A partir de una serie de demandas de acción de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a diferentes entidades federativas por incluir en sus legislaciones estatales normas que regulan materia federal, (como la delincuencia organizada a través de figuras controvertidas como el arraigo) la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció el pasado martes 24 de junio, que el Congreso de Nuevo León deberá derogar los artículos referentes a la materia federal.
“Nuevo León no le saca la vuelta al tema [del Narcotráfico]” – así se expresó Francisco Cienfuegos Martínez, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública de Nuevo León, para justificar la inclusión de dichas normas en la legislación local. Además agregó: “Nuevo León es un estado que lo demostró con hechos plasmándolo en su ordenamiento jurídico, en la ley, para que haya herramientas del combate, [contra] la delincuencia organizada”. No sin antes, aclarar que el Estado acatará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin que ello supongo que se deje de luchar contra el narcotráfico, sólo que ahora dichos asuntos se turnarán a las autoridades federales.
Sin embargo, lo que parece ser una declaración de buena voluntad en la lucha contra el narcotráfico, las declaraciones de Cienfuegos Martínez son preocupantes porque de haberse llevado a cabo (bajo la situación hipotética que la CNDH no hubiese interpuesto dichas demandas) en lugar de otorgar herramientas contra la lucha al narcotráfico, se hubiesen entregado, en bandeja de plata, herramientas a las distintas defensas legales de aquellos que hubiesen sido detenidos y procesados localmente por delitos de competencia federal. Precisamente son este tipo de tecnicismos legales los que pueden ser utilizados por la defensa legal para liberar detenidos por medio de amparos.
Queda al descubierto un desconocimiento fundamental del tema que hubiera posibilitado la salida de muchos detenidos por delincuencia organizada (muy distinto a lo que el Sr. Cienfuegos pretendía) y también una falta de planeación para hacer más eficientes los esfuerzos, puesto que las autoridades locales no sólo no están autorizadas legalmente sino también tienen menos herramientas para atender y procesar de manera adecuada los delitos de orden federal.
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