El pasado jueves 9 de abril, se llevó a cabo la presentación del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que estará albergando el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM junto con su director Pedro Salazar y coordinado por Magdalena Cervantes. Al evento asistieron distintas organizaciones, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos.

El Observatorio tiene el objetivo de vigilar y dar seguimiento al comportamiento de los Estados y organismos internacionales (con principal enfoque en Latinoamérica) respecto del cumplimiento de los tratados internaciones y de las sentencias emitidas por los distintos tribunales internacionales en materia de derechos humanos. La problemática es generalizada en el mundo, pero en Latinoamérica resulta de suma importancia dado que existe una marcada reticencia en distintos sectores de la administración pública de cada Estado para respetar el contenido de dichos tratados y sentencias. Muchas veces son los jueces quienes desconocen o se niegan a aplicar sentencias dictadas por tribunales internacionales por no saber cómo o no querer confrontarlas con una normativa local; en otras ocasiones son los legisladores quienes deciden no adoptar en sus legislaciones locales lo establecido en tratados internacionales; y por último es generalizado en la región el comportamiento violatorio de derechos humanos por parte de los poderes ejecutivos o sus fuerzas de seguridad pública.

En este sentido, profundizando en los obstáculos y retos que enfrentan los derechos humanos en la región, así como en la necesidad de homogenizar a nivel constitucional los regímenes jurídicos en torno a los derechos humanos y su observancia, se llevó a cabo junto con la presentación del Observatorio, la conferencia magistral “Ius Constitutionale Commune en América Latina: el papel de las Cortes en el constitucionalismo transformador”, por parte del Dr. Armin von Bogdandy (Director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg, Alemania), con comentarios de la Dr. Laurence Burgorgue-Larsen y la Dra. Karina Ansolabehere.

Al respecto, los tres ponentes coincidieron en que existe una reticencia por parte de las autoridades y representantes de los distintos Estados de la región a enfrentar una sanción en materia de derechos humanos, hacer valer el contenido de tratados e incluso hacer respetar una sentencia por parte de un tribunal ajeno al de sus naciones por el temor a verse exhibidos ante la comunidad internacional. Sin embargo identificaron una corriente arraigada en la región que identifica al derecho como un poder transformador de la realidad que atraviesan los países latinoamericanos. Así, reconocen que aunque la región no está cerca de conformar un bloque económico o político, sí es necesario y se encuentran en mejores condiciones para iniciar un bloque jurídico, un “Ius Commune” en América Latina que uniforme a las instituciones y al derecho a nivel constitucional en cada país para sentar un marco común en el respeto de los derechos humanos que establezca claramente los procesos para hacer respetar las sentencias y sanciones de los distintos tribunales así como incorporar eficientemente a las legislaciones locales los compromisos en tratados internacionales. Si bien lo anterior se vislumbra como un proceso largo y complicado, todos los asistentes aplaudieron la inauguración del Observatorio como un primer gran paso para que se convierta en realidad.

Proyecto Justicia
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