De los 10 compromisos firmados por el Presidente frente a algunos de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, llama especialmente la atención aquel que establece que la Procuraduría “se compromete a garantizar el debido proceso en el marco de las leyes aplicables“.
La reacción inmediata señala el lugar común: ¿no resulta redundante comprometerse a respetar una obligación permanente? Esta acusación de redundancia tendría sentido en un país donde, por regla, la actuación gubernamental se condujese con apego al principio de legalidad, pero ante nuestras circunstancias la reafirmación de respeto al debido proceso está tristemente justificada.
Encontrar ejemplos de violaciones reiteradas y sistemáticas al debido proceso es una tarea sencilla, ni siquiera requiere remontarse demasiado en la historia reciente del país. Irónicamente los testimonios de personas involucradas en las investigaciones que pretenden resolver la desaparición de los 43 estudiantes, acusan una serie de atropellos de la autoridad y dan muestra de que en nuestro país el respeto al debido proceso es la excepción. En este sentido, es irrefutable que en México ningún derecho está garantizado con su inclusión en la Constitución, pero tampoco con el desarrollo de un andamiaje normativo e institucional para asegurar su observancia. ¡Hace falta el compromiso explícito del Presidente! Es especialmente en esta época de tratados y reformas en materia de derechos humanos cuando resultan más evidentes las fatales consecuencias de la simulación.
No son pocas las voces que, a partir de los atroces hechos, reclamen lo que a su consideración es la gran reforma “olvidada”: la del sistema de procuración y administración de justicia. Sus llamados han tenido mucho eco. En este contexto, resulta todavía más difícil explicar que la reforma a la que se refieren ya tuvo lugar. Hace poco más de 6 años se promulgó una modificación constitucional que prometió elevar los estándares de calidad en las investigaciones criminales, asegurar la imparcialidad judicial y garantizar la protección para los inocentes y el castigo para los culpables. En este sentido, las válidas exigencias actuales evidencian –además de las deficiencias en la comunicación de la reforma de 2008- sus grandes lagunas y temas pendientes. Aunque bonitas, las salas de juicios orales per se poco contribuirán a construir confianza institucional. Por ello resulta apremiante atender las deficiencias del sistema de justicia penal antes de que su completo fracaso termine por sepultar cualquier vestigio de confianza en la institucionalidad del país.
Lo que no se logre como resultado del momentum iniciado por la reforma constitucional de 2008, la cual mandata la alineación de esfuerzos de todos los actores relevantes, difícilmente se logrará en otro momento. Es bien conocido que la gran mayoría de las violaciones al debido proceso se producen en las primeras fases del proceso penal, en particular durante la investigación y la detención. Enfoquémonos entonces en su fortalecimiento. Sin embargo, recordemos que el adecuado desempeño gubernamental no es solo un asunto de voluntades o de leyes, como tanto se ha insistido. Se trata de un tema de capacidades que se construyen a partir de capacitación, mejores salarios, desarrollo y consolidación de protocolos, cadenas de mando y supervisión, no de buenos deseos. Por ello no son necesarias más reformas; las condiciones básicas están puestas, hace falta cerrar la brecha entre la norma y su adecuada ejecución.
Ayotzinapa es el resultado de un gobierno pervertido y cooptado por la delincuencia pero, a pesar de ello, todavía es posible caer más bajo. El gran riesgo es que justifiquemos una mayor degradación del Estado en pos de una justicia de ficción. Esa “justicia” selectiva a la que nos han malacostumbrado en México, repleta de chivos expiatorios y linchamientos mediáticos. En este contexto, no sorprende que el Presidente de la República suponga insuficiente la obligación de respetar el debido proceso como se encuentra plasmada en la Constitución y considere necesario firmar un compromiso especial para recordar que en el combate a la delincuencia el fuego no se combate con fuego. No permitamos que lo olvide.
*Este artículo también fue publicado en el blog “Del Dicho al Hecho” en El Universal
