técnicas de investigación polémicas. Existen una serie de técnicas de investigación entre las que se encuentran los agentes provocadores, las operaciones encubiertas y las entregas vigiladas que han sido cuestionados porque supuestamente se encuentran en el margen de la legalidad. En este sentido, ¿dichas técnicas constituyen instrumentos necesarios de la autoridad u operan como facilitadores del delito? ¿cuáles son algunas de las experiencias mas exitosas o fracasos en la utilización de dichas técnicas?
- Controles judiciales. Ciertas técnicas de investigación como la intervención de comunicaciones y recientemente la geo localización han sido señaladas por representar potenciales violaciones a derechos humanos. En este sentido, la inclusión del poder judicial para autorizar o restringir actividades ha sido defendida como necesaria para evitar abusos. ¿Burocratización innecesaria o indispensable para garantizar el respeto a los derechos humanos? ¿Herramientas eficaces o potenciales violadoras de derechos?
- Investigación documentada. La investigación en el sistema acusatorio es una fase administrativa e informal, las pruebas recabadas durante esta etapa carecen de valor probatorio mientras no sean desahogadas frente al juez de juicio oral, ¿existe una contradicción entre la ausencia de reglas rígidas que regulen la investigación y la necesidad de garantizar formalidades que permitan el uso posterior de la prueba? ¿Deberían estar obligadas las instituciones de procuración de justicia a registrar todo acto durante la investigación?
Descarga la relatoría para conocer los puntos de vista expuestos durante este evento, que contó con la participación de Rommel Moreno, ex Procurador General de Justicia de Baja California; María de la Luz Candelaria Chiñas, ex Procuradora General de Justicia de Oaxaca; María Elena Andrade Ramírez, ex Subprocuradora de Zona Mexicali de Baja California; Abel Galván Gallardo, ex Subprocurador contra la Delincuencia Organizada de Baja California; y José Antonio Caballero, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Conoce más sobre los retos de la investigación en el proceso penal en este reportaje de #Odisea2016
