Ayotzinapa y la lógica de CSI

Cualquiera de los más de trescientos episodios de la serie CSI concluye cuando la investigación de un crimen deriva en la aprehensión de los autores. Tras cuarenta y dos minutos, las evidencias científicas recabadas por un grupo de forenses y criminólogos convencen al espectador de que el expediente que se ha construido es confiable y que el detenido es el verdadero culpable. En este contexto, el espectador puede apagar el televisor y descansar con la certeza de que se ha hecho justicia. Los tiempos limitados de la televisión no permiten ver más, pero tampoco es necesario; el televidente sabe que la sanción inevitablemente llegará porque la investigación ha articulado una verdad irrefutable que coincide plenamente con la “realidad” imaginada por el guionista.

El 27 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) pretendió aplicar la lógica de CSI al lamentable caso de Ayotzinapa por medio de una conferencia de prensa con espíritu de final de temporada. En la hora y 16 minutos que duró la presentación del ahora ex Procurador Murillo Karam y el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, una serie de videos musicalizados, animaciones y videograbaciones de confesiones sirvieron como marco para afirmar que la investigación había terminado dejando una sola posible conclusión: los estudiantes fueron asesinados y, subsecuentemente, incinerados en el basurero de Cocula.

La investigación que obra en 85 tomos y 13 anexos de expediente sostiene una hipótesis cuya solidez deberá ser demostrada en el proceso penal que se llevará ante el Poder Judicial y con la participación de la defensa de los acusados. Aquí, a diferencia de la ficción, no cabe esperar que las sentencias lleguen como validación a la buena fe de los encargados de la investigación y como aliciente a la consternación que el caso ha provocado en la ciudadanía. Si bien resulta comprensible que el ex Procurador, como titular de la parte acusadora en el proceso penal, haya defendido la investigación realizada por su institución, está en manos de la defensa y del Poder Judicial comprobar si se encuentra justificado el uso de afirmaciones que describen a las pruebas como “contundentes y convincentes”, a las evidencias como elementos que “comprueban científicamente las declaraciones” y a la “verdad histórica” como el resultado de un “análisis lógico-causal” del que, sin lugar a dudas, se desprende que los normalistas fueron privados de la vida precisamente por los individuos que se encuentran consignados.

Durante la conferencia se insistió en que la conclusión se construyó a partir de una serie de pruebas derivadas de una estricta investigación científica. Sin embargo, si bien hubo un amplio número de periciales, ni siquiera la sonorización new age logró desviar la atención del hecho de que la hipótesis se sostiene esencialmente sobre testimonios de los detenidos. Lo preocupante de ello es que en México, de acuerdo con la ONU, los testimonios son recurrentemente distorsionados por medio de tortura [1]. La pieza clave y determinante en la narración de la PGR es precisamente el testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, alias el Terco o el Cepillo. De acuerdo con la Procuraduría fue este individuo, junto con el Subdirector de la Policía Municipal de Cocula, el encargado de orquestar el secuestro, homicidio y desaparición de los jóvenes estudiantes para después intentar una fallida huida que culminó en su aprehensión y, subsecuente, confesión voluntaria.

Por fortuna para la Procuraduría, la confesión de Felipe Rodríguez corrobora todos los testimonios que lo señalan como el director de la operación y embona perfectamente con los hechos narrados por los demás detenidos. De esta forma, la Procuraduría aseguró a los mexicanos que la conclusión anunciada era resultado de “un esfuerzo sin precedente de búsqueda y de investigación” y que con ello finalmente llegaba el momento de “asumirnos en el derrotero de seguir caminando para asegurar que México tenga un mejor porvenir”; o en palabras más llanas, la hora de dar vuelta a la página y superar Ayotzinapa como lo pidió el Presidente Peña Nieto.

El problema en México con las instituciones de justicia es simple pero devastador: ¿cómo confiar en ellas si nos han mentido descaradamente antes? Hace apenas unos años Genaro García Luna montó una obra de teatro en televisión nacional minando la la credibilidad del aparato de justicia, misma que a la fecha nadie a podido reconstruir -sin que Ayotzinapa sea la excepción-. La PGR afirma que ha aprehendido a casi todos los autores materiales e intelectuales de los hechos y que solo falta detener a menos de diez más. Habría que empezar por preguntar ¿a cuáles hechos se refiere? Hasta ahora, solo los restos de Alexander Mora Venancio –uno de los 43 estudiantes- han sido identificados. Es decir, únicamente existe la certeza científica de que uno de los 43 desaparecidos está muerto y son exclusivamente testimonios –que ubican en el basurero al Patilludo, al Cochiloco y al Flaquito junto con más jóvenes- los que son presentados como evidencia irrefutable para asumir que los demás murieron por el mismo móvil y bajo las mismas circunstancias. La verdadera solución del caso no es un asunto de intuiciones sino de hechos comprobables y, en este caso, no los hay porque no hay testimonio irrefutable.

