Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción

La semana pasada, en el marco de su visita por nuestro país, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió su informe sobre la situación de derechos humanos en México así como una serie de recomendaciones. El mensaje central del reporte es claro: México se encuentra inmerso en una crisis en materia de derechos humanos. El informe del Comisionado es congruente con una serie de reportes previos provenientes de diversas fuentes: el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos crueles[1], el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos[2] , el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). Todos coinciden en el diagnóstico del problema: el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la protección de derechos humanos en el contexto de violencia en el país. Además, en ocasiones, la violación ha provenido de las mismas autoridades federales, estatales y municipales.

Si bien el Alto Comisionado reconoció la importancia de los avances en materia de normatividad, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y el desarrollo de políticas públicas como el Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2018, también enfatizó que la creación de un marco jurídico e institucional ha resultado insuficiente. En el desarrollo del informe, el señalamiento de estos logros parece servir únicamente como paliativo para después señalar a la situación mexicana como “trágica”, caracterizada por 151 mil muertos y 26 mil desaparecidos, agravada por una impunidad del 98%. Asimismo, el organismo resaltó la necesidad de atender cuatro ámbitos de forma urgente:

1. Fortalecer a las procuradurías del país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean investigadas.
2. Fortalecer la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluido el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
3. Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
4. Implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.

Además de destacar la grave situación, el Alto Comisionado acentuó la resistencia del gobierno mexicano ante las opiniones de organismos no gubernamentales y las caracterizó como “intolerantes ante la crítica pública”. La administración de Enrique Peña Nieto ha insistido en negar los diagnósticos de los distintos organismos en materia de derechos humanos, como si ello fuera suficiente para evadir la realidad. En este sentido, resulta interesante hacer un recuento de las últimas recomendaciones relacionadas con violaciones graves a derechos humanos al Estado mexicano (tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada):

Tabla 1

Tan solo de 2006 a la fecha el Gobierno de México ha recibido 548 recomendaciones en materia de violaciones graves a derechos humanos por parte de organismos nacionales e internacionales (Ver Tabla 1). No obstante, el cumplimiento de un número considerable de estas recomendaciones continúa pendiente. Por ejemplo, de las 12 recomendaciones emitidas por la CIDH entre 2000 y 2013, el 50% de éstas aún no han sido atendidas. Más allá de los pendientes, lo preocupante es que a pesar de las acciones formales que ha tomado el Estado mexicano –ratificación de tratados, aceptación de la competencia de organismos como la Corte Interamericana y reformas legales– los efectos no han sido los esperados. Por ello, es momento de replantear los mecanismos de solución.

Queda claro que no es suficiente reforzar la regulación si no se acompaña de un verdadero esfuerzo por reducir los altos índices de impunidad además de acciones preventivas integrales que atiendan todas las dimensiones del problema: desde brindar capacitación integral a los servidores públicos hasta replantearse la efectividad de la política criminal y de seguridad.

 La tentación de la mano dura

La ruta crítica está trazada por las recomendaciones de los organismos internacionales: la respuesta hacia la crisis de seguridad debe ir necesariamente acompañada de un fortalecimiento al respeto a los derechos humanos. No obstante, la ausencia de un planteamiento integral que incluya un fuerte componente de derechos en la agenda de seguridad pública y el enfoque reactivo del gobierno mexicano, refuerzan la posibilidad de que el imaginario colectivo se apropie de soluciones de “mano dura”. Es decir, acciones que bajo la promesa de reducir la delincuencia comprometan el respeto a los derechos humanos de los delincuentes.

Este tipo de soluciones tienen altas posibilidades de resultar atractivas para la ciudadanía. No es casualidad que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haya impulsado propuestas que prometían la “pena de muerte o cadena perpetua a secuestradores”. Es decir, las alternativas a los crecientes niveles de inseguridad y la falta de solución por parte del sistema de justicia a la mayoría de las denuncias, han llevado a que sectores de la sociedad respalden este tipo de medidas; lo cual evidencia los riesgos de respuestas autoritarias ante la indolencia, incapacidad o colusión gubernamental.

