El sismo del 19 de septiembre de 2017 destapó la falta de rigor en el diseño estructural de las cárceles de la Ciudad de México y la vulnerabilidad de los internos ante la emergencia.
Los dormitorios demolidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México son la estampa de los meses posteriores al sismo del 19 de septiembre. A partir de ese día, más de la mitad de sus edificaciones sufrieron daños severos y una parte quedó inhabitable. En otros tres centros de reclusión se abrieron nuevas grietas entre sus muros que pusieron en evidencia la debilidad de los inmuebles y la falta de un diagnóstico de diseño y construcción penitenciaria.
El temblor sorprendió a todos. La alerta sísmica no se activó al momento de la violenta sacudida, cuenta María del Carmen Serafín Pineda, subdirectora técnica y encargada de la dirección de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Un par de horas antes; internos, custodios y personal administrativo se habían adherido al simulacro que anualmente realiza la ciudad como una forma de prevenir el caos, justo en el aniversario del peor terremoto sufrido por la capital del país.
El inmueble de la Penitenciaría, mejor conocida como Santa Martha Acatitla, ya había sobrevivido a varios temblores, incluyendo el de 1985. Desde su apertura en 1957 conservaba la mayor parte de sus edificaciones originales, incluso, las autoridades no recuerdan cuándo fue la última vez que se pintaron las instalaciones. El sismo de 2017 trajo consigo una serie de remodelaciones obligatorias, mientras las autoridades se atoraban en un torbellino burocrático.
Ese martes, después del recorrido de seguridad se reportó “saldo blanco”, nadie murió y los edificios, hasta ese momento, estaban de pie. El caos comenzó después, las grietas en el suelo de la Penitenciaría, ubicada en Iztapalapa, se hicieron más grandes, cuatro dormitorios quedaron inhabitables. En cuestión de días comenzó un traslado masivo, más de 800 personas privadas de la libertad fueron recluidas en otros penales.
Al poco tiempo, familiares de los internos dijeron a la organización civil Documenta que las personas privadas de la libertad no tenían agua, luz y tampoco había forma de comunicarse con ellos. “Lo que hemos visto después del sismo del 19 de septiembre, en otros estados y en la Ciudad de México, es el cierre de varios dormitorios o del total de los centros penitenciarios”, señala Maïssa Hubert Chakour, investigadora de la organización.
Durante un sismo, dice, el hecho de que una persona privada de la libertad esté en una situación de encierro implica riesgos extras. “El régimen penitenciario en Santa Martha es muy diferente al de los nuevos centros penitenciarios a donde los han mandado, porque son centros de máxima seguridad y aunque son modernos, tienen mucho menor acceso a los servicios de salud, trabajo, educación o capacitación laboral”, asegura Hubert Chakour.
Un impacto tal en la vida de las personas, menciona, tiene que pasar por una opinión judicial y no se puede hacer de forma tan masiva y totalmente desconectada del sistema de justicia. Según la Ley Nacional de Ejecución Penal, los jueces de ejecución ya tienen un papel preponderante en el tema de traslados. Hay dos tipos de traslados según esta ley: los voluntarios y los involuntarios, que en general, tienen que ser justificados por la seguridad del centro, explica Maïssa.
Rubén Godínez, juez de ejecución adscrito al reclusorio norte, afirma que los cambios se pueden hacer bajo la figura del traslado excepcional -contemplado en el artículo 52 de la ley de ejecución- el cual funciona con el argumento de proteger la integridad física de las personas.
El artículo 18 constitucional, por otra parte, indica que las personas deben compurgar las penas en los centros de reclusión más cercanos a su domicilio, pero en estos casos se hace una ponderación de la vida o integridad de la persona por el daño en la estructura penitenciaria, según Godínez.
La autoridad penitenciaria, explica el juez, es la responsable de las personas privadas de su libertad. En caso de sismo, si un interno muere, “sin duda alguna, sería un homicidio culposo por omisión”, explica. Además, si el o la encargada del penal estaba al tanto de anomalías en la construcción podría llegar a tipificarse como homicidio doloso, más la responsabilidad administrativa.
La enfermedad que todavía no tiene cura
El organismo penitenciario está enfermo de todo, muy pocos centros tienen el resultado para el cual fueron diseñados, construidos y operados, dice en entrevista el arquitecto Roberto Rojas, con casi 30 años de experiencia en el diagnóstico de infraestructura y construcción de centros penitenciarios.
