No es de poca importancia la actuación policial en delitos de drogas pues estos son, muchas veces, el primer acercamiento que se tiene entre la justicia y las personas presuntamente implicadas e incluso entre cualquier otro civil.
En el artículo “Duros contra los débiles, débiles frente a los duros: Las leyes de drogas y el accionar policial” escrito por Juan Carlos Garzón Vergara del Programa Latinoamericano del Wilson Center se analizan las políticas públicas en delitos de drogas implementadas por la institución policial y sus repercusiones.
En el articulo se identifican los principales impactos de dichas políticas como sería la mala relación de la policía con la ciudadanía, las graves violaciones a los derechos humanos y la falta de atención para personas con problemas graves de adicción. En este ultimo aspecto de acuerdo al Informe Mundial de Drogas 2015, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contras la Drogas y el Delito (UNODC) solo uno de cada seis consumidores problemáticos recibe algún tipo de atención.
El artículo también señala cuatro efectos asociados: 1) La represión enfocada en los delitos menores y los eslabones más débiles de la cadena; 2) Patrones de detención frecuentemente basados en estereotipos que recaen sobre las poblaciones más vulnerables; 3) Corrupción y penetración del crimen organizado; y 4) Uso desmedido de la fuerza y violaciones a los Derechos Humanos.
Como sabemos muchas existe una percepción negativa por ciudadanos frente a la policía y en países como México esta ha visto intensificado con la llamada “guerra contra las drogas” la cual deja a la policía con muy poca aceptación de sus actuaciones por parte de los ciudadanos, lo que únicamente ocasiona un problema más para la institución policial.
La hipótesis que se da en el artículo es que cambios en el enfoque punitivo de las leyes de drogas podrían contribuir a una labor policial más focalizada en los delitos y conductas más graves. Al mismo tiempo, reformas en este campo tendrían el potencial de cambiar la relación con las comunidades y restringir los abusos. El desafío de fondo es modificar culturas organizacionales anacrónicas, fincadas en un modelo que ha privilegiado el uso de la fuerza contra los más débiles
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