En el décimo noveno desayuno #PuntoPorPunto se convocaron expertos con el objetivo de hablar sobre la siguiente etapa del sistema de justicia penal acusatorio en México, la consolidación.
En el desayuno se contó con la presencia de Alejandro Ponce de León, titular de Projusticia, Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Carlos Ríos Espinosa, experto en el sistema de justicia penal, Alejandro Magno, experto en el sistema de justicia penal
En junio de 2008, en México se instituyó una de las más importantes y ambiciosas transformaciones normativas e institucionales que ha vivido el país: la reforma constitucional en materia de justicia penal. El objetivo de esa trascendental reforma fue el de hacer realidad un sistema de justicia penal más eficaz, eficiente y que garantice el respeto de los derechos humanos de las víctimas e imputados, asegurando el acceso a una justicia de calidad y minimizando la impunidad, pasando de un proceso penal tipo inquisitivo y poco transparente a uno acusatorio y oral. La implementación de esta transformación requería el diseño de una política pública integral y de una planeación estratégica.
Después de ocho años de un intricado proceso de implementación, el pasado 18 de junio se cumplió el plazo que la Constitución dio a los estados y a la Federación para que esta transformación fuera una realidad en las instituciones de justicia a nivel nacional. Durante este tiempo, el sistema de justicia penal estuvo en el centro de la agenda pública nacional. Fue invertida una enorme cantidad de recursos y se llevaron a cabo enormes esfuerzos en materia de capacitación, infraestructura, sistemas informáticos y reorganización institucional para hacer realidad la reforma penal, y lograr que las instituciones transformaran desde adentro la forma de procurar, administrar e impartir justicia.
Pero, a pesar de los enormes esfuerzos, aún existen muchas brechas, y la ausencia de condiciones y capacidades institucionales representan aún un obstáculo para el acceso a una justicia de calidad. Estas brechas, relacionadas con la falta de investigación científica, el fracaso en el objetivo de descongestionar el sistema de justicia y la ausencia de capacidades en los operadores, en el mediano plazo, tendrán consecuencias directas en los ciudadanos, propiciando violaciones sistemáticas a los derechos de víctimas e imputados y perpetuando la impunidad.
Las autoridades apuestan a que estos espacios de mejora serán subsanados en lo que llaman un proceso de consolidación del sistema penal acusatorio, que iniciaría una vez culminado el proceso de implementación. De acuerdo con el cálculo realizado por CIDAC basado en el avance que tuvieron las entidades federativas en la implementación, el sistema de justicia alcanzaría un estándar óptimo de calidad en once años más. Pero ese cálculo es pensando en que se inviertan la misma cantidad de esfuerzos y recursos que en los últimos 8 años. Es por ello que ante la problemática que nos encontramos, una pregunta fundamental es si la consolidación implicará el mismo nivel de esfuerzo.
En el mes de octubre, la SETEC[1], que fuere la instancia encargada de coordinar la implementación de la reforma penal concluyó sus funciones, y la estafeta para esta nueva etapa fue entregada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), institución que será la encargada de coordinar los esfuerzos para la consolidación. Sin embargo, aún no existe información clara sobre cuáles serán los esfuerzos institucionales de coordinación que el Secretariado llevará a cabo y si se cuenta con una planeación integral para alcanzar la meta de contar con un sistema de justicia eficiente y de calidad.
Ante la problemática planteada surgen las siguientes interrogantes:
- ¿A qué se refiere la consolidación del sistema de justicia penal?
- ¿El Secretariado Ejecutivo es la dependencia adecuada para establecer un enlace operativo para la consolidación del sistema de justicia penal?
- ¿Cuáles deben ser los pasos a seguir en esta etapa de consolidación?
- ¿Cuál será el papel del Poder Judicial y la Procuraduría en la consolidación del sistema penal?
- ¿Permanecerán en operación las instancias de coordinación locales
- (órganos implementadores)? ¿cuáles serán sus funciones?
- ¿Cómo llevará a cabo el Secretariado la coordinación con otras instituciones federales?
- ¿Cuáles son las áreas prioritarias de atención para la consolidación del sistema de justicia penal?
- ¿Cuáles son los retos que enfrenta el Secretariado Ejecutivo en la consolidación del sistema de justicia penal?
Descarga la relatoría del desayuno para conocer la opinión de los expertos.
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[1] Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema Penal
