El enfrentamiento entre Policías Federales y presuntos integrantes del cartel de Jalisco Nueva Generación deja un saldo de 43 muertos, entre ellos un policía y 3 detenidos.

La violencia en México ha aumentado de manera significativa en un lapso menor a diez años y México se ha vuelto indiferente a los alcances de la misma.

Hace pocas semanas hablábamos de lo ocurrido en Jalisco.

Hay que recordar que con Tanhuato en menos de 12 meses ya van 4 sucesos sumamente violentos por temas de delincuencia organizada se han cometido en México (sin contar Ayotzinapa).

  • 30 de junio: Tlatlaya en donde integrantes del Ejército mataron a 22 presuntos delincuentes al interior el interior de una bodega ubicada en ese municipio del estado de México.
  • 9 de enero: Apatzingán Morelos donde, según la versión oficial, murieron 9 manifestantes y presuntos delincuentes a manos Policías Federales.
  • 1 mayo: Jalisco en donde integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación lograron derribar un helicóptero Cougar perteneciente a SEDENA que dejó un saldo de 7 militares muertos.
  • 22 de mayo: Tanhuato Michoacán en donde en un supuesto enfrentamiento entre elementos de la policía Federal y presuntos integrantes del Cartel Nueva Generación de Jalisco se enfrentaron por tres horas en un rancho de 112 hectáreas dejando un saldo de 42 civiles y 1 Policía federal muertos.

Al parecer la declarada y luego negada “guerra” contra el narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa se le ha salido de las manos al gobierno mexicano y en el tiempo que lleva el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto no se ha podido controlar la situación que año con año crece más.

No se deja de cuestionar si los muertos eran realmente delincuentes o no, pero también se cuestiona la actuación de la autoridad que en más de un caso ha intentado cubrir lo que realmente sucedió.

Las versiones oficiales de enfrentamientos que duran horas, protocolos seguidos, armas decomisadas siempre dejan mucho que desear pues investigaciones independientes, no nada más a nivel nacional sino a nivel internacional, peritos expertos y prensa  hablan de ejecuciones extrajudiciales, actuaciones arbitrarias y abuso por parte de la autoridad.

Y es que no hablamos de cualquier autoridad hablamos de los mandos altos. Policías Federales, Militares, Marinos, Agentes de la PGR incluidos sus representantes, Comisionados de Seguridad, etcétera se ven implicados en un ambiente turbio el cual en todo momento es necesario cuestionar y corroborar o de ser el caso  desestimar su versión de los hechos.

Antecedentes de corrupción en este aspecto tenemos muchos y no nos tenemos que ir muy lejos para encontrar que la ex Procuradora General de la República Marisela Morales y el actual Ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora están presuntamente implicados en la fabricación de más de 50 casos llevados por la SIEDO.

El día de ayer Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch señaló que “debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales. La Procuraduría General de la República debería adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen sin las demoras y la negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos ocurridos en Tlatlaya en junio pasado.”

Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió ayer una investigación para esclarecer lo sucedido y no descartan posibles violaciones a derechos humanos.

Es fundamental que la actual Procuradora Arely Gómez esté involucrada en la investigación de lo ocurrido en Tanhuato para esclarecer los hechos y castigar a los responsables no solo de lo ocurrido ahí sino también la serie de acontecimientos que de manera constante han afligido al país.

La protección a los derechos humanos no es una opción, es una obligación. Es tiempo de que se haga justicia.

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