“La planeación es un elemento que pocas instituciones realizan antes de efectuar las acciones”, menciona. “Actualmente no hay normas penitenciarias para el diseño. No existen, cada quien hace su cárcel como quiere, hay tantos sistemas como números de cárceles, no está homologado nada”, enfatiza.
Lo dicho por Rojas fue corroborado por el subdirector de Conservación y Servicios Generales de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, quien al ser cuestionado sobre el tema dijo que con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) se había puesto en marcha la realización de un diagnóstico “que muy pronto estaría listo”. Sin embargo, las obras actuales no se apegarán al mismo, ya que el plazo para finalizar los trabajos es en diciembre de este año.
Para dar claridad a estos casos, Rojas pone como ejemplo la construcción de un hospital, “su arquitectura es muy compleja, no obstante hay normas y guías para poderlo diseñar, en una carretera ocurre lo mismo, pero en el sistema penitenciario no pasa lo mismo. No existe un diagnóstico nacional, ni siquiera hay normas para escoger los terrenos, tampoco diagnósticos estatales. Estos sirven para saber de que está enfermo el sistema desde dos puntos: la arquitectura e ingeniería, y el equipamiento de cada uno de los casi 400 centros penitenciarios del país, que hasta ahorita no sabemos de qué carecen porque ni siquiera hay planos”.
Los centros penitenciarios son pequeñas ciudades, dice Rojas. Normas internacionales a las que está adherido el gobierno mexicano, como las Reglas Mandela, establecen que la población penitenciaria debe tener a su alcance las condiciones como las que tenía antes de prision: escuela, trabajo, centro médico, deportes, comedor, lavandería, clasificación en dormitorio por tipo de delito y un adecuado régimen de vigilancia, para de esa forma lograr el objetivo principal que es la reinserción social.
Al ser cuestionado sobre la reconstrucción de los centros penitenciarios en la Ciudad de México, el experimentado arquitecto -que ha creado diversos libros que hablan sobre “la humanización del espacio” en las cárceles- señala que si las obras no están acompañadas de un diagnóstico con características funcionales y operativas, los resultados son inciertos y de alguna forma, dice, “es echarle dinero a lo malo”.
La espera de una reconstrucción millonaria
Santa Martha se quedó con casi la mitad de los internos que tenía (1,755). Ahora, algunos de ellos trabajan junto con las empresas contratadas en la demolición de los dormitorios 3, 4 y 7 y en la reconstrucción del 9, fueron escogidos porque antes de su vida en prisión eran albañiles, soldadores, herreros o tenían algún oficio relacionado a la construcción, explica María del Carmen Serafín.
Además de los dormitorios, el edificio de gobierno -que se encuentra arriba de un sótano- y el pasillo general, que quedó inmortalizado en la película “La Cuarta Compañía”, serán destruidos.
La lavandería y la cocina tampoco deberían ser ocupadas, según los resultados del dictamen estructural al que tuvo acceso México Evalúa mediante las solicitudes de información con los folios 0101000153018 y 010100015591.
La rehabilitación ha implicado hacer dormitorios más modernos, donde el espacio es para cinco personas; en regaderas y retretes se cambia la cerámica por acero inoxidable, con el objetivo de evitar que los internos quiebren la cerámica o utilicen las llaves como armas, dijo la directora de la Penitenciaría durante un recorrido que realizó México Evalúa dentro de las instalaciones.
La Penitenciaría no fue el único centro con daños, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fue el segundo con más destrucción. Según el dictamen estructural, los pasos a cubierto conocidos como “kilómetros” tanto de gobierno como en dormitorios presentan daños irreversibles, por lo que deben ser demolidos y reconstruidos.
Los dormitorios 6 y 2, al igual que el centro escolar, tampoco deben ser ocupados. La situación se agrava por las condiciones de hacinamiento del penal, ya que actualmente alberga a 8,893 personas privadas de la libertad, cuando su capacidad es para 5,604, según los datos de la página de la subsecretaría del Sistema Penitenciario.
El diagnóstico estructural se extendió al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha, el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan y la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes, donde también se deben hacer trabajos de reparación.
El dictamen estructural de los centros penitenciarios se realizó en diciembre de 2017, pero los trabajos de reconstrucción comenzaron siete meses después -en julio de este año- debido a que no había sido aprobado el presupuesto, explica Juan Pedro Quezada Vázquez. Para las obras se destinaron más de 387 millones de pesos.
