“La reforma del Sistema de Justicia Penal en México no es una posibilidad. Hoy han hecho ustedes que el futuro se convierta en presente”, así comenzó su ponencia el Mtro. Pedro Langre en el marco del 8vo Foro Nacional de Seguridad y Justicia.
Si hace 15 años nos hubieran dicho en México que íbamos a tener un Sistema de Justicia en el que oralmente las personas podrían debatir ante el juez, seguramente muchos se hubieran reído. Y es que ni siquiera las autoridades consideraban a esta reforma como algo real.
La idea de una reforma al Sistema Penal se comenzó a discutir desde el 2003, en 2004 Vicente Fox presentó la primera reforma al Sistema de Justicia la cual no fue bien recibida. Sin embargo dentro de México la sociedad civil comenzó a movilizarse y se consolidaron importantes reformas en estados como Oaxaca, Nuevo León y Chihuahua. Así mismo en América Latina la discusión al respecto ya había tomado forma y los países comenzaban a consolidarse bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
México tuvo que ceder, en 2008 nació la reforma constitucional que cambiaba completamente el sentido de la justicia penal en México y que fundamentalmente buscaba el respeto a derechos humanos a los que, desde años atrás, México se había comprometido (por medio de tratados internacionales) a respetar.
El cambio de un sistema mixto a uno acusatorio era un cambio que, por la naturaleza democrática del país, tenía que llegar.
La tarea fundamental del Estado democrático consiste en garantizar el desarrollo de los ciudadanos en un marco de seguridad y libertades (León) y que mejor para garantizar estos derechos que un Sistema regido por principios como la contradicción, la inmediación, la publicidad, continuidad y la concentración[1].
Como lo señala Pedro Langre a finales del siglo XX México era un país cerrado en cuestiones económicas, políticas y sociales. Fue en el siglo XXI que la sociedad civil se hizo escuchar pasando de un sistema cerrado a uno abierto el cual poco a poco tiene que evolucionar a uno libre que garantice el desarrollo de la sociedad democrática. Con la organización de la sociedad civil, nuestras élites económicas y políticas tienen que aprender a escuchar nuestra voz y darse cuenta que el mensaje de la sociedad civil ayuda con la gobernabilidad.
Durante los últimos cinco años se han invertido más de 3,500 millones de pesos en el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal[2], este dinero se ha destinado solo a la estrategia de la que habla el Mtro. Ángel Valencia Vásquez durante su participación en el 8vo Foro Nacional de Seguridad y Justicia. Esta estrategia busca fortalecer y capacitar a las Instituciones pero está dejando de lado al comportamiento y las conversaciones que existen dentro de las mismas Instituciones, estas dos traducidas como “cultura”.
El Mtro. Ángel Valencia define a la cultura como “el conjunto de comportamientos y conversaciones que definen el resultado de una persona, de un equipo o de un país”.
Para hablar de un proceso de cambio real y una consolidación del Sistema de Justicia Penal se necesita incluir el cambio de cultura dentro de las Instituciones y en general de la sociedad mexicana. Si se establecieran valores y creencias enfocadas en este Sistema de Justicia y se complementaran con las estrategias en las que tanto se ha invertido entonces podríamos hablar de una incidencia real en la democracia del país.
Notas al pie de página
[1] Principios del Sistema Penal Acusatorio establecidos en el artículo 4to del Código Nacional de Procedimientos Penales
[2] Dato obtenido del reporte de hallazgos 2015 del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
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