De acuerdo a los datos de LAPOP (Latin American Public Opinion Project), es evidente como el discurso de la mano dura es, peligrosamente, cada vez más popular entre la sociedad. Si comparamos los datos de 2008 y 2014 observamos que el 26 y 29% de la sociedad, respectivamente, considera que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura para resolver los principales problemas. Además, para 2006 y 2014 el 13.5% y 18.4% considera que en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es una buena alternativa (ver gráficas). Es decir, debido a la incapacidad del Estado para contener la inseguridad se ha propiciado que la sociedad se orille a respuestas menos democráticas que vulneran el respeto a los derechos humanos, las cuales lejos de resolver el problema sólo encaminarían al país a un escenario autoritario.

Fuente: LAPOP

Fuente: LAPOP

En este contexto, no es sorprendente que algunas de las respuestas del Gobierno mexicano ante la crisis sean precisamente de este talante. El caso del Ejército en las calles es un ejemplo concreto. Mientras el Alto Comisionado recomienda al Gobierno mexicano plantearse una ruta de transición que posibilite el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, el General Cienfuegos, entre otros, ha señalado el vacío legal en el cual operan las fuerzas armadas, y ha señalado la necesidad de elaborar leyes que regulen la actuación del ejército en las calles. Es decir, normalizar una situación de excepción. La tentación está en que el Ejecutivo elija la opción de aprobar legislación que detalle de forma explícita el comportamiento del Ejército que favorecerá a perpetuar la excepción.

Aunque la respuesta de “mano dura” puede resultar atractiva, existen datos que comprueban su ineficacia para reducir la inseguridad. El régimen de excepción en México, que otorga una serie de licencias para combatir al crimen organizado[3], opera desde 2008 y no ha generado los resultados que prometió. Por ejemplo, de los 4 mil arraigos ejecutados durante el gobierno del Presidente Calderón únicamente en 120 (3%) se ejerció acción penal. Es importante detallar como la figura del arraigo es en sí misma violatoria de derechos humanos básicos. De forma que aún si esta figura fuera eficaz, su carácter violatorio se mantendría. En este sentido, el régimen especial para delincuencia organizada sólo ha significado más violaciones a derechos humanos sin que ello represente disminución en los índices de inseguridad. La CNDH cuenta con 807 expedientes de queja de personas sometidas a arraigo de 2007 a 2014 y de éstas el 54% se deben a tratos crueles.

Las violaciones a derechos humanos han sido una de las principales consecuencias de la actual crisis de inseguridad. Además, es cada vez más notorio como la violación de estos derechos es una práctica que no ha sido atendida por las distintas instituciones gubernamentales. Desgraciadamente, el andamiaje legal e institucional de protección a los derechos humanos no ha impedido su vulnerabilidad. Además, ante el fracaso de la estrategia de seguridad, la sociedad se encuentra cada vez más desesperada por encontrar respuestas donde las alternativas de mano dura han ganado una considerable popularidad. En este sentido, los derechos humanos parecen vulnerables a embates provenientes de múltiples frentes. Ante este escenario, la verdadera observancia del marco normativo en materia de derechos humanos, así como la cooperación con los distintos organismos internacionales, y la ejecución de acciones preventivas integrales, deben de establecerse como la vía única para atender la crisis de derechos humanos actual.

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Autores: Mireya Moreno, Carlos de la Rosa, Ximena López, Rafael Vega y Santiago Martínez.

Coordinadora: Mariana Meza.

Editor: Patricio Toussaint.

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[1] El relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, Juan E. Méndez afirmó recientemente que en México todas las instituciones que cuentan con facultades para realizar detenciones, es decir policía, ejército y marina, practican la tortura de forma cotidiana.

[2] El informe sobre México en el año 2014 elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos presenta un panorama desolador caracterizado por las violaciones graves a derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales (Tlatlaya), desapariciones forzadas (Ayotzinapa), tortura (552 quejas en la CNDH), detenciones ilegales (663 quejas en la CNDH) y abuso de la prisión preventiva (sobrepoblación del 27 por ciento a nivel nacional).

[3] Dentro de este régimen de excepción se encuentra la duplicidad del plazo constitucional de detención ante el Ministerio Público de 48 a 96 horas, la reserva de identidad del acusador, prisión preventiva oficiosa y hasta dar valor probatorio para el momento de dictar sentencia a las actuaciones que se realizaron exclusivamente en la investigación, entre otras restricciones que violan el Debido Proceso.

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