Aquí es precisamente donde falla el intento de aplicar la lógica de CSI al sistema de justicia mexicano. La Procuraduría decidió cerrar el caso: los culpables están detenidos y deben ser castigados aunque, en estricto sentido, ¡no se haya comprobado aún el crimen! En un intento por respaldar la actuación de la PGR, el ex Procurador presentó un dilema en el que afirmó que si no se daba carpetazo y se acusaba por secuestro agravado era imposible hacer justicia. Sin embargo, es importante señalar que dentro de la estrategia penal, existían en ese momento al menos dos opciones para la Procuraduría: 1) declarar la muerte para poder acusar a los presuntos responsables por secuestro con el agravante de homicidio y solicitar la pena máxima de 140 años o 2) únicamente acusar por secuestro con la posibilidad máxima de imponer una pena por 40 años de prisión y complementar la acusación con otros delitos como asociación delictuosa, portación ilegal de armas, entre otros.

Si al terminar el episodio de la serie el observador puede apagar la televisión y confiar en que la sanción llegará a los culpables es porque las pruebas recabadas son contundentes y todas responden a la lógica minuciosamente armonizada en la mente del guionista. En el caso de Ayotzinapa no podemos desentendernos del caso ahora que la primera etapa de la investigación ha concluido. Todavía nada está cerrado, nada está concluido; aun en el supuesto de que lo que nos dijo la Procuraduría sea la verdad, la justicia no llegará hasta que se emita una sentencia. El sistema de justicia no se agota con la investigación, sino todo lo contrario: la investigación solo es el primer paso de un trayecto que aún puede cambiar drásticamente de rumbo.  Será en el juicio cuando  la hipótesis de la PGR se ponga a prueba y existan mayores elementos para juzgar si aquello que hoy nos presenta es efectivamente la verdad histórica, una verdad a medias o simplemente ficción. Hoy no hay “verdad histórica” como afirmó el ex Procurador, ésa no se crea por decreto. En este sentido, existen al menos cinco grandes líneas donde cabe introducir dudas razonables a la hipótesis de la PGR:

       1. Que los videos y testimonios son concluyentes

Si bien los videos sirven como herramientas auxiliares para comunicar el mensaje, como medios de prueba son limitados. Por ejemplo, uno de los puntos centrales, y sobre los que se sostiene la carencia de evidencia científica, es la orden directa de eliminar la evidencia. En la conferencia de prensa únicamente se mencionó durante breves segundos a partir del minuto 47:58 que “a efecto de borrar todo indicio relacionado con el hecho, el Terco ordena a sus cómplices que se bañen y quemen su ropa, zapatos y pertenencias usadas durante la noche. Se les ordena colocar las cenizas en bolsas de basura y esparcirlas a lo largo del rio San Juan para su completa eliminación”. En este sentido, el expediente deberá contener elementos que prueben no solo la existencia de la instrucción sino que también los autores materiales contaban con capacidades, conocimientos, herramientas y elementos para llevarla a cabo de forma eficiente para cada uno de los elementos de la escena: el basurero, las camionetas, el río, las ropas, entre otras.

       2. Confesiones

De acuerdo con la PGR toda la evidencia recabada corrobora la línea de investigación y es 100% confiable. Sin embargo, este nivel de confiabilidad en la investigación resulta inclusive sospechoso pues llama la atención que ninguno de los detenidos se haya reservado su derecho a declarar o se haya declarado inocente. Aquí parece que no existirá la necesidad de cambiar la posición de uno de los inculpados en el juicio pues todos ya han aceptado su responsabilidad. Ya en varias ocasiones se ha mencionado que la PGR tenía, al principio de la investigación, testimonios que apuntaban a una teoría distinta –motivo por el cual antes de iniciar diligencias en Cocula se acudió a buscar a otras zonas en las cuales se encontraron fosas clandestinas-. En el proceso penal la Procuraduría habrá de explicar por qué otorga mayor valor a los testimonios que corroboran sus dichos y no a otros.

