Desde el mes pasado se han incrementado las denuncias por parte de diversos actores públicos cuestionando la eficacia del nuevo sistema de justicia penal.
Carlos Mejía López, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California expresó que veía una falta crítica en la capacitación e infraestructura que estaban causando una impunidad cerca del 50% en Mexicali. “Los delincuentes están más contentos” expresó Mejía López, haciendo eco de las preocupaciones de la ciudadanía sobre la implementación del nuevo sistema en Mexicali, y que se espera que entre en vigor en Tijuana el próximo año. Agregó además, que no solo es falta de capacitación a las autoridades sino también a los abogados litigantes y que no veía con buenos ojos la implementación en Tijuana por las mismas razones.
En Guanajuato el presidente municipal de San Miguel de Allende acusó a los jueces de tibieza debido a que –de acuerdo con el presidente- estaban dejando libres a delincuentes violentos reincidentes. En Nuevo León, Patricia de Obeso, del Instituto de Economía y Paz explicó que “aun con la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, el índice de impunidad nacional aumentó un 14 por ciento en el país y en el norte del país un 49 por ciento”. Señaló que Nuevo León tiene la tasa de delitos impunes más alta de la Federación, incluyendo delitos de homicidio y en sobrepoblación de centros penitenciarios.
Los ejemplos anteriores son solo una muestra, que representan –un lado– de la implementación de la reforma al sistema de justicia penal. Sin embargo, la implementación se encuentra en un estado muy joven de desarrollo y tomará tiempo para que se asiente y marche de la manera que se espera por lo que es precipitado descalificarla. Por otra parte, sí es cierto que muchos aspectos en la implementación han sido deficientes. A la fecha muchos Estados están atrasados y es claro que durante mucho tiempo no se hizo nada para avanzar su incorporación al nuevo sistema, y ahora bajo la presión de su entrada en vigor nacional en 2016 (y de la negativa del Ejecutivo de dar prorrogas) muchas cosas parecen hacerse al vapor.
No son pocos los casos donde los mismos implementadores, autoridades y agentes del sistema de justicia han expresado “no entender” la reforma, evidenciando una clara deficiencia en los procesos de capacitación y en la comunicación sobre la importancia de ésta. No hay posibilidad alguna de marcha atrás en la reforma por lo que la preocupación principal no debería ser que los Estados entren a la fuerza y apresurados al nuevo sistema sino construir las bases que garanticen su correcta implementación.
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