Según los contratos obtenidos por México Evalúa, el gobierno de la Ciudad de México entregó cuatro adjudicaciones directas para las obras: la empresa Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., obtuvo 257 millones 965 mil pesos para la elaboración de estudios de mecánica de suelos y geotécnicos, además de la rehabilitación de las obras más importantes de la Penitenciaría; a la empresa Infraestructura Técnica S.A. de C.V. (INFRATEC), le pagaron 99 millones 616 mil 344 pesos para estudios de mecánica, proyectos estructurales y rehabilitación en los centros afectados; a Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras DUMA S.A. de C.V. se dio un presupuesto de 8 millones 530 mil 354 pesos para supervisión técnica, y a MGM Ingeniería y Construcción S.A. de C.V. 3 millones 214 mil 483 pesos por el mismo motivo.
Sin lugar para improvisaciones
En la prisión, menciona María del Carmen, no hay lugar para la improvisación: “no podemos poner casas de campaña en el exterior y tampoco mandar al personal a trabajar desde casa, todo tiene que seguir funcionado”. Sin embargo, que todo salga bien podría depender de la suerte, pues ante el movimiento trepidante es prácticamente imposible que todos los internos se salvaguarden, sobre todo los que tienen un perfil criminal de alta peligrosidad. En estos casos el personal de seguridad no es suficiente para sacarlos de la celda de la que nunca pueden salir y ponerlos en resguardo, reconoce.
El protocolo que se sigue en los centros penitenciarios en caso de sismo se adhiere al establecido por Protección Civil de la Ciudad de México, con las limitantes propias de la cárcel. Por una parte, el personal de seguridad revisa los dormitorios, corredores, exteriores y aduanas. En paralelo, el personal administrativo recorre el área de servicios generales, cierra válvulas de gas y agua y revisa que las subestaciones estén operado, y algunos internos capacitados ayudan en estas labores, de acuerdo con información de la subsecretaría del Sistema Penitenciario que dirige Hazael Ruíz Ortega.
La falta de mantenimiento preventivo en los centros penitenciarios es otro detonante que provocó los daños. “Los recursos que se proporcionan para el mantenimiento de los inmuebles no resulta suficiente año con año”, dice en entrevista el subdirector de Conservación y Servicios Generales de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Juan Pedro Quezada Vázquez.
El hecho de que una cárcel tenga 50 años o más no debería de importar, porque los materiales con los que están hechos son resistentes, primero por el uso rudo que tienen y porque es parte de la seguridad, dice el arquitecto Roberto Rojas. Sin embargo, “un olvido y una mala praxis en la federación han desatendido los apoyos”, agrega.
Entre los años 50 y 60 -época en que se construyó la Penitenciaría- los ingenieros diseñaban edificios con una intuición maravillosa porque no se sabía que tan fuerte podrían ser los temblores. “No obstante, hay edificios sanos, saludables que no les pasa nada porque fueron muy bien construidos, pero en ese momento la ingeniería sísmica estaba comenzando y el conocimiento para hacer edificios que no se cayeran era prácticamente nulo”, menciona Eduardo Reynoso, investigador del Instituto de Ingeniería Sismológica de la UNAM.
El sismo no es lo único que afecta al penal de Santa Martha, el dictamen estructural sentencia: “se pudo constatar que existen daños en las estructuras ocasionadas, en primer término, por la presencia de grietas en el suelo, que a la fecha siguen y seguirán progresando debido a que no cesará la extracción de agua del subsuelo”.
En ello coincide el ingeniero Reinoso quien aclara que las grietas en el suelo en Iztapalapa no son nuevas y tampoco obedecen a los sismos. “La Ciudad de México tiene un problema gravísimo con el agua, para sacarla necesitamos extraerla de la tierra porque la única fuente que tenemos es el lago. Hay una sobreexplotación tremenda y el suelo pierde volumen y se hunde”.
“Los temblores son muy fuertes, el suelo no aguanta bien ese movimiento y se agrieta más. A veces ocurre en cualquier época del año, el sismo lo que hizo es mostrar lo importante de este problema”, menciona.
En Iztapalapa -donde viven casi 2 millones de personas y además donde se encuentra la Penitenciaría-, dice Reinoso, el problema no es del sismo, sino de extracción de agua. “La solución de los dos problemas es completamente diferente. Aunque aquí se juntaron, las autoridades deben poner atención en un problema tan grave como el del agua”.
Aquí puedes revisar los contratos por que el gobierno de la Ciudad de México entregó para la reconstrucción de los centros penitenciarios:
–Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.
–Infraestructura Técnica S.A. de C.V. (INFRATEC).
–Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras DUMA S.A. de C.V.