      3. Los pendientes

Los encargados de la investigación en PGR están tan inmersos en la lógica que han presentado que se encuentran seguros que los elementos y diligencias faltantes confirmarán el sentido de la misma. En la conferencia de prensa del 27 de enero el entonces Procurador afirmó que falta integrar la acusación por desaparición forzada por ser la más compleja, que existen seis órdenes de aprehensión sin ejecutar, que se está integrando la averiguación previa del Fercho –secretario de Gil-, que de autores materiales como el Chuki solo se tienen retratos hablados y apodos y, finalmente, que falta esperar más pruebas de la Universidad de Innsbruck. ¿Qué sucede si una pericial de las restantes no coincide con la hipótesis de la PGR? ¿Qué sucede si un testigo nuevo presenta una versión de la historia que sea igualmente coherente con los elementos presentados hasta ahora pero cambie las circunstancias, el móvil o las responsabilidades? La respuesta es sencilla, si existe un compromiso real con esclarecer los hechos se deberá modificar la hipótesis.

       4. Que el móvil se sostiene

La hipótesis de la Procuraduría explica con elementos cotidianos aspectos excepcionales del caso. De acuerdo con la PGR, el móvil es que se confundió a los estudiantes con miembros de un grupo criminal rival y dicha confusión fue ejecutada a la perfección por una cadena de mando en la que los primeros intervinientes no sabían el destino final de las víctimas. Tristemente las decenas de fosas demuestran que hechos de esta naturaleza son cotidianos en la zona de Iguala (queda pendiente que se explique por qué de acuerdo con el Procurador se trata de un “crimen atípico por la magnitud y nivel de violencia”) pero no queda claro cómo fueron tan efectivos los miembros del crimen organizado para desaparecer la evidencia e imposibilitar cualquier peritaje genético y mucho menos por qué se tomaron la molestia de alimentar un fuego durante horas, triturar cenizas, quemar ropas y esparcir los restos en el río cuando pensaban que se trataba de algunos miembros más de los Rojos. ¿Qué cambio entre la noche en la que supuestamente asesinaron y desaparecieron los cuerpos de los 43 normalistas y la jornada en la que se encontró a plena luz del día el cuerpo desollado de Julio César Mondragón?

       5. Hipótesis alternas

La Procuraduría no debe asumir los cuestionamientos como necedades y ataques, pues se tratan de dudas legítimas que pueden cambiar la lógica bajo la cual se ordenan las pruebas y evidencias. No es excesivo exigir que la PGR tenga una explicación convincente para cada uno de los cuestionamientos que han expresado los familiares de las víctimas, las de los imputados y su defensa, los peritos y organizaciones extranjeras, entre otros. A continuación se retoman solo algunos de ellos:

• Los padres en una serie de 10 puntos sostienen que el caso no debe cerrarse. Critican el exceso de confianza en los testimonios y la falta de pruebas científicas que corroboren los dichos. Igualmente mencionan que en el mismo expediente se encuentran testimonios de individuos que mencionan haber atentado contra los estudiantes en Pueblo Viejo y en Cerro la Parota, lo que modificaría radicalmente la versión actual.
• Amnistía Internacional en carta dirigida al titular de la PGR expresa preocupación porque la versión oficial del incendio en el basurero de Cocula se sostiene solo por declaraciones auto inculpatorias y con un mínimo de pruebas periciales.
• A pesar de que la PGR descarta tajantemente la participación de las fuerzas armadas, algunos estudiantes que estuvieron involucrados en los enfrentamientos y evitaron ser capturados han dado testimonio de que miembros del Ejército los sacaron la noche del 26 de septiembre de una clínica en dónde se escondían.
• La defensa y familiares de policías imputados han señalado, en diversas ocasiones, que algunos se encontraban de vacaciones el día de los hechos o que se encontraban ubicados en otros lugares durante los acontecimientos.

Hasta el momento queda una sensación de impotencia, agravada por el hecho de que que si la Procuraduría dice que la investigación concluyó es terminante pues no hay nadie que tenga capacidades o facultades para realizar una paralela. ¿Cuántos cabos sueltos quedaron que la Procuraduría decidió no abordar? ¿Cómo asegurarnos de que lo que nos presentan es realmente la verdad histórica y no una verdad a medias? En este sentido, no se equivocó el ex Procurador cuando irónicamente mencionó que quien dude de la PGR se constituya como coadyuvante de la defensa. Dado que la realidad no obecede a la lógica de CSI, es necesario poner bajo la lupa la investigación que nos presentaron como la “verdad histórica”. En este caso, exigir una buena defensa no es una apología de los presuntos culpables sino una forma de demandar la verdad y asegurarnos de que en realidad la actuación de la PGR fue óptima. La sociedad mexicana ha sido víctima, en conjunto del crimen acontecido en Ayotzinapa; ahora puede ser re-victimizada por sus propias instituciones si una vez más la indolencia, la falta de capacidad y/o la mala fe hacen imposible confiar en sus resultados.

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