De manera formal, desde el año 2010 el estado de Michoacán se comprometió formalmente con la reforma del sistema de justicia penal, a través de la creación del organismo de implementación, evaluación y seguimiento, mismo que estaría encargado de ejecutar las acciones de cambio a través de cuatro distintos ejes: tecnologías de la información y estadística, capacitación, infraestructura y difusión.
La diferencia e invaluable convergencia de estos distintos ejes nos dan la posibilidad de hablar, aquí y ahora, de un sistema de justicia en donde las tecnologías de la información y la capacitación desempeñan un papel fundamental que amerita nuestra atención, motivo por el el cual se adoptaron en la entidad los criterios generales de las tecnologías de la información y comunicación emitidos por parte del Consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, de fecha 9 de diciembre de 2010.
Los trabajos iniciales fueron coordinados por el Dr. Alejandro González Gómez, en su calidad de Presidente del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, quien nos instruyó para que buscáramos, en coordinación con los directores de tecnologías y de capacitación de las instituciones operadoras (Poder Judicial, Instituto de la Defensoría Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad Pública), las mejores prácticas en lo que a capacitación, sistemas informáticos de gestión y sistemas de videograbación para audiencias de tipo oral, con el fin de adecuarlos a las necesidades que demandaba la entidad, pero siguiendo, además, los más altos estándares de gestión y calidad.
De este modo, la primera encomienda en el eje de tecnologías consistió en hacer posible la digitalización de los procesos conforme a la naturaleza jurídica y operativa que entraña un sistema de corte acusatorio, adversarial y oral, pero siguiendo las directrices que establecía entonces el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. Así, a fin de dar cumplimiento a lo propuesto se logró concertar un intercambio de experiencias en materia de capacitación, gestión y de tecnologías de la información con los estados de Guanajuato y Baja California, de donde recibimos del invaluable apoyo de nuestros amigos el Mtro. Mauricio Ontiveros Hornelas, Director de Gestión de Juzgados de Oralidad del Poder Judicial de Guanajuato, así como del Ing. Luis A. Villarreal, actual Administrador judicial del Poder Judicial de Baja California, respectivamente.
La gestión del sistema de justicia penal no podía visualizarse, por tanto, sin la puesta en marcha de sistemas informáticos, por lo que la nueva forma de administrar y procurar justicia debía de estar alineada a las demandas de la sociedad, por lo que se dio inicio a una sucesión de eventos que describimos a continuación. Así, se analizó como primera posibilidad el desarrollo de un sistema informático desde cero o comprar soluciones comerciales que se ofrecían en el mercado; y, como segunda opción, el aceptar el apoyo de la transferencia tecnológica del Sistema Informático de Gestión que ya operaba el Poder Judicial de Baja California y que gracias a las gestiones del Ing. Villarreal, sería compartido a Michoacán.
Del análisis de las opciones planteadas se obtuvieron las siguientes conclusiones. El desarrollo y operación de un sistema informático desde cero no permitía cumplir con el primer cometido que consistía, precisamente, en iniciar en tiempo y forma con los procesos prioritarios digitalizados, como la solicitud y la confirmación de audiencias a las partes en la primera región de implementación (Morelia), a lo que había que añadir el hecho de que la adquisición de una solución comercial era, por mucho, superior en costo al presupuesto con que se contaba. Por el contrario, las razones para aceptar el inestimable ofrecimiento del Poder Judicial de Baja California, eran múltiples: compatibilidad con el modelo de gestión visualizado por el Consejo del Poder Judicial de Michoacán, así como eficacia probada ya que su plataforma tecnológica mostraba estabilidad en la operación de procesos de la Administración Judicial prioritarios.
En efecto, con la operación del Sistema Integral de Administración Judicial (SIAJ) se cubrían necesidades de digitalización ciertamente importantes en sede judicial, pero aún no se cumplían las expectativas de digitalización de procesos en el resto de las instituciones operadoras, como era la gestión de las unidades de atención temprana, las unidades de investigación, así como de la Unidad de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de Justicia, entre otros.
De este modo, con la oportuna aceptación de la opción que denominamos “experiencia judicial compartida”, inició el proceso de formalización a través de la firma del convenio de colaboración que permitía, tanto la transferencia tecnológica, así como la capacitación por parte del personal técnico, administrativo y jurisdiccional de Michoacán quienes acudieron a Baja California para recibir una formación técnica, administrativa, operativa y jurídica, respecto de la dinámica de operación del SIAJ en esa entidad.
Ahora bien, debido a que los requerimientos de infraestructura y licenciamiento propios del SIAJ eran de difícil adquisición, aunado al implacable factor tiempo, el Sistema Morelos del Poder Judicial de Michoacán se dio a la tarea de migrar el sistema recibido a un sistema de administración de base datos con el que ya se contaba, así como a generar las interfaces que posibilitarían recibir y confirmar la solicitud de audiencias con operadores de la PGJE y el Instituto de la Defensoría, debido a que estas instituciones carecían del personal capacitado para el desarrollo de software, por lo que el objetivo, si bien era ambicioso, también era factible, dándose inicio al proceso de migración.
Iniciado dicho proceso, el Consejo implementador de Justicia Penal en la entidad determinó que era necesario posponer la entrada en vigor del nuevo sistema penal hasta el 03 de febrero de 2014. Esta postergación permitió que el cronograma de actividades de implementación estuviera menos forzado; el escenario era otro y admitía la búsqueda de otras soluciones para digitalizar la mayor cantidad de procesos en el resto de las instituciones, por lo que la Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, entonces Titular de la Secretaría Ejecutiva, solicitó oportunamente a la Dra. Ángeles Fromow Rangel su apoyo para la donación por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) del sistema informático de gestión para digitalizar los procesos en las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, y que a través del ejercicio del subsidio para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal se lograron alinear al modelo de gestión del Estado los módulos prioritarios del sistema de la Procuraduría General de Justicia y del Instituto de la Defensoría en el Estado, mismos que permitirían una comunicación electrónica interinstitucional para el agendado de audiencias.
Ruta de una cronología en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en el Nuevo sistema penal de Michoacán
- Se firma el Convenio de colaboración en materia de informática entre el Poder Judicial de Baja California y el Poder Judicial de Michoacán el 17 de agosto de 2012.
- Se da la primera postergación de inicio de vigencia del NSJP en Michoacán, misma que estaba programada para dar inicio el 21 de febrero de 2013.
- Se formaliza el Convenio de colaboración interinstitucional para proporcionar el SIGI, acuerdo entre la SETEC y el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán en julio de 2013.
- Se da el proceso de adaptación del SIGI para tres módulos de la PGJEM e interconexión con el Poder Judicial el 28 de agosto de 2013.
- El siguiente paso fue la adaptación del SIGI para el Instituto de la Defensoría, así como la solicitud y confirmación de audiencia en Poder Judicial el 2 de noviembre de 2013.
- Segunda fecha de inicio de vigencia del NSJP, para el 3 de febrero de 2014.
- Adaptación del SIGI para la Secretaría de Seguridad Pública el 14 de agosto de 2014.
- Adaptación de los módulos restantes de la PGJEM.
- Inicio del desarrollo del sistema estatal de indicadores, septiembre de 2014.
- Se publicó el Protocolo en caso de contingencia con el sistema informático de las instituciones
- operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán Protocolo de actualización de catálogos de datos para los sistemas informáticos de gestión de las instituciones operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán de Ocampo en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo del 18 de febrero de 2015.
- Inicio de vigencia del NSJP el 7 de marzo de 2015 en las regiones de Morelia y Zitácuaro.
A través de esta reseña cronológica se pueden conocer la ruta de acciones para la digitalización de los procesos del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán. Cabe destacar que en este artículo no se detalla el equipamiento tecnológico necesario para la operación de las tecnologías de la información mencionadas, pero podemos precisar que se han invertido 40.5 millones de pesos en este rubro.
Todos estos momentos y estadios de implementación no hubieran sido posibles sin una capacitación de los operadores en temas específicos sobre la mecánica operativa y la comunicación electrónica interinstitucional, por lo que se elaboró un diagnóstico para conocer el grado de alfabetización digital con que contaban los operadores, lo que arrojó datos no favorables sobre el conocimiento en el manejo de computadoras, circunstancia que dificultaba, aún más, la idea de poner en marcha un sistema informático de gestión. Por ello, se buscó obtener recurso federal proveniente de la SETEC para que fueran capacitados en los conocimientos y destrezas tecnológicos propias de la encomienda, a lo que se sumó, además, la ayuda del programa de acompañamiento que la SETEC había impulsado a nivel nacional y el apoyo de USAID (US Agency for International Development), organismo que a través de las dinámicas impulsadas por la Mtra. Rebeca Fernández Calleja, lograron dar certidumbre al Programa de Fortalecimiento para dar capacitación a las unidades de administración de tribunales.
La cronología expuesta permite conocer, a modo de síntesis, los trabajos y el compromiso que la Secretaría Ejecutiva del Consejo implementador llevó a cabo sobre el establecimiento y concreción de las tecnologías de la información en el marco del nuevo proceso penal. El ejercicio ha sido productivo, aleccionador y requerirá de una evaluación y mejora continua para lograr su perfeccionamiento, más se considera que al día de hoy, como viene apuntando acertadamente el Lic. J.Jesús Sierra Arias, en sus atribuciones de Secretario Ejecutivo, las tecnologías son el medio idóneo que permitirá la evaluación de la operación real del sistema de justicia penal, más aún si se considera que al día de hoy en Michoacán se cuenta con el 86% de operatividad del nuevo sistema de justicia penal. Soportando esta aseveración es la concreción del acuerdo mediante el cual se establece la obligatoriedad del uso de los sistemas informáticos de gestión y de indicadores para la Procuraduría General de Justicia, el Poder Judicial, el Instituto de la Defensora Pública y la Secretaría de Seguridad Pública, instituciones operadoras del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Michoacán.
Por: LATI. Oscar Arturo Padilla Sánchez
Dr. Eduardo Martínez Altamirano
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Oscar Padilla
